Aletheia, vol. 17, nº 32, e251, junio - noviembre 2026. ISSN 1853-3701Dosier
De un "ámbito escolar" a un "nido de subversivos". La Universidad Nacional del Centro frente a los efectos del terror de Estado (Tandil, 1974-1977)
Resumen: El siguiente artículo busca conocer los diversos modos en los que impactó la represión al interior de la Universidad del Centro, en el contexto de su nacionalización y primeros años de implementación del terrorismo de Estado. En una primera parte, se avanza en la reconstrucción histórica de dos instituciones que definieron parte del perfil de la ciudad de Tandil (Provincia de Buenos Aires, Argentina) en las décadas de 1960 y 1970 y articulan el desarrollo de este trabajo: las Fuerzas Armadas y la Universidad. En los apartados que continúan, el análisis está circunscrito a algunas actitudes sociales que, particularmente las autoridades, pusieron en juego ante un contexto conflictivo y frente a la violencia estatal que sufrió un número importante de estudiantes, docentes, graduados y nodocentes entre 1975 y 1977.
Palabras clave: Actitudes sociales, Universidad Nacional del Centro, Terrorismo de Estado.
From a “school environment” to a “nest of subversives”. The Universidad Nacional del Centro confronts the effects of state terror (Tandil, 1974-1977)
Abstract: The following article seeks to understand the various ways in which repression impacted the University of the Center, in the context of its nationalization and the early years of state terrorism. The first part focuses on the historical reconstruction of two institutions that defined part of the profile of the city of Tandil (Buenos Aires, Argentina) in the 1960s and 1970s and articulate the development of this work: the Armed Forces and the University. In the following sections, the analysis is limited to certain social attitudes that, particularly the authorities, brought into play in a conflictive context and in the face of state violence suffered by a significant number of students, teachers, graduates, and workers between 1975 and 1977.
Keywords: Social attitudes, National University of the Center, State Terrorism.
Introducción
El siguiente trabajo se enmarca en el estudio de los inicios de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), que coincide con los años de la implementación del terrorismo de Estado en Argentina y la clausura de cualquier tipo de actividad política o gremial en general y al interior de las universidades en particular. En este corto período que transcurre entre la nacionalización de la misma en 1974 y los primeros años de la última dictadura militar, nos interesa conocer los diversos modos en los que impactó la represión al interior de la Universidad y, a partir de aquí, comprender las actitudes sociales, entre la aceptación y la acomodación, que tuvieron distintos actores universitarios, fundamentalmente sus autoridades.
Como señala Daniel Lvovich, el estudio de las actitudes sociales ha abierto un campo prolífico de trabajos y reflexiones y la publicación de este dossier es parte de ello. Las mismas incluyen un complejo entramado de conductas, opiniones, emociones y respuestas que un régimen político genera en una sociedad. Una de las características es que estas actitudes no son monolíticas ni son siempre las mismas, más bien cambian e incluso pueden hacerlo de manera contradictoria. Además, estas actitudes que encierran representaciones, prácticas y sentidos, no siempre se manifiestan en el espacio público —fundamentalmente durante la pervivencia de regímenes dictatoriales— debido a la censura manifiesta y el miedo que generan los métodos represivos (Lvovich, 2013, 2020, 2025).
En este artículo, y desde otra perspectiva, pretendemos sumar una reflexión a un tema ya abordado por otros investigadores, como es el proceso de nacionalización y puesta en marcha de la UNCPBA (Pérez, 1976; Pastor, 1999; di Salvo y Ramón, 2015; Gallo et al., 2025). Esta nueva etapa de la institución, que se inició en 1974, implicó para la gestión a cargo asumir paulatinamente nuevas formas administrativas, pedagógicas y de gobierno. Al contexto con que se inicia la universidad nacional, marcado por la profunda crisis financiera, se añaden los efectos de la represión ejercida sobre estudiantes, graduados, docentes y nodocentes vinculados fundamentalmente a la militancia política universitaria. Y es sobre este punto donde nos interesa comprender qué actitudes asumieron las autoridades universitarias frente a estos hechos; si pusieron en marcha algún tipo de acción frente a la violencia estatal que sufrió un número importante de personas vinculadas a la Universidad; si realizaron alguna denuncia pública u ofrecieron algún tipo de resistencia u oposición; cómo articularon y resolvieron las dificultades económicas y administrativas; entre otras cuestiones.
El desarrollo del trabajo está dividido en cinco apartados. Los dos primeros abordan las características de Tandil en el contexto de la década que va de mediados de los años sesenta a mediados de los años setenta y el desarrollo y funcionamiento de dos instituciones claves para el análisis: los regimientos de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) aquí asentados y la Universidad. No se trata de encontrar excepcionalidades en este recorte analítico, ni que lo observado aquí se transforme en generalidades para pensar los procesos vinculados. En todo caso, y desde una perspectiva que prioriza “lo local”, observar la presencia de fenómenos distintos y poner en relación esferas sociales y culturales que, desde una mirada macro de los procesos, suelen considerarse separadas o muchas veces no visibilizarse (Torre, 2018; Echeverría y Bilbao, 2019). Un análisis de estas instituciones y sus agentes en una “ciudad intermedia” como es Tandil en este período, puede mostrarnos episodios que, aunque sean mínimos dentro de sus dinámicas de acción, tienen consecuencias de gran relevancia (Bilbao y Ramón, 2023).
Unido a ello, los apartados siguientes pretenden dar cuenta de la gestión de la universidad frente a dos cuestiones distintas pero entrelazadas: la coyuntura económica y financiera por la que atravesó la casa de estudios, las estrategias militantes de algunos sectores universitarios que ya existían pero que se activaron frente al conflicto y los efectos que eso tuvo en la selección de las víctimas de la represión. Particularmente, nos interesa conocer y comprender las actitudes sociales que las autoridades mantuvieron en esos contextos. Por su lógica de funcionamiento de universidad pequeña, por el perfil de sus autoridades, cuerpo docente y la mayor parte del estudiantado, por el control y presencia que ejercieron las Fuerzas Armadas, entre otras cuestiones, las autoridades de la UNCPBA no ofrecieron ningún tipo de resistencia, ni realizaron gestiones o denuncias frente a los efectos visibles de la represión de estudiantes, graduados y docentes.
