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Respuestas corporativas de acomodación profesional: arquitectos, Estado y vivienda social en las dictaduras de Argentina y Chile

Introducción

Durante el período desarrollista, el auge de la planificación urbana, impulsado tanto por gobiernos democráticos como autoritarios en América Latina, dio lugar al despliegue de múltiples estrategias de intervención política frente al problema habitacional. Estas incluyeron la erradicación de las villas miserias y poblaciones callampas, así como la construcción de conjuntos de alta densidad. Este tipo de urbanización, legitimado por las teorías arquitectónicas de la época, se promovió como respuesta al déficit habitacional y se institucionalizó como modelo de vivienda social (Catenazzi, 1991). Su adopción también respondió a las presiones corporativas de los sectores concentrados de la industria de la construcción.

Como advierte Liernur (2001), la arquitectura es un arte estrechamente vinculado con el poder, pues se encuentra condicionada por programas y proyectos de transformación económica, productiva y social. En un contexto de crisis del paradigma moderno a escala internacional, en Argentina y Chile se produjo una renovación del campo arquitectónico, cuyos saberes técnicos y proyectuales fueron requeridos por el Estado para el abordaje del déficit habitacional.

Esta renovación del campo arquitectónico debe entenderse también en el marco de la crisis internacional del movimiento moderno, que reconfiguró los debates disciplinares y las formas de legitimación profesional. Tras la muerte de Le Corbusier en 1965, proliferaron críticas a sus postulados, como las planteadas por Robert Venturi en Complejidad y contradicción en la arquitectura (1966), o por Henri Lefebvre en sus reflexiones sobre el espacio (1968, 1991 [1968]). Para Charles Jencks (1981), el acontecimiento que simbolizó el fin del movimiento moderno fue la demolición del complejo habitacional Pruitt-Igoe en Saint Louis (Missouri), en julio de 1972.¹ Aun así, la disciplina arquitectónica en ambos países vivió un momento de esplendor profesional debido a la multiplicación de concursos públicos, la construcción de grandes conjuntos, la experimentación proyectual y la consolidación de equipos jóvenes.

Este trabajo compara las respuestas y posicionamientos corporativos de dos asociaciones profesionales: la Sociedad Central de Arquitectos (SCA)² en Argentina y el Colegio de Arquitectos (CA) en Chile. Se examinan sus vínculos con el Estado y los márgenes de maniobra frente a las dictaduras militares que condicionaron tanto el ejercicio liberal de la profesión como sus formas de articulación institucional. La SCA, fundada en 1901, consolidó su rol como reguladora y articuladora de la profesión frente al Estado, particularmente en relación con la construcción de conjuntos habitacionales de alta densidad (Aliata & Liernur, 2004).³ Su intervención estuvo vinculada al crecimiento de la industria privada de la construcción y a la expansión del Estado como promotor de proyectos habitacionales. Por su parte, el Colegio de Arquitectos de Chile se constituyó en 1942 mediante la Ley N° 7.211, que le asignó funciones como fijar los aranceles profesionales y sancionar las faltas de sus miembros (Diario Oficial de la República de Chile, N° 19.325, 4 de agosto de 1942). El CA surgió con el objetivo de velar por los intereses de los profesionales y el prestigio de la disciplina, reemplazando a organizaciones anteriores como la Sociedad Central de Arquitectos de Chile (1907) y la Asociación de Arquitectos de Chile (1923).

Respecto a la bibliografía dedicada a revisar los colectivos profesionales en contextos autoritarios, Chama (2016) analizó cómo los abogados y psicólogos en los años setenta asumieron compromisos políticos, desarrollaron militancia profesional e innovaron en sus prácticas laborales, en un contexto de modernización sociocultural y radicalización política, incluyendo vínculos con grupos armados revolucionarios y la defensa de presos políticos. Por su parte, Carranza (2011) analizó la incidencia del movimiento estudiantil en el III Encuentro Internacional de Estudiantes de Arquitectura, realizado en el marco del X Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), celebrado en Buenos Aires en 1969, meses después del “Cordobazo”. El evento reunió a miembros de la UIA, profesionales de la SCA y funcionarios afines al régimen de Onganía. Sin embargo, los estudiantes se declararon en rebeldía mediante un acto de “resistencia cultural”, lo que provocó la ruptura del Encuentro oficial.

En trabajos previos, señalé cómo las reformas urbanas impulsadas durante el Onganiato generaron una “revolución urbana” que coincidió con los intereses de grandes estudios de arquitectura. La SCA, en una primera etapa “acomodaticia”, tendió a alinearse con ciertos aspectos del régimen; pero la tensión del clima social tras el Cordobazo habilitó la formulación de críticas al régimen y la dirección de la SCA incentivó la participación de sus miembros en debates políticos (Gomes, 2018b). Por su parte, Tavella (2016) indicó que varios miembros de la SCA participaron formalmente en la elaboración del nuevo Código de Planeamiento Urbano de Buenos Aires, aprobado en 1977, integrando el Consejo de Planificación Urbana junto al Centro Argentino de Ingenieros (CAI) y la Sociedad Argentina de Planificación (SAP) en la redacción del plan de autopistas, que finalmente no se implementó según su formulación inicial. Es decir, los trabajos existentes han revisado la participación de arquitectos de la SCA en planes de vivienda o autopistas.

Respecto al caso chileno, ciertamente, Jara Jara (2015) reconstruyó la historia de la acción gremial de los arquitectos en el Chile del siglo XX, abordando el derrotero de la asociación profesional en la configuración de la arquitectura hasta su consolidación como institución de derecho público a través del CA.

Por su parte, Carvajal-Riquelme y Portal-Carrasco (2024) estudiaron cómo la disciplina arquitectónica se posicionó mediante las Bienales frente al proyecto cultural del régimen. Los autores sostienen que la dictadura implementó un “plan autoritario de modernización” que no excluyó a la arquitectura, aunque debilitó política y profesionalmente al CA. Recientemente, Casals (2023) analizó diversos actores que se identificaban como representantes de la clase media y mantenían vínculos de negociación con el Estado. Estudió cómo distintos gremios y colegios profesionales —entre ellos abogados, médicos, y practicantes de la salud, asistentes sociales, periodistas, ingenieros y contadores—, junto con la masonería y asociaciones de comerciantes, transportistas y pequeños empresarios, se convirtieron en actores centrales en la movilización contrarrevolucionaria anti-allendista. Estos sectores asumieron inicialmente una colaboración con el régimen militar, de la que se fueron distanciando progresivamente en el marco de la crisis neoliberal de los años ochenta.

La escasa literatura comparativa sobre las estrategias institucionales de las corporaciones de arquitectos bajo las dictaduras hace que este artículo sea un aporte a esa vacancia, avanzando en el relevamiento de archivos y documentos internos, comunicaciones oficiales, para analizar su posicionamiento institucional durante las dictaduras de Argentina y Chile. Entiendo que revisar las corporaciones profesionales permite observar algo de las continuidades institucionales durante los regímenes autoritarios: congresos, sesiones y actividades profesionales que se mantuvieron con relativa “normalidad”, así como el funcionamiento de las corporaciones como instituciones jerárquicas y burocratizadas que organizan la actividad profesional y cuyo accionar parece haber contribuido, al menos parcialmente, a legitimar ciertos proyectos urbanos impulsados por los regímenes.