Por el contrario, se evidencian mayormente actitudes corporativas de conductas y prácticas tendientes a la tolerancia y adecuación de las circunstancias, en este caso a las directivas emanadas del régimen militar. Sin embargo, es posible observar algunos intersticios con acciones de negociación —cuando lo hallaron conveniente—, como por ejemplo aquellas vinculadas a la permanencia de docentes y nodocentes sospechados o asociados a “la subversión” (Lvovich, 2025). Estas circunstancias nos permiten complejizar los análisis sobre la represión a la militancia universitaria, sobre las gestiones frente a los hechos, la adecuación de las conductas, la omisión de información, los silencios o las formas de solidaridad frente al control y la imposición del terror, entre otras cosas (Patto Sá Motta, 2016).
Además de la bibliografía disponible, este trabajo se sustenta fundamentalmente en fuentes primarias, como documentos institucionales, la prensa local y material de los servicios de inteligencia de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Una parte importante se sostiene también en entrevistas realizadas a diversos protagonistas universitarios de aquel momento.1Su análisis parte de la premisa de que los pareceres, discusiones o emociones que conjugan las actitudes sociales sobre las que pretendemos reflexionar, generalmente no suelen dejar registros escritos.
1. Las Fuerzas Armadas en el centro de la escena local
Entre las décadas de 1960 y 1970, Tandil incrementó su población de 53.000 a 70.000 habitantes, adquiriendo así el estatus de una ciudad de tamaño intermedio y perdiendo el carácter rural con el que contaba hasta esas décadas. Entre los factores que contribuyeron al crecimiento poblacional, la integración y la modernización político-cultural de las ciudades del interior bonaerense, se cuentan la radicación de instituciones nacionales, la extensión de los niveles educativos y de formación profesional o técnica orientados a las generaciones más jóvenes, entre los más importantes (Míguez y Spinelli, 2014).
La presencia militar fue uno de esos factores importantes. En Tandil, al igual que en algunas ciudades del interior bonaerense, tales como Bahía Blanca o Azul, esta puede rastrearse desde su fundación como fuerte en el siglo XIX. Con el cambio de siglo, las estructuras del ejército que permanecieron radicadas allí, se ampliaron y modificaron de acuerdo a las necesidades de estrategia territorial. En relación al Ejército, su profesionalización fue un proceso tardío que contó con una ley de servicio militar obligatorio y la creación de una Escuela Superior de Guerra, recién a inicios del siglo XX.
La modernización de sus estructuras tuvo lugar en las décadas siguientes y la reestructuración que se dio entre 1960 y 1963 con la creación de cuatro Cuerpos de Ejército de los cuáles pasaron a depender diez brigadas (dos blindadas y ocho de infantería) y de las unidades logísticas de campaña para dichas brigadas, fue quizás el elemento más notable. Esta reorganización territorial disolvió el Cuerpo de Caballería creado en la década de 1930 e integrado por cuatro divisiones, entre las que se hallaba la de Tandil. De este modo, la Primera División de Caballería Blindada se transformó en la Primera Brigada Blindada y modificó también su asiento: de Campo de Mayo, pasó a Tandil (Mazzei, 2012).2 Por su parte, en 1949 y a poco de creada la aviación militar autonomizada del Ejército, se erigió en Tandil el Destacamento Aeronáutico Militar que contó con el Grupo Base 6 y los Regimientos 4 y 6 de Caza Interceptora y eso fue el prolegómeno de la actual VI Brigada, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina.3
De este modo, para la década de 1960, Tandil contaba con dos importantes unidades militares de dos fuerzas distintas, con gran incidencia no solo en la ciudad, sino también en la región. La presencia de las mismas le dio su impronta a la dinámica social de la ciudad y sus instituciones, permeando también en ámbitos políticos, recreativos y de sociabilidad, ya que los militares en función, participaban activamente en dichos ámbitos. Al mismo tiempo, la obligatoriedad del Servicio Militar, hizo que anualmente miles de jóvenes se trasladasen a la ciudad y los fines de semana también participaran de la sociabilidad local. Es decir, Tandil, al igual que aquellas ciudades que fueron asiento de unidades militares, tuvo una fuerte presencia militar en el espacio público.
Sobre finales de 1974, el gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón declaró nuevamente el estado de sitio (levantado en 1973) frente al recrudecimiento del accionar de las organizaciones armadas y la intensificación de la violencia de derecha. El objetivo fue ordenar todas las formas de represión contra nuevas y reiteradas manifestaciones de violencia y el objetivo implícito, “la represión —por fuera de las garantías constitucionales— de las organizaciones sociales y políticas de izquierda, armadas y no armadas, dentro y fuera del peronismo, que se proponían la profundización de las transformaciones en el país” (Lenci, 2014, p. 220). Quedaron fuera de estos, las organizaciones paraestatales y de la ultraderecha peronista. El decreto N° 261/75, autorizando el despliegue militar en la provincia de Tucumán para el exterminio de los focos guerrilleros allí presentes, y el N° 2772/75, conocido como el de “aniquilamiento de la subversión”, otorgaron las prerrogativas de las que aún carecía el aparato represivo, y todo el territorio nacional pasó a ser de incumbencia de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que quedaron subordinadas a las primeras. En este marco, se multiplicaron los allanamientos, detenciones, demoras de vehículos en rutas, así como el trabajo de los servicios de inteligencia, militares y policiales, en los distintos ámbitos de las ciudades (Franco, 2012).
Y ese plan se estructuró a partir de la existencia de centros clandestinos de detención creados por las Fuerzas Armadas y de Seguridad que, combinados con aquellos espacios legales de alojamiento de detenidos como fueron las comisarías de las policías provinciales y Federal y las distintas unidades penitenciarias, sirvieron a los fines de la detención y desaparición de personas. La reorganización de las estructuras militares de la década de 1960, sirvió de marco para la organización de la actividad represiva a partir de 1974, cuando se ampliaron las prerrogativas sobre las Fuerzas Armadas. Los Cuerpos de Ejército se dividieron en zonas, subzonas y áreas, a cargo de unidades militares, y se extendió la subordinación de las Fuerzas de Seguridad a las Fuerzas Armadas. Como plantea Gabriela Águila, si bien la represión fue implementada a escala nacional, la misma se organizó sobre un esquema territorial que en términos operativos se implementó de manera descentralizada, asumiendo los niveles de las zonas, subzonas y áreas militares un papel neurálgico. Las modalidades, características e intensidades específicas de cada una de estas áreas y regiones militares dependieron de los recursos y opciones disponibles en cada una de ellas (Águila, 2013, 2021, 2023).
En relación a la implementación de la “lucha antisubversiva” en la Subzona militar 12, esta se dividió en cinco áreas que abarcaron una jurisdicción de treinta partidos. La jefatura de la misma tuvo su asiento en la Brigada de Caballería Blindada de Tandil, es decir que la responsabilidad de la labor de inteligencia y el accionar represivo en esta extensa franja territorial de la provincia de Buenos Aires, dependió del poder militar local.4
En Tandil, desde 1974, el blanco de la represión fueron los dirigentes sindicales —trabajadores industriales en su mayoría, aunque no sólo ellos— (Dicósimo, 2016) y la militancia política universitaria ligada a las organizaciones políticas. A partir de 1976 y hasta 1978, aproximadamente, se montaron en la ciudad tres centros clandestinos de detención dependientes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, donde fueron alojados los detenidos y detenidas de la ciudad y localidades aledañas, como Azul, Olavarría y Mar del Plata (CONADEP, 1984; Telechea, 2021).5 La característica y modalidad que asumió la dinámica represiva en Tandil, fue la articulación aceitada de las Comisarías de la Policía Provincial con el Batallón Logístico: si bien algunos detenidos fueron llevados directamente a los centros clandestinos, varios de ellos permanecieron durante meses en las comisarías y solo eran trasladados a los sitios clandestinos para los momentos de “ablande”, tortura y búsqueda de información por parte de los militares.
2. La universidad en el centro de la escena local
El segundo factor importante que determinó el crecimiento y la modernización cultural y política de la ciudad, estuvo vinculado al aspecto educativo. Entre mediados de las décadas de 1940 y 1970 en las ciudades grandes e intermedias de Argentina, hubo una explosión de las matrículas de la educación secundaria, terciaria y universitaria, asociada a la expansión del empleo calificado tanto en el sector público como privado; así como al fenómeno de modernización de las clases medias. También se debió a la creación de nuevas instituciones educativas y a la gratuidad de los estudios superiores. Así, en las universidades, la matrícula pasó de 48.000 a 330.000 estudiantes entre 1945 y 1972. El proceso de feminización de la matrícula, la visibilidad cultural y la politización que adquirieron las casas de altos estudios desde los años sesenta fueron, junto con el aumento del número de estudiantes, los rasgos más notorios (Manzano, 2017).
Hasta la década de 1960, en la provincia de Buenos Aires, fue muy escaso el porcentaje de población de entre 20 y 30 años que completó los estudios universitarios: menos del 2 % de las mujeres y casi el 4,5 % de los varones. Esta tendencia se revirtió de manera significativa en las décadas posteriores, cuando se crearon varias universidades nacionales (Míguez y Spinelli, 2014). Las dirigencias políticas de la mayoría de las ciudades intermedias bonaerenses que contaban con algún tipo de educación superior, consideraban que esto era uno de los factores importantes en la jerarquización de las mismas, de allí que acompañaran la nacionalización de instituciones universitarias que habían nacido como esfuerzos privados. En el caso de Tandil, esto tuvo un efecto importante en la definición de un perfil social de la ciudad, ya que la instalación de una universidad atraía a jóvenes de poblados aledaños y esto activaba una serie de requisitos como contar con pensiones y casas para alquilar, espacios sociales, deportivos y culturales de recreación nocturna y turísticos, entre otros. Fue en este período entonces, cuando nacieron instituciones de enseñanza como el Instituto Superior de Educación Rural (ISER) en 1960, el Instituto Universitario de Tandil en 1964, y el Instituto Superior del Profesorado en 1971 (di Salvo y Ramón, 2015).
Luego de casi tres años de iniciado un ciclo de cursos de diversas materias humanísticas, en 1964 se formalizó el Instituto Universitario de Tandil, base de lo que en los años posteriores sería la Universidad de Tandil y, tras su nacionalización, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.6 Finalmente, en 1974, se creó la UNCPBA como fusión de la Universidad de Tandil, del Instituto Universitario de Olavarría y el Departamento de Agronomía de Azul (Pastor, 1999; di Salvo y Ramón, 2015; Gallo et al., 2025).
Si bien el nacimiento de la UNCPBA está atado a estos antecedentes, se enmarca también dentro de un ambicioso plan de reforma del sistema universitario argentino. El mismo tuvo lugar entre mediados de la década de 1960 y la de 1970 y supuso la creación de doce universidades públicas en el ámbito nacional y provincial. Dicho proyecto de descentralización conocido como “Plan Taquini” resumía algunas preocupaciones centrales de la autoproclamada “Revolución Argentina” respecto a las universidades, su funcionamiento y administración. Pretendía dar soluciones al proceso de expansión de la matrícula universitaria y a la consolidación de un modelo científico de universidad, al mismo tiempo que avanzar en la despolitización de los sectores juveniles universitarios (Buchbinder, 2005). Este último fue un objetivo claro del “Onganiato” desde sus inicios y contó con mecanismos de selectividad, fuerte control ideológico y episodios represivos, aunque con éxitos limitados (Suasnábar, 2004; Moreno, 2016).
En este marco, hay tres aspectos importantes a tener en cuenta en el análisis del contexto de nacionalización y posterior desarrollo de la UNCPBA. El primero es que su nacionalización no fue algo exclusivo, sino que se dio junto con la de otras que habían nacido con carácter provincial como fueron, por ejemplo, la de La Rioja (1975) y la cercana de Mar del Plata (1975). En segundo lugar, su impronta regional, heredada de la base administrativa y de funcionamiento que le dieron los llamados Institutos Universitarios de Tandil, Azul y Olavarría, ciudades donde se asentaron las sedes.7 El tercer aspecto a destacar es la fuerte intervención comunitaria y articulación con las fuerzas vivas que demostraron las autoridades, capaces de alcanzar el éxito en las gestiones para lograr el establecimiento definitivamente de los estudios universitarios en esas ciudades. Se trató de una trama de articulación entre instituciones educativas y militares, empresas, sindicatos, partidos políticos y notables de las ciudades, que permitieron financiar el funcionamiento hasta alcanzar la nacionalización (Méndez, 2023).