Para abordar las respuestas corporativas de las asociaciones profesionales, resulta útil considerar las múltiples actitudes y comportamientos que los ciudadanos exhibieron bajo regímenes dictatoriales (Calvo Vicente, 1995; Casals, 2023). En este sentido, puede considerarse un abanico amplio de posicionamientos que incluya distintos grados de consentimiento, aceptación, indiferencia, resignación, resistencia y disidencia. Este enfoque requiere el empleo de categorías de análisis que, si bien están claramente definidas, mantengan cierta elasticidad, dado que las actitudes frente a los regímenes autoritarios no fueron unívocas ni estáticas: se podían aceptar determinadas políticas y rechazar otras, consentir ciertos lineamientos y, al mismo tiempo, adoptar estrategias de distancia o desacuerdo (Burrin 1988; Hernández Burgos 2014; Patto Sá Motta, 2016; Lvovich 2006; Saz 2013). En suma, se trata de una multiplicidad de actitudes que expresan diversos modos de resistir, negociar, confrontar, adaptarse o acomodarse, en muchos casos como estrategias de supervivencia institucional o profesional.

Ciertamente, lejos de considerar a estas corporaciones profesionales como entidades homogéneas, es evidente que existían diferencias internas. No obstante, dado el carácter comparativo de este trabajo, no profundizaremos en ese aspecto, aunque reconocemos que constituye una limitación del estudio. A modo de ejemplo, puede señalarse una de esas divergencias —que permite advertir tensiones al interior de la SCA— particularmente relevante para esta investigación: las distintas concepciones en torno a la vivienda de interés social. Las discrepancias se concentraban en la definición misma del concepto y en la identificación de los factores técnicos y extra-técnicos que dificultaban la concreción de los planes habitacionales. Este debate se expresó con claridad en una mesa redonda titulada ¿Qué es una vivienda de interés social? que, en 1969, reunió a diversos expertos en la materia. En ese marco, el arquitecto José Aslan recordó una resolución del Congreso Interamericano de Vivienda Social de 1953, según la cual una vivienda de interés social era aquella que reunía “normas al alcance de familias de pocos recursos” (Revista de la SCA, Nº 65, 1969, p. 27). En oposición, los arquitectos Máximo Vázquez Llona y Francisco García Vázquez propusieron una visión más amplia. Para García Vázquez, el “interés social” debía abarcar a todos los estratos, ya que restringir la cuestión al aspecto económico implicaba adoptar “una posición segregacionista totalmente anacrónica” (Revista de la SCA, Nº 65, 1969, p. 29). En la misma línea, Vázquez Llona afirmaba que “es incorrecto limitar la vivienda de interés social solamente a la gente de bajos recursos; la vivienda, para cualquiera de nosotros, también es vivienda de interés social” (Revista de la SCA, Nº 65, 1969, p. 29).

Pese a las diferencias, existía consenso en reconocer que la vivienda de interés social formaba parte de un problema mayor vinculado con los sectores de escasos recursos, pero también representaba un campo de expansión profesional para los arquitectos. En este sentido, Marcos Winograd sostenía que debía destinarse a quienes no contaban con capacidad de ahorro, mientras que Edgardo Poyard señalaba que el Estado debía intervenir para suplir las carencias de los sectores no autosuficientes, ya que “la vivienda masiva sería la respuesta de los arquitectos a los problemas que presenta la sociedad actual” (Revista de la SCA, Nº 65, 1969, p. 30). Asimismo, Poyard advertía que las dificultades en la implementación de los planes habitacionales se debían, en gran medida, a la falta de visión a largo plazo de las empresas constructoras: “los empresarios argentinos de la construcción piensan en plazos muy cortos y desconfían de la continuidad de la política pública” (Revista de la SCA, Nº 65, 1969, p. 31). En síntesis, más allá de las tensiones sobre qué era y para quién debía ser la vivienda de interés social, la experiencia argentina tendió a consolidarse —a diferencia de la chilena— en torno a la construcción de viviendas definitivas, de mayor tamaño y calidad, mientras que las soluciones transitorias se asociaron, en general, a la precariedad. En cambio, en la dictadura de Pinochet, “vivienda social” pasó a ser sinónimo de vivienda mínima.

Nuestro argumento es que en Argentina y Chile las dictaduras militares impulsaron una modernización de la infraestructura urbana que combinó la construcción de autopistas, caminos y rutas con la violenta erradicación de villas y poblaciones callampas, junto con políticas habitacionales alineadas a los intereses de la industria de la construcción. Estos procesos fomentaron formas de segregación socioespacial que contribuyeron a configurar un modelo de “ciudad como negocio”, consolidado tras el retorno democrático.⁴ Los arquitectos proyectistas desempeñaron un papel central en el diseño de planes y conjuntos habitacionales, mientras que los concursos estatales se convirtieron en una vía privilegiada de consagración profesional para los grandes estudios. En ese contexto, se fue consolidando una estrecha articulación entre agencias estatales, estudios de arquitectura y empresas constructoras en torno a la producción de vivienda social a gran escala. Sostenemos que, en contextos autoritarios, tendió a primar la acomodación de sus asociaciones profesionales, que combinaron respuestas “defensivas” y estrategias de supervivencia institucional con la búsqueda de reconocimiento y consolidación profesional.

Desde el punto de vista metodológico, este trabajo se basa en un enfoque comparativo y cualitativo. Se relevaron publicaciones institucionales de las corporaciones profesionales y revistas especializadas, disponibles públicamente. El artículo se organiza en tres secciones: la primera examina la vivienda social como campo de legitimación profesional; la segunda revisa el rol de la SCA entre las dictaduras autodenominadas “Revolución Argentina” (1966-1973) y el “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983); y la tercera aborda la actuación del CA frente a la dictadura chilena (1973-1990).

Arquitectos proyectistas y Estado: la vivienda social como campo de legitimación

En la década de 1960, tanto en Argentina como en Chile se registró un aumento significativo de la inversión estatal en proyectos urbanos de gran escala. Por primera vez, el Estado institucionalizó el sistema de concursos de arquitectura, que se transformó en un mecanismo de legitimación y consagración profesional para los proyectistas ganadores. En este escenario, el Estado se consolidó como principal interlocutor de los arquitectos independientes, quienes debían traducir las demandas sociales en espacios habitables e intervenir directamente en la configuración del espacio urbano (Jara Jara, 2015; Liernur, 2001).

Como en otras profesiones liberales, el campo arquitectónico era heterogéneo: convivían funcionarios estatales, profesionales independientes, miembros de estudios de arquitectura, docentes universitarios e investigadores. Siguiendo a Boselli y Catenazzi (1997), los arquitectos proyectistas se diferenciaban de los investigadores, docentes y críticos por su papel en la producción de obras en el marco normativo de las políticas de vivienda. Aunque muchos de ellos también ejercían tareas de docencia o investigación, su prestigio dentro del campo se derivaba principalmente de su práctica proyectual. Este grupo incluía tanto a quienes trabajaban en estudios independientes como a quienes operaban, muchas veces de forma anónima, en las agencias estatales. Allí, se ocupaban de la formulación de programas, la supervisión y la ejecución de las obras en organismos dedicados a la planificación y formación técnica.

La proliferación de concursos se vinculó con el hecho de que ambos países habían solicitado financiamiento al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el desarrollo de planes habitacionales. En ese contexto, los concursos funcionaban como un mecanismo destinado a asegurar la “libre competencia” y la selección del proyecto más adecuado. Sin embargo, el sistema tendió a favorecer los grandes estudios, oficinas de arquitectura y empresas constructoras, que tenían la capacidad de hacer lobby para garantizar la viabilidad de sus propuestas. En paralelo, la difusión de conjuntos habitacionales de tipo monoblock se consolidó como una de las tipologías privilegiadas e innovadoras que los Estados institucionalizaron para los sectores más vulnerables, al tiempo que respondía a las presiones corporativas de los sectores concentrados de la industria de la construcción.