El sistema universitario durante el gobierno peronista, abierto en 1973, tuvo sus vaivenes y no se caracterizó por la ausencia de conflictos. El recambio de ministros en la cartera educativa, fue uno de sus signos más visibles. Uno de los principales desafíos de la gestión educativa de Jorge Taiana, por ejemplo, fue el de erradicar las instancias identificadas con el autoritarismo en las universidades, en un clima de efervescencia y movilización política. De allí, que en menos de un año lograra aprobar un nuevo marco normativo para las universidades nacionales, aunque el mismo no contó con todos los acuerdos y consensos previstos. Esto generó un desgaste en el vínculo del ministro y los sectores universitarios que inicialmente lo habían apoyado, difícil de reparar. Por lo que, casi sin respaldo y, al igual que otros ministros, debió renunciar. La gestión quedó en manos de Oscar Ivanissevich, quien desde agosto de 1974 avanzó hacia la generación de propuestas académicas de corte conservador y nacionalista e inició una política persecutoria y represiva al interior del sistema universitario con cesantías masivas, el restablecimiento de exámenes de ingreso y cupos a las carreras, además del requerimiento de certificados policiales de buena conducta, entre otras medidas. A eso se sumó la obligación que tuvieron los rectores de las universidades de informar a las fuerzas policiales y militares acerca de las actividades estudiantiles que se realizaban con posterioridad al establecimiento del Estado de sitio en todo el territorio nacional, a partir de noviembre de 1974 (Gil y Díaz, 2014; Abbattista y Ramírez, 2022; Rodríguez, 2015, pp. 47-51; Seia, 2025). Aunque el conjunto de estos lineamientos no se efectivizó unilateralmente, sí es posible observar sus efectos en el conjunto de las universidades, aún en aquellas con menor matrícula, como la UNCPBA.8
3. La gestión del rector Roque Cruz y su funcionalidad con el autoritarismo
Roque Ceferino Cruz fue un abogado porteño radicado en Tandil a finales de los años 60, que alcanzó la rectoría de la Universidad durante su gestión privada (en 1972) y continuó al frente durante todo el gobierno militar, excepto por un interregno. En abril de 1975, a días del inicio del ciclo lectivo, Cruz fue designado Delegado Organizador y rector de la UNCPBA (Pérez, 1976;Pastor, 1999). Su gestión continuó casi en los mismos términos en los que venía. A partir de 1975, y en consonancia con lo que ocurría en las universidades del resto del país, imprimió una impronta que avanzó en dos sentidos: la reducción de aristas conflictivas y, atado a ella, la búsqueda de despolitización de la universidad. Si bien, como se mencionó, existieron lineamientos y directivas claras para el último objetivo, las acciones de Cruz no parecen responder a presiones de corte autoritario, sino más bien a un principio de adaptación a las circunstancias.
Por sus antiguas funciones en el ex Consejo Nacional de Educación, se trató de una persona con experiencia en gestión y vínculos con ministros, funcionarios provinciales y castrenses. Es decir, Cruz fue visto por la prensa, las FF. AA., las instituciones locales y los mismos vecinos como un actor reconocido, legitimado y con capacidad de actuación tanto en el plano local como en el nacional.9 Esto permite observar la generación de actitudes sociales tales como la acomodación o la adhesión y el consenso, tendientes a la preservación de su rol y al alineamiento con las políticas universitarias emanadas de la gestión Ivannisevich primero, y del gobierno militar después.
Daniel Pérez integró todas las comisiones, fue secretario administrativo de la Universidad desde sus inicios como Instituto Universitario en 1964 y luego no docente de la Facultad de Humanidades. Mirando en el largo plazo su actuación desde su llegada a Tandil, Pérez se refería a Cruz, a fines de los años noventa, como una persona “comprensiva”:
En 1975 Cruz afronta una situación muy crítica de aquel quiebre y toma una decisión que la Fundación acepta y que era “bueno así no podemos más”. La Municipalidad no nos puede sostener sola ni acompañada de la suscripción pública que cada vez era menor, ni hay empresas que estén en condiciones de bancar gran parte del presupuesto aunque lo habían estado (la Cámara Empresaria, Metalúrgica Tandil, la Cooperativa Agrícola-Ganadera, el Banco Comercial de Tandil) (…) Y luego (en 1976) viene una etapa muy difícil de la historia nacional en la que la Universidad no deja de sufrir algunos efectos mucho más leves que los que ocurrieron en otros lugares. Por eso rescato la figura del Dr. Cruz como un hombre muy inteligente, muy capaz, brillante desde el punto de vista intelectivo, pero además con una gran capacidad de comprensión. (Pérez, 1998)
Y, en la misma sintonía, Mariano Mirón, estudiante de la Facultad de Físico- Matemática entre 1972 y 1977 e integrante del centro de estudiantes entre 1974 y 1976 (en el tránsito de la Universidad privada a la nacionalizada), también rescataba la figura del rector:
La inteligencia de Cruz fue la de sumar a todo aquel que tenía algo para aportar, gente del peronismo, del radicalismo de la democracia cristiana, militares, sectores empresariales, sindicales. No es fácil tener una buena relación con todos esos sectores y, sin embargo, creo que esa fue una de las grandes habilidades de Cruz, compatibilizar todo esto. Tenía una visión de lo que debía ser una Universidad y por supuesto que habrá algunas cosas que se habrán hecho mal, habrá cosas que no las pudo hacer, pero me parece que siempre tuvo la buena intención. (Mirón, 1999)