Ciertamente, en ambos países, la elección de tipologías arquitectónicas de alta densidad se inscribió en la expansión de la industria pesada y en el crecimiento de sectores como el acero, el plástico y el vidrio, junto con la instalación de plantas de hormigón armado y la adopción de sistemas prefabricados semipesados. Es decir, el desarrollo industrial y tecnológico abrió la posibilidad de repensar el problema habitacional y, en particular, la relación entre formas arquitectónicas y avances técnicos, lo que contribuyó a repensar la noción de hábitat. La apuesta tecnológica se materializó en los conjuntos habitacionales de gran escala, donde los sistemas prefabricados se presentaban como una respuesta adecuada al desafío de producir viviendas masivamente.

El sistema de concursos fue, además, una de las principales reivindicaciones de la SCA, ya que permitió consolidar la posición pública de los arquitectos y fomentar el debate al interior de la disciplina (Aliata & Liernur, 2004). En 1961, la Secretaría de Estado de Obras Públicas de Argentina dispuso que todos los proyectos a cargo de la Dirección Nacional de Arquitectura se sometieran a concurso público. A partir de entonces se incrementó el número de concursos de anteproyectos, que se volvieron progresivamente más sofisticados, tanto en sus bases como en la composición de los jurados.

La convocatoria masiva a concursos se produjo bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía, mediante el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE) que contó con financiación externa, proveniente de la Alianza para el Progreso y el BID. Fue una oportunidad para que, desde el ejercicio liberal de la profesión, se comenzara a reflexionar sobre la vivienda popular. En los concursos del PEVE, la actividad de los arquitectos proyectistas estuvo atada a una serie de condicionantes como la normativa estatal, el financiamiento, la convocatoria a concursos, la localización (condicionada por la disponibilidad de tierras estatales y con dificultades de acceso) y las formas de tenencia y administración que influía en el uso y mantenimiento de las viviendas (Boselli & Catenazzi, 1997). Su margen de maniobra era escueto, pero aun así expresaban nociones acerca de la vida barrial, la trama urbana, el uso del espacio público y la concepción misma de la vivienda. Cabe señalar que los proyectistas no tenían una relación directa con los destinatarios de los proyectos, sino que trabajaban a partir de la información provista en las bases de los concursos.⁵

Durante la década de 1960 surgió en Argentina y Chile una nueva generación de estudios de arquitectura vinculados al Estado y especializados en la vivienda social. En 1964, Ángela Bielus, Jorge Goldemberg y Olga Wainstein-Krasuk fundaron el Estudio Staff, que experimentó un notable crecimiento incluso durante las dictaduras. Como señalan Boselli y Catenazzi (1997), cada estudio tenía su propia concepción acerca del destinatario. En el caso de Staff, este era concebido como un sujeto en proceso de urbanización, lo que explicaba su inclinación por las torres y ascensores, elementos que despertaban fascinación en la época. De este modo, sus proyectos contribuyeron a transformar la vivienda social en grandes conjuntos habitacionales. Staff obtuvo buena parte de los concursos del PEVE en el Área Metropolitana (60 en total, con 40 premios y 24 primeros lugares). Entre sus principales obras destacan los conjuntos Elión (1969) y Lem (1971) en Capital Federal, Ituzaingó (1964), Morón (1970), La Matanza (660 unidades, en 1970), Ciudadela I (1970) y II (1971) 960 unidades —posteriormente conocido como Fuerte Apache—, además de Villa Lugano, Soldati (proyectado en 1972 y terminado en 1978), Florencio Varela (1973) y Rosario II (1979).⁶

En 1966 se formó el Estudio MSGSSV.⁷ Sus miembros fueron graduados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la UBA y se desempeñaron como docentes en la misma Facultad en distintas disciplinas. Tras la “noche de los Bastones Largos” de 1966, algunos de ellos, como Justo Solsona, debieron abandonar la docencia universitaria y se dedicaron de lleno al Estudio. Entre 1969 y 1976 fue conocido por sus proyectos habitacionales con un diseño que vinculaba mediante calles a las torres y edificios en cinta. Por ejemplo, el Conjunto habitacional Rioja (1969-1971) —estilo monoblocks— estuvo destinado a los empleados del Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires y lo financió el mismo Banco.⁸ Otro proyecto similar fue el Conjunto Acoyte (1967) en Caballito.⁹ En materia de vivienda social, MSGSSV presentó varios proyectos que no resultaron seleccionados hasta 1974, cuando ganó la licitación para la construcción de 3200 viviendas en el mega Conjunto Barrio Comandante Luis Piedrabuena (1975-1980) en el barrio de Villa Lugano.¹⁰ Ese proyecto fue construido por la empresa Aslan y Ezcurra S.A, Dycasa S.A y Petersen Thiele y Cruz y lo financió la Secretaría de Vivienda en el marco del Plan Alborada, nombre que recibió el plan de erradicación de villas de emergencias bajo el tercer peronismo, que continuó los puntos fundamentales del PEVE de la dictadura de Onganía.¹¹ Durante la última dictadura militar, el conjunto se financió con recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) y del Banco Hipotecario Nacional. En 1976 el régimen le encargó la ampliación, construcción y remodelación de los estadios de Mendoza y Rosario con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 y el proyecto de la emisora [Argentina] Televisora Color (ATC) en Buenos Aires, un concurso que MSGSSV había ganado en 1974.

Otro estudio especializado en el tema habitacional fue el equipo formado por los arquitectos Francisco García Vázquez, Ana Resnick Brenner y el ingeniero Moisés Resnick Brenner, autores del conjunto habitacional en Zapala, provincia de Neuquén, para 1.400 habitantes y otro en la localidad de San Justo, provincia de Buenos Aires, de 1.000 unidades aproximadamente.

En ese período, la profesión y la enseñanza de la arquitectura se redefinieron en ambos países al desplazarse la figura tradicional del arquitecto hacia una práctica orientada a concebir a la disciplina como una herramienta de transformación social. Se generaron intensos debates entre quienes defendían ese enfoque y quienes advertían los límites de una práctica condicionada por intereses privados o estatales. En ese clima de renovación también emergieron colectivos radicalizados, como los que participaron en Tucumán Arde o en la experiencia de los Talleres Nacionales y Populares (TANAPO) (Longoni & Mestman, 2000). En Argentina, la FAU vivió una intensa renovación tras el golpe de Estado de 1955 y el ingreso de maestros de la arquitectura moderna (Alberto Prebisch, Wladimiro Acosta y Jorge Ferrari Hardoy), que impulsaron debates sobre el compromiso social de la disciplina (Acosta, 2008). Por su parte, estudiantes y jóvenes arquitectos ligados a la Juventud Universitaria Peronista de la FAU promovieron programas de construcción de viviendas populares y experiencias de autoconstrucción (Durante, 2022; Liernur, 2001). Durante la presidencia de Héctor José Cámpora, bajo la gestión de Jorge Taiana (1973-1974) se dispuso la intervención de las universidades, promover cambios en los planes de estudio y proyectos de investigación orientados al trabajo comunitario. Fueron años de tomas y enfrentamientos entre las facciones estudiantiles (Rodríguez, 2015). En ese marco, durante la gestión del rector Rodolfo Puiggrós en la UBA y sus sucesores Ernesto Villanueva y Raúl Laguzzi, se desarrollaron experiencias como el Instituto de Servicios para el Reordenamiento Territorial y la participación de la FAU en el Primer Encuentro de Vivienda Popular en Mar del Plata (1973), también surgieron proyectos de reorganización de las villas. En ese encuentro se debatió sobre la ocupación y la propiedad de la tierra, la función social de la vivienda digna, el problema de los alquileres y las condiciones sanitarias de las villas, hoteles y pensiones. Otro de los puntos que se debatió fue cómo mejorar el vínculo entre la comunidad y la universidad y cómo crear cooperativas barriales y villeras (Recalde & Recalde, 2007). En contraste, sectores conservadores del campo, como el arquitecto De Ezcurra —profesor de Historia de la Arquitectura en la UBA (1957-1974) y socio de la SCA—, rechazaban el compromiso social, al que tildaban de “subversivo”, y defendían un perfil estrictamente profesionalista (De Ezcurra, 1981). Tras abandonar la docencia en 1974, fundó la Fundación de Arquitectura y Urbanismo junto con José Aslan, con el objetivo de vincular enseñanza y práctica profesional. El avance del lopezrreguismo, por su parte, frustró buena parte de las iniciativas más renovadoras de la disciplina, tal como ocurrió con el desmantelamiento de equipos en la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) que estaban involucrados en el Plan Piloto de Realojamiento de Villa 7.

A diferencia de lo ocurrido en Argentina, donde la arquitectura participativa tuvo un lugar marginal, en Chile se promovió como estrategia estatal junto con la autoconstrucción. La presión social, expresada en la toma de La Victoria en 1957, marcó un punto de inflexión al visibilizar la organización de los sectores populares urbanos frente a la crisis habitacional. Sin embargo, la política habitacional del gobierno de Alessandri (1958-1964) no se orientó hacia los sectores más pobres y se caracterizó por la magnitud de las erradicaciones de las poblaciones callampas. En la década de 1960 surgió una nueva generación de oficinas de arquitectura vinculadas al Estado, impulsadas por la llamada “arquitectura de participación”, que tuvo un papel destacado en los gobiernos de Eduardo Frei y Salvador Allende, aunque perdió relevancia tras el golpe militar.¹²

Las propuestas de arquitectura participativa fueron excepcionales en Argentina. Entre ellas se destacan las viviendas proyectadas por Wladimiro Acosta para Isla Maciel (1960), en el marco de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, y el Barrio Justo Suárez, impulsado como parte del Plan Piloto de Realojamiento de Villa 7 en Mataderos (1971-1975) (Comisión Municipal de la Vivienda, 1972). Esta última experiencia, marginal dentro de la CMV y llevada adelante por un grupo ad hoc de arquitectos, resultó innovadora porque incorporó a los futuros usuarios en decisiones centrales: distribución urbanística, tipología de vivienda, espacios verdes y de servicios, financiamiento, dimensiones y organización de los ambientes (Barrios, 2012; Bellardi & De Paula, 1986; Massidda, 2017).

Sin embargo, el paradigma dominante siguió siendo el de los grandes conjuntos habitacionales, de alta densidad y servicios comunitarios, en línea con los “grandes ensembles” europeos y el Team X (Kullock & Murillo, 2010). Como advierte Ballent (2018), los conjuntos no fueron las únicas opciones tipológicas registradas en el período, aunque la alta densidad se consolidó como la solución más adecuada para las características urbanas de Buenos Aires y para atender a la demanda habitacional de los sectores medios y populares que requerían asistencia estatal. En paralelo, surgieron experiencias de autoconstrucción asistida que cuestionaban las políticas oficiales y la erradicación, como las de Víctor Pelli en Resistencia o el CEVE en Córdoba (Ballent, 2018; Barrios, 2014).

En Chile, en cambio la “arquitectura de participación” adquirió un peso mucho mayor: los profesionales asesoraban a los pobladores y no imponían un diseño determinado (San Martín, 1992). Un ejemplo emblemático fue Villa La Reina, impulsado por arquitectos de la Universidad Católica junto con la federación de los “Sin Casa”, que se basó en la autoconstrucción de 1.592 viviendas bajo la gestión del entonces alcalde Fernando Castillo (1965-1968). Otro caso destacado fue el Plan 20.000/70, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en 1970, que promovía la autoconstrucción de 20 mil viviendas mediante la “Operación Sitio” y la organización comunitaria (Garcés, 2002).

En paralelo a estas experiencias participativas, se emprendieron proyectos urbanos de gran escala, en el marco de las políticas urbanas de la Unidad Popular, que buscaban consolidar una ciudad más democrática y menos elitista. Esto implicaba reducir las diferencias entre las clases sociales y permitir que los pobladores pudieran vivir en la ciudad y apropiarse del espacio público. Un caso destacado fue la Remodelación San Borja (1970), en el centro de Santiago, compuesta por 20 torres de 23 pisos y 3.287 departamentos, que combinaba alta densidad con equipamiento comunitario y espacios comerciales. El proyecto fue financiado por la CORMU y el MINVU, y diseñado por los arquitectos Carlos Bresciani, Fernando Castillo Velasco, Carlos García-Huidobro y Héctor Valdés y se construyó en dos etapas, la primera en 1970 y la segunda en 1974 (Docolomansky Gana, 1970; Mayorga Buller, 2013).

Durante la dictadura militar, la política habitacional se orientó hacia la producción masiva de viviendas, pero sin participación comunitaria. A diferencia de las dictaduras argentinas, que priorizaban viviendas “llave en mano”, las viviendas de interés social del régimen de Pinochet eran más precarias. El término “vivienda social” apareció formalmente en la dictadura y se institucionalizó en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Se trataba de viviendas muy pequeñas, destinadas a los sectores más pobres de la ciudad y construidas con materiales de bajo costo (Tapia, 2011).

El Programa de Viviendas Sociales de los Comités Habitacionales Comunales establecía que la ocupación y arriendo debía ser transitoria. Los espacios, reducidos e incómodos, estaban diseñados para que cada familia se “esforzara” por adquirir su “casa propia”, mediante un sistema de ahorro (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, circa, 1981).¹³ Esa política perduró hasta 1979 y convivió con los Subsidios Habitacionales, lanzados anualmente desde 1978 para familias que vivían en condiciones de extrema pobreza. En 1975, en el marco de la propuesta de descentralización, el MINVU reformó sus funciones y delegó parte de la ejecución de la política social a los municipios. En muchos casos, la entrega de una caseta sanitaria dependía de la voluntad del alcalde de turno. La reforma municipal de 1979 concentró funciones económicas, sociales y culturales en los municipios, consolidando el rol de los alcaldes como actores centrales del régimen y permitiendo la materialización del Estado Subsidiario y el plan social dictatorial (Valdivia, 2012).

Entre los proyectos de vivienda social del régimen se destacan el Conjunto La Florida (1981), compuesto por viviendas de 73 m² proyectadas por Juan Pablo Anguita y Pedro Arellano (Revista CA, N° 31, 1981); el Conjunto Los Sauces (1982-1984) en La Florida, con 843 unidades de 66 m² diseñado por Francisco Vergara y Aldo Bravo (Vergara, 2004); y el Conjunto San Ricardo en La Granja, de 1.393 viviendas proyectadas por Armando Carrillo, quien también diseñó las viviendas en las poblaciones San Gerónimo (544 viviendas) y Nonato Coo (336 viviendas) en Puente Alto. A estos se suma la Población Los Carolinos, en San Bernardo, con 400 viviendas proyectadas por Gastón Molsalve Solano (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1981). Buena parte de la vivienda social de la dictadura se concentró en las comunas del sur del Gran Santiago (La Florida, San Bernardo y Puente Alto).