Hubo dos grandes conflictos de envergadura que Cruz debió atravesar en el inicio de la gestión de la universidad nacionalizada: el retraso de los fondos ministeriales para el funcionamiento en el invierno de 1975 y los efectos de la represión a distintos actores universitarios. Solo en relación al primer punto la prensa da cuenta de los vaivenes, negociaciones y la estrategia de las autoridades en relación a la cuestión financiera. El rector y el resto de las autoridades de la Universidad apelaron a estrategias que incluían a la comunidad y les permitían cierto reconocimiento institucional en un momento crítico. Pusieron a la venta “bonos contribución”, accedieron a préstamos bancarios, subsidios municipales y donaciones particulares. A eso sumaron un remate de muebles de un antiguo hotel —que ahora funcionaba como sede de la misma— para obtener fondos, además del cierre del edificio “por un tiempo hasta tanto se encuentre alguna solución” con el Ministerio de Educación (Gallo et al., 2025, p. 30). Por su parte, los centros de estudiantes y distintos grupos de alumnos bregaban por una acción política que incluyera la demanda inmediata al gobierno nacional del giro de los fondos necesarios para el funcionamiento y medidas de fuerzas para presionar, como la clausura de dicho remate:
La suspensión del remate —integrado por bienes no imprescindibles para el funcionamiento de esta Casa de Estudios— y programado para hacer frente a deudas impostergables, al pago de las remuneraciones de quienes trabajan en la Universidad y a la continuación de las clases hasta la llegada del presupuesto nacional, obliga a tomar esta determinación. (El Eco de Tandil, 25/08/1975)
En la búsqueda de soluciones, las autoridades continuaron apelando a las lógicas de funcionamiento establecidas, tendientes a evitar la profundización de conflictos y que, al mismo tiempo, les otorgaran legitimidad a sus acciones. Esto fue el cese de las actividades, el cierre del edificio y el diálogo con el municipio, los empresarios e industrias locales para continuar sosteniendo económicamente a la universidad, ahora nacional. Pero también apelaron a la sanción pública para los sectores estudiantiles que ponían frenos a las “soluciones transitorias”:
Quienes hicieron imposible la subasta precipitaron una situación que afecta a toda la comunidad universitaria. Lo expuesto se pondrá en conocimiento del Sr. Ministro de Cultura y Educación de la Nación, del Sr. Director Nacional de Altos Estudios y del Sr. Delegado Organizador de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, requiriendo la urgente aprobación del presupuesto y rápida puesta en marcha de la Universidad Nacional. (Nueva Era, 25/08/1975)
Sin embargo, en medio del conflicto, los estudiantes cruzaron la versión del rectorado, apelando ellos también a una articulación con la comunidad:
La Universidad de Tandil nació por el esfuerzo del pueblo (…) Debemos lograr que se efectivice el presupuesto y debe hacerse de la misma forma, conjuntamente con las fuerzas vivas y la comunidad universitaria. (…) No es justo que se engañe a la población y a los estudiantes con la falsa excusa del impedimento del remate como causa inevitable del cierre cuando se nos aseguró el normal funcionamiento. (…) No es justo que la Fundación siga buscando soluciones que solo palien momentáneamente la situación recayendo nuevamente el sostenimiento de la Universidad en el pueblo. Quienes impidieron que el pueblo y las organizaciones universitarias lucharan unidos por la concreción definitiva de esta Universidad pretenden ahora justifican el cierre de la misma con el impedimento de un remate que de ninguna manera aseguraba una solución definitiva. Es por eso que exigimos públicamente la inmediata apertura de la Universidad y la participación de las organizaciones universitarias y de las fuerzas vivas en la búsqueda de una solución definitiva. (Nueva Era, 25/08/1975)10
En esta coyuntura, el rector Roque Cruz y los miembros de la entonces Fundación Universidad de Tandil, buscaron suspender los planteos de los grupos estudiantiles más activos, adoptando posturas intransigentes en la negociación y las soluciones propuestas por estos. Pero lo más paradójico es que mientras se llevaba adelante la suspensión del remate por parte de los alumnos, se conocían las noticias sobre la primera detención de estudiantes. Con todo, una vez instaurada la dictadura militar, la gestión de Cruz quedó alineada con los objetivos centrales de la misma en relación a las universidades, que básicamente fueron la despolitización estudiantil y el ordenamiento de los claustros.11 En poco tiempo, este rector construyó una imagen de una figura capaz de apaciguar conflictos, generar un clima de orden y contar con el respaldo y acompañamiento de instituciones de la ciudad, la municipalidad y las FF. AA.
4. La Universidad como “cueva de la subversión”
Como se señaló, para 1975 la seguridad interna del país se hallaba integrada a la dimensión de la defensa nacional, por lo que la represión sobre los distintos sectores políticos y sociales, entre quienes se encontraban los sectores estudiantiles y universitarios, formaba parte de las acciones de combate contra la “subversión” (Franco, 2012; Lenci, 2014; Pontoriero, 2022). En Tandil, en el marco del recrudecimiento de la represión y al igual que lo sucedido con los dirigentes sindicales, miembros de distintos sectores universitarios fueron blanco de las detenciones y desapariciones en este circuito represivo.
Desde los primeros años setenta, la universidad había concentrado también la atención de los servicios de inteligencia, quienes desplegaron su acción en el control de las camadas de jóvenes estudiantes que habían comenzado un acelerado proceso de politización y radicalización política. Las fuerzas de seguridad recababan información sobre algunos “problemas del sector estudiantil” como fueron algunas “huelgas”, y las reiteradas “quejas en disconformidad con el funcionamiento del comedor universitario” o las “adhesiones por la nacionalización y estatización de dicha Casa de Altos Estudios”, que se dieron entre los años 1972 y 1973 (DIPPBA, 1973), pues existía un convencimiento de que la universidad se había convertido en un “instrumento de adoctrinamiento y agitación y en un centro de operaciones de la insurrección armada” (Ejército Argentino, 1978). Aún cuando hubo diferencias entre las universidades en relación a la matrícula, los grados de politización estudiantil y la cantidad de docentes y trabajadores nodocentes, lo cierto es que esta “depuración” necesitó de dos tipos de eslabones locales: aquellos que reunían la información (personal de inteligencia de las FF. AA. y de seguridad) y aquellos que conscientemente prestaron algún tipo de colaboración, fundamentalmente en el ámbito de la delación.