Además de los concursos, las revistas especializadas constituyeron otro espacio de legitimación y crítica, expresando voces que no encontraban lugar en la SCA ni en el CA. En Argentina, publicaciones como la Revista Arquitectura publicada por la SCA, o desde la práctica profesional Nuestra Arquitectura y Summa, se consolidaron como foros de reflexión y puesta en acto de valores disciplinares, combinando enfoques técnicos y sociopolíticos. Nuestra Arquitectura abordó el problema de la vivienda en un tono cientificista, vinculado a los salarios, la acción del Estado, los nuevos modos de producción y el diseño. Subrayaba que el déficit habitacional y la planificación urbana requerían soluciones políticas (Acosta, 2008).¹⁴ En cambio, Summa estuvo más enfocada en el diseño y las nuevas tecnologías. La cuestión de la vivienda aparecía, pero predominaba un abordaje de las políticas habitacionales concebidas como un objeto susceptible de ser transformado por la innovación técnica. En esta línea, se afirmaba una idea compartida por muchos profesionales de la época: la arquitectura debía estar al servicio de la modernización y, para ello, nutrirse de investigación científica capaz de responder a los nuevos desafíos. Así, surgieron intentos por vincular la problemática habitacional con el desarrollo técnico, la renovación material y la incorporación del usuario como agente capaz de transformar la propia noción de proyecto.¹⁵

En Chile, con las universidades intervenidas, las críticas urbanas se canalizaron en revistas disciplinares como AUCA¹⁶ (1965-1986) (Arquitectura, Urbanismo, Construcción, Arte), que defendió una arquitectura moderna comprometida con la igualdad y la participación social, asignando a la disciplina una concepción humanista y una ética profesional (Fuentes Hernández, 2011). Otras publicaciones, como Arquitectónica (1966) de José Morales o Institución Arquitectónica (1968) de Juan Borchers Fernández, enfatizaron las críticas estéticas a la arquitectura moderna. Distinto fue el caso de la Revista CA, de carácter estrictamente gremial: difundía información técnica, contenidos disciplinares y la normativa vigente, destinando escaso espacio a reflexiones sobre el rol social de los arquitectos o la vivienda social.¹⁷ A fines de los años setenta, en cambio, surgió ARS, dirigida por Humberto Eliash, desde una vanguardia posmoderna crítica del neoliberalismo y en búsqueda de una identidad latinoamericana (Jara Jara, 2015). La revista estuvo patrocinada por el Centro de Estudios de la Arquitectura (CEDLA), un centro privado creado por Cristian Boza, Fernando Castillo Velasco, Cristian Fernández Cox y Humberto Eliash a partir de un seminario en Londres (1975) sobre arquitectura chilena que reunió a arquitectos y científicos sociales exiliados.¹⁸ Aunque no todos permanecieron fuera del país —Boza, Castillo Velasco y Eliash habían salido del país de forma voluntaria tras el golpe—, optaron por fundar el CEDLA, financiado con los ingresos de su práctica profesional. Durante la dictadura, AUCA y ARS se consolidaron como espacios centrales de reflexión disciplinar.

La Sociedad Central de Arquitectos ante las dictaduras: corporativismo profesional y compromiso social

En 1963, frente al estancamiento del sector privado de la construcción, se creó la Comisión Central de Asociaciones Privadas para la Reactivación de la Industria de la Construcción (CAPRICO). Este organismo reunió a cámaras empresariales, ingenieros y arquitectos —entre ellos la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Ahorro y Préstamos para la Vivienda, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal, el Centro Argentino de Ingenieros, la SCA y la Unión Industrial Argentina— con el objetivo de elaborar proyectos para reactivar la industria y proponer soluciones habitacionales. Las propuestas elaboradas por CAPRICO se presentaron inicialmente al gobierno de Illia, pero fue durante la dictadura de Onganía cuando encontraron mayor impulso. En esos años, la Secretaría de Estado de Vivienda canalizó créditos oficiales destinados a la construcción de conjuntos habitacionales para sectores populares, en el marco del Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE) (Revista de la SCA, Nº 63, 1968, p. 10). La magnitud del déficit habitacional hizo evidente la necesidad de crear organismos específicos que atendieran el problema. Así, en 1965, se fundó la Secretaría de Estado de Vivienda, y pocos años más tarde, con la reorganización ministerial dispuesta por Onganía, pasó a depender del recientemente creado Ministerio de Bienestar Social.

El vicepresidente de la SCA, Luis Miguel Morea (1970-1974),¹⁹ especialista en vivienda social, destacó la necesidad de una planificación urbana y regional coherente con una visión de desarrollo nacional que mejore la distribución poblacional en la Patagonia, una región desintegrada del país. Señaló que la falta de políticas integrales desde 1958 había acelerado el deterioro demográfico y subrayó la necesidad de involucrar a los usuarios en los programas de vivienda, siguiendo ejemplos internacionales de planificación eficiente, tomando como referencia modelos internacionales como la inversión realizada durante la dictadura franquista a través del Plan Nacional de la Vivienda que se había iniciado en 1961 con una inversión del 4% del producto bruto nacional y en 1965 alcanzó el 4.6% (Revista de la SCA, Nº 59, 1966, pp. 17-19).

A lo largo de la dictadura autodenominada “Revolución Argentina”, la SCA estuvo presidida por el arquitecto José Aslan (1966-1970) y luego por Horacio Pando (1970-1974). Ese período fue de auge para la industria de la construcción y la SCA estuvo al frente de las negociaciones de las demandas corporativas de los profesionales a los cuales representaba.

Bajo Aslan, la institución se centró en la defensa profesional y la negociación de demandas corporativas, sin oponerse explícitamente a las erradicaciones de villas ni a la precariedad de los Núcleos Habitacionales Transitorios, que en la práctica tendieron a ser definitivos. Con Pando, la SCA adoptó una postura más crítica frente al régimen, promoviendo la politización profesional y reclamando una mayor participación de los arquitectos en la planificación de vivienda social.

En 1967, la SCA denunció la ausencia de profesionales capacitados en municipios para encarar programas de viviendas, desarrollo urbano y problemas edilicios. En un memorándum dirigido al secretario de Vivienda, Ernesto García Olano, advirtió también sobre las inversiones improductivas producto de la improvisación y la ausencia de planificación, y señaló que muchos arquitectos e ingenieros emigraban ante la falta de oportunidades laborales en el país.²⁰ La SCA propuso incorporar economistas y sociólogos en la resolución de problemas urbanos y crear registros profesionales especializados. La Secretaría de Vivienda recogió la iniciativa y, con participación de la SCA, creó el Registro Nacional de Equipos Profesionales, destinado a mejorar el diseño de conjuntos urbanos, abaratar costos de construcción y promover la tecnificación del sector.²¹ La SCA también criticó al régimen por la preferencia por consultoras extranjeras en proyectos de infraestructura, defendiendo el protagonismo de los arquitectos locales como en la construcción de El Chocón y Cerros Colorados, que recurrieron a consultoras extranjeras (Revista de la SCA, Nº 63, 1967, p. 23).

El Plan de Viviendas Económicas Argentinas (VEA) de 1969, cuyo principal objetivo era la producción masiva mediante la construcción de grandes conjuntos habitacionales a escala nacional, ejemplificó la articulación entre Estado e industria: grandes empresas constructoras, nacionales y extranjeras (Ministerio de Bienestar Social, 1969). La masividad de los proyectos (PEVE, VEA y luego la creación del FONAVI) permitió sumar la participación de empresas extranjeras atraídas por las ganancias extraordinarias que ofrecía el mercado de viviendas (Yujnovsky, 1984). El problema habitacional era una temática recurrente e importante para la SCA y le demandó al régimen que la producción de vivienda social no implicara improvisación y abogó por nuevas fuentes de empleo y mecanismos financieros para reducir el déficit habitacional.

La SCA promovió la participación de arquitectos y estudiantes en debates sobre políticas urbanas, planes de erradicación de villas, la prolongación de la Avenida 9 de Julio y la paralización de obras públicas heredadas de gobiernos anteriores. En relación con la intervención militar en las universidades y las modificaciones de los planes de estudio, a fines de 1969 la SCA publicó un editorial en el que ofrecía sus páginas para quienes desearan opinar sobre la conducción de la FAU (Revista de la SCA, Nº 64, 1969, pp. 18-19). Asimismo, invitó a estudiantes y graduados a participar en la discusión sobre planes de estudio, métodos de enseñanza y práctica profesional, con el propósito de evitar que estos debates quedaran restringidos a un grupo reducido de interesados.

En un contexto de represión y movilizaciones, la postura política de la SCA fue inicialmente moderada, pero tras el Cordobazo y los distintos “azos” que se extendieron a varias provincias, adoptó un tono más crítico hacia la dictadura, coincidiendo con el cambio de presidencia en manos de Pando. A partir de 1970, la institución comenzó a formular cuestionamientos más severos al régimen.²²

La posición de Pando estuvo marcada por su experiencia de 1966, cuando debió renunciar al decanato de la FAU tras la intervención militar. La intensificación de las tensiones sociales abrió la posibilidad de que la SCA asumiera una postura más firme frente a las políticas públicas de la dictadura, en contraste con la moderación de su predecesor. Bajo la conducción de Pando, la SCA se convirtió en una entidad identificada con ciertos postulados renovadores del campo disciplinar: expresó su compromiso social, promovió la politización de sus miembros y manifestó interés en brindar soluciones a la problemática habitacional. La institución denunciaba al régimen como el principal obstáculo para el libre ejercicio profesional, más que por su autoritarismo y represión. En noviembre de 1970, la SCA adhirió a los fundamentos de la Comisión Permanente en Defensa de las Empresas Estatales, en los que se cuestionaba el desempeño económico del régimen y se denunciaba la “desnacionalización del país”, situación que afectaba directamente el desarrollo profesional de los arquitectos. En ese marco, Pando criticó duramente a Francisco Manrique, entonces ministro de Bienestar Social, por haber designado como subsecretario de Vivienda a un profesional ajeno al campo de la arquitectura (Boletín de la SCA, Documentos Internos, 1973, p. 31). Ese mismo año, la SCA encargó a los arquitectos Víctor Sigal y Joaquín Fischerman un estudio sobre la situación profesional y ocupacional en el país. La investigación señalaba que la demanda de trabajo dependía del sistema de previsión de viviendas, del planeamiento nacional y del desarrollo económico, así como de los cambios en la estructura socioeconómica (Revista Summa, Nº 84, 1974, p. 12). Evidentemente, el sector vivienda tenía un peso económico y profesional de relevancia para el desarrollo de la profesión que se había expandido al calor de la inversión estatal.

En 1971 cuestionó el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad de Roberto Levingston por priorizar el crecimiento económico sobre los reclamos de justicia social y advirtió que la represión y la proscripción alimentaban la radicalización política (Boletín de la SCA, Documentos Internos, 1973, pp. 16-17). En un documento titulado Politicidad y Apoliticidad, la Comisión Directiva rechazó la neutralidad política como “grave transgresión ética” y procuró marcar distancia entre compromiso político y militancia partidaria, señalando que la participación en debates doctrinarios y de principios formaba parte de los deberes y derechos profesionales. Esta aclaración se vinculaba con las tensiones internas que atravesaba la SCA: varios socios habían cuestionado a la conducción encabezada por Pando por difundir posturas que no reflejaban a la mayoría, y plantearon la necesidad de conformar una nueva Comisión Directiva que se declarara apolítica (Comisión Directiva de la SCA. Circular Nº 31 de 1971, Boletín de la SCA, Documentos Internos, 1973, p. 31).

Durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, la SCA vinculó la defensa corporativa con la defensa de los derechos humanos. La institución se convirtió en un espacio de refugio para la militancia social y política que había sobrevivido a las persecuciones de 1976-1979 (Aliata & Liernur, 2004) y movilizó a numerosos estudiantes universitarios en defensa de los derechos humanos y en rechazo a la intervención de la FAU. Bajo la presidencia de Jorge García Vázquez (1974-1986), la SCA consolidó su compromiso con la denuncia de desapariciones y participó activamente en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), manteniendo su énfasis en el perfil moral de la profesión, junto a la reivindicación de la planificación estatal y la regulación del mercado de suelo urbano. García Vázquez integró la APDH y fue crítico de varias políticas estatales del gobierno de facto municipal de la MCBA. Su oposición lo llevó a sufrir atentados y amenazas (Aliata & Liernur, 2004; Tavella, 2018). La entidad asumió un perfil claramente comprometido con esta agenda: se solidarizó con los afectados por desalojos, expropiaciones y demoliciones en la traza de la Autopista 25 de mayo (Boletín Informativo de la SCA, N° 102, 1978 y N° 103, 1979, p. 6).

No obstante, su posición fue ambivalente: crítica frente a determinados aspectos de la política profesional y social, pero moderada en relación con las políticas urbanas del régimen. Si bien objetó el Plan de Autopistas de Guillermo Laura —en particular por su trazado y los mecanismos de licitación— evitó confrontar de manera abierta, en parte porque varios socios estaban vinculados al proyecto. Asimismo, la SCA cuestionó la drástica reducción de concursos públicos y denunció que, en las obras preparatorias del Mundial de 1978, se favoreciera a grandes estudios en detrimento de otros profesionales. En la misma línea, realizó críticas moderadas a la política urbana de Cacciatore en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: se opuso al Código de Planeamiento Urbano de 1977, a la erradicación de las villas de emergencia y a la represión con la que se implementó. En relación con el Plan de Autopistas Urbanas, diseñada por Guillermo Laura (Tavella, 2016), la SCA sostuvo una oposición moderada, condicionada por la participación de socios destacados en el proyecto. Sus críticas se concentraron en el trazado y en los mecanismos de corrupción en las licitaciones, sin aludir a los profundos costos sociales de esta política de “modernización urbana”. Aun así, en diversas oportunidades emitió comunicados públicos expresando su rechazo y respaldando a otras entidades que se pronunciaban en igual sentido (Boletín Informativo de la SCA, N° 107, 1979).

La SCA defendió los fondos del FONAVI, cuya recaudación provenía de un 5% de los salarios del sector público y privado, y denunció su desvío por parte de la gestión de Videla hacia las Cuentas Generales de la Nación.²³ La entidad advirtió que, pese a los importantes recursos acumulados, apenas el 40% se destinaba a obra ejecutada, lo que mantenía paralizados los planes de vivienda social —antes denominados VEA, luego 17 de Octubre y, a partir de 1976, Plan 25 de Mayo— (Boletín Informativo de la SCA, N° 106, 1979, p. 7). Frente a esta situación, la SCA promovió juicios por el pago de honorarios adeudados a profesionales afectados por la paralización de las obras, aunque antes intentó negociar con las autoridades militares.Propuso suspender por 360 días las acciones judiciales si el régimen reactivaba los proyectos, argumentando que las demoras impedían responder a un déficit de 2,5 millones de viviendas: un 30% de las familias padecía hacinamiento, el 43% carecía de agua corriente y el 72% de cloacas, mientras que el equipamiento sanitario, educativo, recreativo y deportivo permanecía altamente rezagado.²⁴

El Colegio de Arquitectos de Chile ante la dictadura: corporativismo profesional y desregulación

Tras el golpe de Estado, el Colegio optó por darle continuidad a la dirección de Héctor Valdés (1970-1975), ya que el DL N° 349 de 1974 privó a los colegios profesionales de elegir nuevas autoridades directivas.²⁵ En noviembre de 1974 falleció Gonzalo Mardones (vicepresidente y consejero del colegio, entre 1972 y 1974) y en septiembre del año siguiente renunció Valdés a la presidencia. Los cargos vacantes fueron cubiertos por designación del ministro del Interior, Teniente General del Ejército César Raúl Benavides Escobar, quien nombró a Adela Celis y Cristián Fernández. En diciembre de 1975, el Consejo General eligió presidente a Ángel Hernández (1975-1980), sucedido por Carlos Aliaga Lafrentz (1980-1982). Desde entonces, el Ministerio del Interior intervino reiteradamente en la designación de autoridades y consejeros.²⁶