Un manual de Guerra Contrainsurgente, define con precisión cuáles eran las tareas y cómo obtener el mejor resultado en relación al control de la población:
Una de las necesidades vitales del Estado es disponer informaciones actualizadas (…) Esas informaciones pueden tener una doble procedencia: 1) de un servicio de inteligencia eficiente y bien desplegado; 2) de las fuentes populares u otras organizaciones no militares. (…) La infiltración de agentes secretos de las FF.AA. o de SS. en las filas comunistas (…) tiene que ser realizada a cualquier costo, porque las necesidades de información son permanentes e imperiosas (…). Pero la segunda fuente de informaciones puede llegar a ser más importante (…). El secreto del éxito está determinado por el trabajo persuasivo preliminar que realice con antelación a la ejecución, para convencer a todos los sectores populares sobre el valor de la contribución que pueden efectuar para erradicar a la subversión y cuyos resultados, ellos serán los primeros beneficiados. (Fuerza Aérea Argentina, 1976, pp. 174-175)
Varios de los testimonios de quienes transitaron la UNCPBA durante la última dictadura coinciden en señalar que había personas que se inscribían como estudiantes de las distintas carreras, pero que eran efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea o la Policía y de ese modo recolectaban información del “ambiente” y las “personas”. Jorge Persson, estudiante de Ciencias Económicas entre 1972 y 1975, recuerda que fundamentalmente los últimos años
había dos tenientes que estudiaban económicas, muy amables, muy compañeros, pero vos te dabas cuenta, por más que la ciudad estaba llena de milicos. Ahí eran extraterrestres. A nivel de policía había un tal Hugo Rodríguez, era un bicho jodido. Esos eran los alcahuetes de la cana, que además te seguían adentro de la Universidad. (Persson, 2016)
Y Gabriel Huarte, que ingresó a la Facultad de Humanidades en 1976, señala:
La dictadura tenía un aparato de vigilancia muy fuerte. Tenía algunos alumnos que eran militares en ejercicio que se habían inscripto como ‘observadores’. En todas las facultades había, pero más en Humanidades. Nosotros tuvimos uno que era un oficial del Ejército de la división intendencias que eran aquellos peritos mercantiles que hacían ahí como una especie de introducción a las Ciencias Económicas y luego les daban el título de subteniente. Este muchacho, era de apellido Zárate. (Huarte, 2011)
Por su parte, María del Carmen, estudiante de la carrera de Trabajo Social entre 1975 y 1977, marca que en Tandil era posible darse cuenta que había “delatores” que espiaban en las clases y que por eso andaban con cuidado:
Personal no docente, personal docente, compañeros. Te ibas dando cuenta de personas que estaban siempre donde no tenían que estar. (…) Había uno que era policía, de apellido Mangudo que estudiaba veterinaria y que participó incluso en operativos en las casas de sus propios compañeros. Ellos estaban convencidos de que la Universidad era un “nido de subversivos”. (Silva, 2011)12
Luego de 1976, el control ejercido hacia el estudiantado no solo se concretó a través de los “estudiantes infiltrados” provenientes del personal de las FF. AA. y de seguridad. Por la gravitación que tenían las fuerzas castrenses en la escena política y social local —y con mayor razón luego de la reorganización del sistema universitario— se añadió otra arista que fue la de los efectivos militares que ejercieron como docentes en la Universidad y en las escuelas secundarias. Recuerda Luis Calvento, estudiante de físico-matemáticas entre 1973 y 1977:
En la Facultad lo padecimos al Capitán (Ingeniero Antonio Ricardo) Castro Lechtaler y muchos de nuestros docentes provenían del Ejército o de Fuerza Aérea, cosa que creo no pasaba en otras facultades. Cuando fue la nacionalización él quedó como decano. Venía de uniforme a dar clases y era tremendo, era obvio que el tipo pasaba información de los estudiantes. (Calvento, 2019)
Durante los años inmediatamente anteriores a la nacionalización de la Universidad, las actividades políticas de los grupos estudiantiles habían comenzado a confluir cada vez más con algunas de las organizaciones políticas (mayormente la Juventud Peronista ligada a Montoneros y posteriormente al Partido Auténtico) y, por lo tanto, se convirtieron en un objetivo central de la acción represiva. En agosto de 1974, un amplio número de estudiantes universitarios y secundarios convocaron al lanzamiento de la Juventud Universitaria Peronista, con una serie de reclamos y demandas universitarias, vinculadas con la nacionalización y el mejoramiento de algunas cátedras. Pero el acto finalmente no se realizó; se vio frustrado por la policía, fuerza que desplegó la primera acción represiva pública contra estudiantes universitarios y secundarios en la ciudad (Calvento, 2019).13
Como se señaló, durante casi todo 1975, los fondos para el pago de los salarios a docentes y nodocentes no llegaron, por lo que los centros de estudiantes de las cuatro facultades denunciaron la situación económica. Exigían “que el Estado atienda los justos reclamos por el logro de un presupuesto inmediato y poder así facilitar el estudio de todos en una Universidad Nacional”, por lo que se opusieron a las medidas tomadas desde el rectorado y la “Fundación Universidad de Tandil” (Gente,25/08/1975).
En este clima de tensión y agitación estudiantil, las FF. AA. y de Seguridad detuvieron a las primeras tres estudiantes universitarias y a una graduada —mientras un cuarto estudiante logró escapar—, junto con un grupo de militantes políticos. Esto ocurrió durante una “volanteada”, en conmemoración de la masacre de Trelew, afuera de la fábrica de pistones “Buxton”.14 A un año de la primera represión pública contra estudiantes, la prensa local enmarcaba este segundo hecho de mayor envergadura y que tuvo a estudiantes universitarias como víctimas, como un “operativo antisubversivo” (El Eco de Tandil, 23/08/1975). La reacción de los centros de estudiantes no se hizo esperar y en un comunicado reclamaron por la libertad de las estudiantes detenidas y convocaban a las “autoridades de la Universidad, sectores políticos, gremiales y fuerzas vivas en general a solidarizarse con nuestra actitud” (El Eco de Tandil, 25/08/1975). Por su parte, las autoridades universitarias no realizaron ningún pronunciamiento en la prensa sobre las detenciones y traslado de las estudiantes, así como tampoco hubo comunicación con las familias de las alumnas detenidas, ni gestiones o presiones para lograr la liberación (Acevedo, 2021).
5. Una primera mirada sobre los efectos represivos en la UNPCBA (1975-1977)
Como quedó demostrado, en una universidad como la del Centro, con una matrícula relativamente chica que permitía un conocimiento pormenorizado de los estudiantes, las Fuerzas Armadas y de Seguridad alcanzaron un sólido trabajo de vigilancia y acceso a la información. Esto explica, en parte, el derrotero de aquellos estudiantes, graduados y docentes universitarios que tenían o habían mantenido algún vínculo o cercanía con la militancia revolucionaria. Aunque ya para finales de 1975 la actividad gremial estudiantil vinculada a las organizaciones políticas estaba totalmente desarticulada (algunos militantes se habían mudado a otras ciudades, otros se habían exiliado y quienes se quedaron debieron optar por abandonar un nivel público de activismo).
Entre 1975 y 1977, se llevaron adelante hechos represivos que tuvieron como blanco a estudiantes, graduados y docentes. La elección de esas personas parece encontrar respuesta en las trayectorias militantes de las mismas, mientras que la metodología represiva adquirió múltiples formas. Entre agosto de 1975 y mayo de 1976, tres estudiantes de la Facultad de Humanidades estuvieron detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. En octubre de 1976, la secretaria académica de la Facultad de Económicas fue detenida y puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y estuvo alrededor de tres años en prisión para luego exiliarse. Durante 1977, dos estudiantes de Humanidades y un graduado de Veterinarias, ex presidente del centro de estudiantes durante 1975, estuvieron desaparecidos en un centro clandestino. La temporalidad de los secuestros fue distinta (días, semanas o meses), pero, en todos los casos, fueron puestos en libertad. Una graduada de Humanidades, ex presidenta del centro de estudiantes en 1975, estuvo detenida varios meses en una comisaría, incluso amamantando a su bebé. Un estudiante de Económicas debió exiliarse, mientras que dos graduadas de Humanidades y un docente de Veterinarias fueron desaparecidos y aún continúan en esa condición (todos en fechas y ciudades distintas, ninguno en Tandil). Finalmente, dos docentes y una nodocente de Humanidades fueron cesanteados durante un tiempo.15
Carmen Flores y Beatríz Acevedo fueron dos de las estudiantes detenidas en agosto de 1975. Carmen recuerda que estando en la cárcel de Azul, con sus otras dos compañeras, pretendieron continuar con sus carreras universitarias y agrega:
Institucionalmente no recuerdo que la Universidad haya gestionado algo por nuestra liberación, es más, no hubo siquiera algún comunicado público, ni comunicación con mi familia. Lo único que recuerdo en relación a la Universidad, es que estando detenidas solicitamos al rector poder seguir estudiando. Me acuerdo que tuvimos que elevar notas al Poder Ejecutivo y a la Universidad. (...) Pero finalmente el Poder Ejecutivo nos negó esa posibilidad. (Flores, 2021)
Mientras que Beatríz añade:
El rector Cruz era un asco, no movió un pelo por nosotras, que fuimos las que primero caímos. Y una vez que obtuvimos la libertad, en junio de 1976, nos mandaron a decir que quien quisiera reingresar a estudiar, teníamos que ‘colaborar’ diciendo quiénes de nuestros compañeros eran militantes. Lisa y llanamente teníamos que marcar estudiantes, lo que nosotros decimos ‘botonear’. Así que no pude volver más. (Acevedo, 2021)16
Miriam Iglesias, estudiante de la Facultad de Humanidades. fue secuestrada en su casa por miembros del Ejército en diciembre de 1977, mientras estudiaba para un examen con una compañera. Fue esta última quien, junto a su familia y otros compañeros, se reunieron con el rector Cruz y el decano Ernesto Borga, quienes les dieron una directiva clara: “no paren de buscar, vean a todo el mundo, a empresarios, curas, a todos”. Luego de su liberación, Miriam retornó a la Universidad con sus compañeros para informar a las autoridades de su cautiverio, aunque obviando detalles. “Borga no era un mal tipo, intentó tranquilizarme y me dijo que no me preocupara, porque los que me habían seguido eran unos ignorantes, no pueden entender que se juntan a estudiar” (Iglesias, 2019).17
Jorge Pérez San Román era profesor de Filosofía y se había radicado en Tandil en 1975. “En La Plata estuve cerca de los Montoneros, pero nunca estuve adentro. Era simpatizante. Pero acá en Tandil sabían más o menos esto. O sea, no sabían exactamente, pero sabían”, recuerda. Y en su relato acusa al rector Cruz por el control ideológico que ejerció durante el tiempo que estuvo dando clases, e indulta en cambio al decano Borga.
Cuando yo me hice cargo de la cátedra, los alumnos comenzaron a tener un interés fantástico. Probablemente yo traía cosas que no eran novedad, pero acá sonaban como algo que removía todo y esa fue una de las razones por las cuáles tuve problemas con el Rector, que al poco tiempo empezó a presionarme por los contenidos. (…) En la materia Antropología Filosófica empecé a dar temas como Marxismo, corrientes progresistas del catolicismo que interesaban muchísimo a los alumnos, pero que le preocupaban al rector Ceferino Cruz, que me insistía para que diera Filosofía Católica. Yo hice algunas concesiones, que en realidad no eran concesiones porque San Agustín y los medievales los daba. (…) En cambio (Ernesto) Borga (el decano) era un católico de derecha pero mucho más tolerante, buen tipo. (…) El tema es que me enteré de que habían llegado informes en la Facultad, sobre mí y sobre mi exmujer. Como yo veía que lo iban a presionar a Borga y que le iba a resultar difícil echarme, pero que de última me iba a echar o pedirme que me fuera, porque le tenía estima, le facilite las cosas y me fui. (Pérez San Román, 2011)18
Mientras, Zulema Grandinetti relata que a una profesora de la Facultad de Humanidades la detuvieron durante una noche y por ello mismo fueron a hablar con el Rector Cruz y el decano Borga (Pastor, 1999). El decano en todos los casos parecía tener la misma actitud y “no tomaría medidas” al respecto ante este tipo de situaciones. Pero no así el rector Cruz, quien cuando se le pidió que hiciera algo, señaló que “no iba a poder hacer nada, ni mantenerla como profesora”, al punto que la misma dejó de figurar en la planta docente del año siguiente (Pastor, 1999, p. 89). Por su parte, Ana María Montenegro, quien había estudiado Ciencias de la Educación en la Universidad de Tandil entre 1969 y 1973 y continuó como docente tras la nacionalización, fue cesanteada durante la dictadura:
A principios del ’77 me prescindieron de la escuela primaria y luego del Instituto de adultos donde daba clases. Y luego me llamaron de la Universidad. Primero me llamó (el decano) Borga, de la Facultad. Me planteó el tema, pero como que nadie quería asumir el paquete de decir que yo me tenía que ir, aunque ellos conocían muy bien los fundamentos por los cuales me habían echado de la escuela primaria, que era “por razones de seguridad del Estado”. El tema es que cuando yo fui verlo al rector Cruz, el encuentro fue bastante complejo en el sentido de que él estaba con otras dos personas que no eran milicos, pero serían milicos de civil, no sé. Yo no me senté, ahí nomás de parada el tipo empezó a explicarme que no me quería ahí adentro por los mismos argumentos que me habían dado en primaria, “por razones de seguridad del Estado”, que no podía estar ahí y que no era una persona que podía estar adentro de la Universidad. (…) Y empecé a aparecer como que no me habían renovado el contrato. (Montenegro, 2000)
Por el tamaño de su matrícula, que no superaba los 1800 estudiantes en la sede de Tandil, su emplazamiento en un solo edificio, su dinámica de funcionamiento, entre otras, las relaciones interpersonales parecieron ser de un conocimiento sumamente exhaustivo de los docentes y estudiantes. Este tipo de testimonios nos permiten visualizar cierta adecuación del funcionamiento de la Institución y las conductas de sus autoridades al marco normativo universitario generado por el gobierno militar. Pero también es posible hallar algunos matices en esa adhesión o apoyo institucional que ésta habría hecho al régimen. También se pusieron en juego algunas formas de solidaridad frente al control y el terror, como la omisión de información a distintas esferas de gobierno o la tolerancia y quietud hacia algún docente sospechado de ejercer “adoctrinamiento”, entre otras cosas.