En 1974, el CA presentó a la Junta Militar un informe de planificación urbana, rural y regional con proyecciones a diez años.²⁷ El documento planteó soluciones de largo plazo frente al déficit habitacional, incluyendo la creación de un sistema estatal de arriendos, un Banco de la Vivienda y la construcción de una nueva ciudad para descomprimir Santiago. Además, propuso fomentar el desarrollo rural para impulsar su “despegue” y evitar nuevas migraciones hacia la capital, señalando que Santiago había absorbido todo el crecimiento demográfico entre 1920 y 1970, había ocupado suelo agrícola y estaba socialmente estratificada.²⁸ En 1976, el MINVU aplicó un estricto control de la expansión urbana para proteger las tierras agrícolas, medida bien recibida por académicos y profesionales de la arquitectura.²⁹

El CA sufrió la destitución y persecución de sus profesionales en universidades y en el sector público, y muchos debieron exiliarse. Varios fueron detenidos arbitrariamente y torturados; siete permanecieron detenidos y uno fue ejecutado. Las víctimas habían militado en el Partido Comunista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria o habían sido funcionarios de la Unidad Popular.³⁰ En 1976, las autoridades del CA se reunieron con el Ministro del Interior para solicitar información sobre los colegas desaparecidos, como en el caso de Rodríguez Urzúa, y la liberación de los detenidos (Boletín del Colegio de Arquitectos de Chile, octubre 976). En todas las ocasiones, Benavides Escobar negó la participación de su gobierno en estos hechos y culpó a la “izquierda terrorista” (Boletín del Colegio de Arquitectos de Chile, diciembre 1976). Posteriormente, el CA creó su Comité de Derechos Humanos y Ciudadanos e investigó las trayectorias de las víctimas del Terrorismo de Estado.³¹

En 1975, la reforma del MINVU transfirió sus funciones a los municipios y provocó el despido de 700 trabajadores, en su mayoría arquitectos. El CA cuestionó públicamente la reestructuración. Cuando El Mercurio afirmó que la medida contaba con el aval de los colegios profesionales, el CA envió una carta al diario —con copia al subsecretario de Vivienda y Urbanismo— desmintiendo esa afirmación y reafirmando su rechazo a la política de descentralización (El Mercurio, 29/11/1976 y Boletín del Colegio de Arquitectos de Chile, diciembre 1976). Del mismo modo, cuestionó el Sistema Nacional de Planificación establecido por la CONARA, elaborando un informe con críticas que fueron desestimadas por el ministro presidente de CONARA, general de brigada Julio Canessa Robert, quien acusó al CA de sostener una visión estatista contraria al principio de subsidiariedad (Boletín del Colegio de Arquitectos de Chile, septiembre 1976 y febrero 1977). Pese a estos choques, el CA mantuvo representación en los Comités Habitacionales hasta 1979, cuando la construcción de viviendas pasó a depender exclusivamente del MINVU, en paralelo con el lanzamiento anual de los Subsidios Habitacionales a partir de 1978.³²

En 1976, el CA centró su atención en la publicación del Boletín, concebido como un espacio de intercambio disciplinar sobre el rol del arquitecto en la ciudad y la moral profesional (Boletín del Colegio de Arquitectos de Chile, junio-diciembre 1976). Entre sus iniciativas destacaron la promoción de becas para estudiantes de arquitectura, la difusión de convocatorias y reglamentos de concursos y congresos, así como la reproducción de circulares de la División de Desarrollo Urbano del MINVU, junto con sus disposiciones legales y reglamentarias. Ese mismo año, un funcionario de la dictadura solicitó al Colegio un informe sobre las funciones del arquitecto, el constructor civil y el ingeniero. En su respuesta, el CA subrayó lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Nº 7.211 (1942) (Boletín del Colegio de Arquitectos de Chile, octubre 1976).

En paralelo, el CA intervino en la discusión sobre la edificación en altura. En una carta enviada por su presidente al ministro del MINVU, Carlos Granifo, señaló las deficiencias del Decreto 254, que regulaba la construcción de edificios de más de seis pisos y buscaba ordenar la implantación de torres en barrios de baja densidad. Aunque no cuestionó la edificación en altura, advirtió sobre los riesgos de transformar barrios residenciales sin planificación adecuada.³³ Granifo agradeció la “colaboración”, aunque reconoció que la medida afectaba a inversionistas y profesionales que tenían proyectos en carpeta.³⁴ El CA profundizó su postura crítica a través de cartas al MINVU, al alcalde Osvaldo Alliende y a la Municipalidad de Santiago, reclamando la delimitación de zonas aptas para construcción en altura y la elaboración de un Plan Regulador que evitara la especulación y el crecimiento desordenado debido a la falta de áreas verdes y problemas de servicios públicos y comunitarios (Boletín del Colegio de Arquitectos de Chile, diciembre de 1976).

Las tensiones con el régimen se hicieron evidentes cuando Benavides Escobar y el coronel Sergio Herrera, Jefe del Estado Mayor de la Jefatura de Zona de Emergencia, interrogaron a las autoridades del Colegio por una encuesta que evaluaba la labor del gobierno sobre Comités Habitacionales sin autorización (Boletín del Colegio de Arquitectos de Chile, octubre de 1976). Aunque se trató de un momento de tensión con los funcionarios del MINVU, el CA optó por mantener una actitud colaborativa y evitar la confrontación abierta.

En 1977, organizó la Primera Bienal de Arquitectura, presidida por Cristián Fernández Cox, que se consolidó como un espacio de difusión profesional y de encuentro artístico, abierto también a arquitectos internacionales. Las Bienales fueron desarrolladas y realizadas en el marco de la política cultural del régimen. Sin embargo, su relevancia creció a partir de 1982, cuando el Colegio adoptó una postura de confrontación pública frente al régimen. No obstante, hacia 1979, el CA evitó pronunciarse frente al PNDU, las erradicaciones masivas y la deficiente calidad de las casetas sanitarias. En general, hasta 1982, limitó su intervención a cuestiones de planificación urbana, aunque reclamó la liberación de presos políticos. En paralelo, enfrentó la campaña de El Mercurio apoyada por Jaime Guzmán, que acusaba a los colegios profesionales de ser “monopolios” contrarios a la libre competencia (El Mercurio, 9/11/1978 y 07/02/1979; Boletín del Colegio de Arquitectos de Chile, diciembre de 1978 ymarzo de 1979). El CA rechazó esas acusaciones, respondió con cartas públicas,³⁵ gestionó audiencias ante el Ministerio de Justicia y solicitó ser recibido por Pinochet.³⁶

La aprobación de la Constitución de 1980 y la promulgación del DL Nº 3.621 (1981) marcaron un quiebre. El régimen obligó a los colegios a transformarse en asociaciones gremiales, despojando al CA de su colegiatura obligatoria, de su autoridad reguladora y fiscalizadora para aplicar sanciones éticas y responder frente a irregularidades en la práctica profesional, ya fueran incumplimientos contractuales o violaciones normativas (Diario Oficial de la República de Chile, 07/02/1981).³⁷ La profesión quedó desregulada y regida por las leyes del mercado: el Colegio pasó de ser una institución de derecho público a una de derecho privado. La asociación pasó a ser voluntaria y los profesionales colegiados dejaron de contar con protección corporativa. Durante su presidencia, Aliaga impulsó campañas de afiliación, pero la membresía cayó y la institución perdió peso (Boletín del Colegio de Arquitectos de Chile, mayo y junio de 1981).