Estos intersticios nos permiten observar cómo en una institución como la universidad, muchos de sus funcionarios y agentes mantuvieron prácticas y elaboraron estrategias de acuerdo a sus roles y funciones, de allí que varias resultan contradictorias y pervivieron simultáneamente en el mismo momento. Aun cuando algunos docentes podían identificarse con el régimen en relación a las cuestiones normativas, por ejemplo, también existieron instancias de comprensión y hasta cierto grado de solidaridad en algunos casos. Cuando la estudiante María del Carmen regresó a la Universidad después de haber estado desaparecida en un centro clandestino durante tres semanas, señala que la recibieron “como si nunca hubiera faltado”.
Cuando volví, llegué y estaban las compañeras de siempre, era como si nada. Yo nunca dije qué me había pasado y todos disimulábamos, los profesores, compañeros, todos. Hubo una compañera que vino y me dijo: “vos faltaste un montón de días. Dijo (el profesor) Mandarano que si vos necesitás él te pone al día con las clases que perdiste”. Y yo le decía “bueno, bueno, gracias, pero no”. Tenía miedo de comprometerla, que quedara marcada. No sabía cómo manejarme, si bajo tortura podía decir cosas que no quería decir si me volvían a llevar. Así que era una situación de mucha contradicción porque por un lado es feo que nadie se solidarice y por otro lado cuando alguien se solidariza, tenés miedo por la otra persona y por uno mismo. (…) Entonces fui un tiempito y finalmente dejé. (Silva, 2011)19
Finalmente, la nodocente Marta Testa, con un pasado inmediato de militancia en el peronismo, en la Capital Federal, rescata, por ejemplo, que dos veces le llegó el telegrama de despido por el que quedaba cesante en las tareas, pero que fue el mismo decano Borga quien intercedió para que se quedase:
El 24 de marzo (de 1976) no trabajamos. El 25 me llama el interventor My. Absalom Varas y me mostró papeles como si fueran informes, y movía las hojas diciendo “los antecedentes de la militancia”. Entonces dije “¿dónde firmo mi renuncia?, no me eche, yo renuncio”. (…) Me ayudó que habían nombrado a Ernesto Eduardo Borga como decano, que fue un padre protector para conmigo, te diría. “Cuando me llegó el telegrama de despido, ‘negoció’ para que me reincorporaran y volví. Dos veces me echaron, y las dos veces volví, la segunda en 1981”. (Testa, 2011)20
Consideraciones finales
El artículo buscó dar cuenta de aquellas actitudes sociales que activaron las autoridades de la Universidad Nacional del Centro frente al contexto de conflictividad creciente que se desarrolló en 1975 y que se solapó con los efectos de la violencia estatal sufrida por un número importante de estudiantes, docentes, graduados y nodocentes. Nos interesó conocer cómo las autoridades afrontaron este contexto de reciente nacionalización, con claras directivas en relación al funcionamiento, la gestión y la tarea de “despolitización” del ambiente universitario. Propuestas que se profundizaron durante los primeros años del gobierno militar y que impactaron al interior de todas las Universidades, aun en aquellas más pequeñas, con un número de matrícula baja en relación a las más grandes y antiguas casas de altos estudios del país.
En la Universidad del Centro, a partir de 1975 y hasta 1977, distintos actores universitarios fueron el blanco de detenciones y desapariciones por parte de las fuerzas represivas y de un control laboral que implicó el cese de funciones o las cesantías por parte de las autoridades universitarias. En este marco, el Rectorado de la Universidad del Centro a cargo de Roque Cruz avanzó en una acomodación y adhesión a las políticas del régimen en relación a la Universidad. Frente a los distintos hechos represivos que sufrieron numerosas personas vinculadas a la militancia universitaria, no trazó estrategias que incluyeran posicionamientos públicos con algún tipo de advertencia o denuncia, así como no se ofreció colaboración o solidaridad a las familias que tenían a sus hijos detenidos o desaparecidos. Tampoco se ofreció algún tipo de oposición ante esos hechos, más bien se percibe una búsqueda de alineamiento con las directivas y una aplicación de las mismas que priorizó la despolitización y la exclusión de aquellos que “atentaban contra la Universidad” y eran considerados los “generadores del caos”.
Nos hemos centrado aquí en el análisis de la dinámica política al interior de la sede más grande de la Universidad Nacional del Centro. Sin embargo, reconocemos que faltan aún otros trabajos que nos permitan dar cuenta de un abanico más amplio de actitudes sociales, así como articular análisis que contemplen otras escalas. No solo la del resto de las sedes de esta Casa de Estudios, sino también otra que incluya universidades nacionales con características similares.
Agradecimientos
Agradezco los comentarios y sugerencias que sobre una primera versión de este trabajo realizaron los evaluadores y los colegas integrantes del proyecto “Aceptación, distanciamiento y acomodación en la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)” dirigido por Daniel Lvovich.
Fuentes utilizadas
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-Comisión Nacional Especial de Factibilidad (1973). Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Estudio de Factibilidad. Tomo II
-Diario El Eco de Tandil
-Diario Nueva Era (Tandil)
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-Fuerza Aérea Argentina (1976). Bases para el conocimiento e interpretación de una nueva Guerra. Buenos Aires, Círculo de Aeronáutica.
-Revista Gente y la actualidad
-UNCPBA. Memorias 1977
Entrevistas
-Acevedo, Beatríz 2021. Entrevista. Centro de Documentación de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (CeGEHCS)
-Calvento, Luis 2019. Entrevista. Centro de Documentación de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (CeGEHCS)
-Flores, María del Carmen 2021. Entrevista. Centro de Documentación de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (CeGEHCS)
-Huarte, Gabriel 2011. Entrevista. Centro de Documentación de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (CeGEHCS)
-Iglesias, Miriam 2019. Entrevista. Centro de Documentación de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (CeGEHCS)
-Mirón, Mariano 1999. Entrevista. Centro de Documentación de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (CeGEHCS)
-Montes, Noemí 2024. Entrevista. Centro de Documentación de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (CeGEHCS)
-Pérez, Daniel 1998. Entrevista. Centro de Documentación de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (CeGEHCS)
-Pérez San Román, Jorge 2011. Entrevista. Centro de Documentación de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (CeGEHCS)
-Persson, Jorge 2016. Entrevista. Centro de Documentación de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (CeGEHCS)
-Silva, María del Carmen 2011. Entrevista. Centro de Documentación de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (CeGEHCS)
-Testa, Marta 2011. Entrevista. Centro de Documentación de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (CeGEHCS)
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Notas
Recepción: 10 noviembre 2025
Aprobación: 17 noviembre 2025
Publicación: 01 junio 2026