Los ámbitos de competencia de los arquitectos quedaron reducidos al artículo 12 de la Ley N° 7.211 de 1942, que establecía:

la proyección y fiscalización de la construcción de edificios y de obras artísticas o monumentales, realización de planos de ciudades y trabajos de urbanización relacionados con la estética de las poblaciones. Operar como árbitro o perito en cuestiones propias de la disciplina, así como desempeñarse como consultor o director técnico en empresas o reparticiones estatales que requieran de sus servicios (Diario Oficial de la República de Chile, N° 19.325, 04/08/1942).

En este nuevo escenario, la Tercera Bienal de Arquitectura (1981), presidida por Marcelo Etcheverry y dedicada a la vivienda, contó con un discurso del ministro general de brigada Jaime Estrada, quien defendió a los subsidios habitacionales como una herramienta para garantizar el acceso a “viviendas dignas a bajo costo” (Boletín del Colegio de Arquitectos de Chile, agosto de 1981). El CA mantuvo un tono crítico, aunque evitó cuestionar de forma abierta la liberalización del suelo urbano (Revista CA, N° 31, 1981).

A partir de 1982, bajo la presidencia de Víctor Gubbins (1982-1986), el CA inició una etapa distinta: organizó el Encuentro Nacional de Arquitectos, se sumó a la protesta nacional del Comando de Trabajadores en 1983 (Aceves, 2014) y adoptó una posición más confrontativa frente al régimen (Qué Pasa, N° 665, 11/01/1984). Según Jara Jara (2015), las Bienales tendieron a asumir cierta forma de “resistencia” cultural al régimen, mientras que para Carvajal-Riquelme y Portal (2024), los esfuerzos iniciales por mantenerse alejadas del debate político, reclamado la autonomía del campo disciplinar, su desarrollo evidenció las tensiones internas de sus miembros entre una visión más “nacionalista” de la disciplina y el impulso internacionalizador y neoliberal que comenzaba a imponerse (Carvajal-Riquelme & Portal, 2024). En 1989, la Octava Bienal —“Arquitectura y Crítica”—, presidida por Eduardo San Martín, coincidió con el plebiscito y la transición democrática, reuniendo a arquitectos latinoamericanos como Marina Waismann. A diferencia de las Bienales previas, boicoteadas por profesionales extranjeros que las consideraban una forma de avalar al régimen (Jara Jara, 2015), en 1989 el clima político en el Cono Sur ya estaba marcado por el retorno democrático. Aunque el CA logró sobrevivir, nunca recuperó el rol político ni la autoridad reguladora que había tenido, pues ello habría requerido una reforma constitucional.

Conclusiones

Durante los años sesenta, las principales oportunidades de desarrollo profesional para los arquitectos provinieron del financiamiento estatal, lo que favoreció su participación en el diseño de proyectos habitacionales y urbanos de gran escala. En ambos países, las dictaduras militares impulsaron una modernización urbana sustentada en la erradicación violenta de villas y poblaciones callampas, en la profundización de la segregación socioespacial y en una estrecha alianza con los sectores concentrados de la industria de la construcción. Estas políticas alentaron la construcción de conjuntos habitacionales de alta densidad, en sintonía con las demandas empresariales y profesionales impulsadas por corporaciones como CAPRICO, la CAC y la SCA en Argentina, y la CCHC y el CA en Chile. En ese marco, los arquitectos proyectistas no sólo desempeñaron un rol técnico, sino que fueron actores clave en la definición de planes y proyectos de vivienda masiva, y en la transformación autoritaria del espacio urbano.

El incremento de la obra pública y los incentivos estatales de la autodenominada “Revolución Argentina” para el desarrollo de grandes proyectos arquitectónicos, permitieron mejorar las condiciones de producción de una arquitectura nacional. Los grandes estudios de arquitectura encontraron importantes oportunidades de desarrollo profesional a partir del PEVE y algunos crearon sus propias empresas constructoras. De esa forma, a través de los concursos, ganaban la proyección y el diseño de los conjuntos de alta densidad y en algunos casos, también los construían. Entre las principales áreas de actuación de los arquitectos estuvo, particularmente, el diseño de la vivienda de interés social, así como el equipamiento comunitario, escuelas, hospitales, áreas de esparcimiento y obras de circulación.

En cuanto al rol de la SCA, vimos que la conflictividad social desencadenada tras el Cordobazo habilitó a su conducción a asumir una posición más crítica frente al régimen. De todas formas, la dimensión estrictamente profesional siguió siendo una de sus principales preocupaciones. Hacia 1970, la SCA manifestaba inquietud por el crecimiento de la matrícula universitaria y la sobreoferta de arquitectos en el mercado laboral. Por ello, buscó negociar con la dictadura, reclamando la creación de nuevos puestos en el control de la obra pública y exigiendo priorizar la contratación de los profesionales argentinos por sobre los extranjeros.

Durante el autodenominado “Proceso”, el campeonato mundial de fútbol de 1978 movilizó a la comunidad arquitectónica, convocando a arquitectos de la SCA y otros estudios para remodelar estadios principales, como River Plate, Vélez y Rosario Central. La SCA también expresó objeciones frente al Plan de Autopistas, el nuevo Código de Planeamiento Urbano y el vaciamiento del FONAVI. Sin embargo, estas críticas tendieron a formularse en términos moderados, ya que la prioridad institucional fue preservar los espacios de ejercicio profesional. En síntesis, durante la última dictadura la SCA buscó equilibrar la defensa corporativa con cierto compromiso con los derechos humanos. Su accionar combinó algunas críticas al régimen, especialmente en relación con la gestión urbana bajo Cacciatore en la ciudad de Buenos Aires, con la búsqueda de espacios de negociación, como parte de una estrategia de supervivencia institucional.

En Chile, la dictadura limitó significativamente el margen de acción del CA. Frente a este escenario, la institución adoptó una postura generalmente “conciliatoria”, manteniendo canales de diálogo con el régimen a lo largo del período. Si bien se opuso a algunas reformas impulsadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y frente a la flexibilización del uso del suelo urbano —medidas orientadas a favorecer a los inversores inmobiliarios y que profundizaron la segregación socioespacial— su posicionamiento más visible en el espacio público se expresó principalmente en el marco de las Bienales de Arquitectura.

Siguiendo el planteo de la historiadora Luisa Passerini (1987) sobre la sociedad y la clase obrera italiana bajo el fascismo, la aceptación no implica necesariamente un apoyo incondicional, sino que puede expresar formas de adaptación cotidiana frente a las demandas del régimen. En ese sentido, las Bienales, —al quedar integradas, aunque no fuera su intención, dentro del circuito de actividades culturales promovidas por el régimen— terminaron por expresar una forma de “acomodación pragmática” que evidenció las disputas y contradicciones propias del campo disciplinar: por un lado, funcionaron como espacios de intercambio profesional y debate arquitectónico; por otro, evidenciaron los límites y condicionamientos que atravesaban las instituciones profesionales durante la dictadura.

En 1982 y 1983, en el contexto de la crisis económica que sacudía al modelo neoliberal implementado por el régimen, se produjo una amplia movilización social a la que se sumaron distintos gremios y colegios profesionales. En ese escenario, el CA comenzó a adoptar posiciones más críticas frente al régimen. Al mismo tiempo, durante la dictadura emergió un nuevo perfil profesional de arquitecto, capaz de acomodarse e incluso adaptarse a la lógica neoliberal y a las exigencias del libre mercado.

Fuentes

Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), Buenos Aires.

Diario El Mercurio, Santiago de Chile.

Diario Oficial de la República de Chile.

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Revista de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), Buenos Aires.

Revista Qué Pasa, Santiago de Chile.

Revista Summa, Buenos Aires.

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Notas

Recepción: 08 octubre 2025

Aprobación: 17 noviembre 2025

Publicación: 01 junio 2026

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