Dosier

La historiografía y las actitudes sociales en torno al “Caso Timerman”. Modelos interpretativos y miradas multifacéticas

Introducción

Las actitudes sociales pueden definirse como el complejo campo de respuestas, conductas, opiniones y emociones que un régimen político genera en una sociedad y que resultan necesariamente cambiantes, múltiples y, a veces, contradictorias. Se trata de un tipo de indagación que busca incluir la variante opinión de las organizaciones, partidos, sindicatos, etcétera, pero intenta llegar al nivel de los individuos o grupos sociales que normalmente no dejan constancia escrita de sus pareceres, creencias o emociones. La noción de actitudes sociales se adoptó en la historiografía como resultado de la insatisfacción con el tipo de conceptualización que se había empleado para reflexionar sobre los vínculos entre los regímenes dictatoriales y las poblaciones, en particular con los sectores que no habían abrazado una militancia política sistemática ni ocupado roles de responsabilidad en el Estado, partidos políticos, sindicatos u otras instituciones.

En otras áreas del saber, este concepto tiene una larga tradición. En sociología tiene un prolongado recorrido, uno de cuyos antecedentes centrales es la obra El Campesino Polaco de Thomas y Znaniecki (1918), en la que buscaban explicar los procesos sociales de transformación que ocurrían en la comunidad rural polaca cuando emigraba a los Estados Unidos. En la “Nota metodológica” introductoria a ese texto, explicaban: “Por actitud entendemos un proceso de conciencia individual que determina la actividad real o posible del individuo en el mundo social”, que se distingue de “un estado síquico por su referencia a la actividad y, por ende, al mundo social”. De este modo, “la manifestación de la vida consciente de un miembro del grupo es una actitud cuando se la considera en conexión con los valores que constituyen la esfera de experiencia de ese grupo” (Thomas y Znaniecki, 1918, pp. 58, 59, 64). A estas premisas, que consideran las actitudes como parte del repertorio de lo social, Mead (1972) suma una concepción dialógica según la cual las actitudes son el comienzo de un acto, una preparación para la acción, ya que su significado no viene dado por la experiencia que expresa, sino por el sentido que se le da cuando se las interpreta en las interacciones sociales (Crespo Suárez, 1992).

En el campo de la psicología, el estudio de las actitudes sociales se inicia con los textos pioneros de Floyd Allport (1924) y Gordon Allport (1935). En esta tradición disciplinaria se puede definir a las actitudes como evaluaciones originadas en tres tipos de fuentes: una, de naturaleza cognitiva, que se refiere a las opiniones o ideas sobre el objeto actitudinal, que no se deriva necesariamente de los conocimientos definidos como verdaderos; otra, de tipo afectivo, que refiere a los sentimientos o emociones que el objeto despierta en la persona; y una fuente comportamental, vinculada a lo que los individuos hacen o hicieron en referencia a dicho objeto (Fabrigat et al., 2019).

Vinculadas al universo de las representaciones sociales de la opinión pública y de la acción colectiva, la sociología y la psicología han desarrollado modelos complejos para dar cuenta del universo –no observable nunca de modo directo y transparente– de las actitudes sociales. ¿Cómo ha actuado la historiografía y otras disciplinas que escrutan el pasado para narrar y explicar estos fenómenos? Posiblemente con menos elaboración teórica, pero con un énfasis destacado en el examen de la evidencia empírica, que posibilitó una aproximación sólida al problema.

En este texto buscamos generar un aporte para la reflexión en torno al problema de las actitudes sociales, con base, sobre todo —aunque no exclusivamente— en la lectura e interpretación de distintas indagaciones historiográficas y periodísticas sobre el secuestro, desaparición, encarcelamiento y expulsión del país de Jacobo Timerman. Con ello buscamos dar cuenta de una multiplicidad de variables, enfoques y niveles que, pensados para este caso particular, pueden resultar útiles para explicar otros procesos y acontecimientos. La naturaleza del caso Timerman, pero sobre todo de los modos en que fue indagado, permite el análisis de una cantidad de capas y modos de interrogación en relación con las reacciones que generó entre distintos grupos de actores, de modo que puede dar paso a pensar en múltiples alternativas analíticas.

En efecto, Jacobo Timerman contó con el apoyo de buena parte del movimiento por los Derechos Humanos nacional e internacional, pero había apoyado el golpe de Estado de 1976 y, ciertamente, promovido desde la revista Primera Plana el de 1966, y se había opuesto, hasta su secuestro, a las campañas de denuncias contra el régimen encabezado por Jorge Rafael Videla, a quien, como tantos otros actores, consideraba un militar moderado que debía ser protegido de los generales de línea dura. Timerman se presentó como una víctima de un régimen antisemita, imagen de la dictadura que, hasta 1978, había combatido en su diario y en sus gestiones y diálogos con funcionarios de los Estados Unidos.

Modernizador de la prensa argentina e impulsor de iniciativas que revolucionaron el periodismo nacional, su relación con muchos de los periodistas con los que trabajó, y con sus competidores en ese rubro, distó de ser cordial. Activo partícipe de la vida judía de Buenos Aires desde su temprana militancia en el movimiento sionista socialista, no contó con las mejores relaciones con la dirigencia comunitaria del período. Enemigo declarado de los grupos que abrazaron la lucha armada, su detención se motivó justamente en su relación con David Graiver, el “banquero” de los Montoneros. De modo que el “Caso Timerman” nos obliga a alejarnos de la exclusividad del análisis centrado en la política nacional para dar lugar al terreno de la micropolítica: el plano de las relaciones cercanas, las emociones y las disputas interpretativas acerca de cuál de las facetas del reconocido periodista privilegiaron quienes lo apoyaron y quienes lo denostaron.

Jacobo Timerman y el “Caso Timerman”

Jacobo Timerman nació en Bar, República Socialista Soviética de Ucrania, en 1923, en el seno de una familia judía que emigró a Argentina en 1928 y se instaló en Buenos Aires. En esa ciudad se educó y militó en el movimiento juvenil sionista socialista Hashomer Hatzair, donde comenzó a edificar una identidad político-cultural que no abandonaría por el resto de su vida. En ese mismo movimiento desarrolló sus primeras armas en el periodismo, comenzando así una carrera en la que trabajaría, entre otros medios, en Noticias Gráficas, La Razón y, brevemente, en Clarín y La Nación. En la década de 1960 fundó y dirigió dos de las revistas que participarían de la renovación de la prensa argentina, Primera Plana y Confirmado. En 1971 fundó La Opinión, un diario con un estilo renovado y un plantel de periodistas muy destacados, que se convertiría en referencia del periodismo argentino.

Desde las páginas de La Opinión, Timerman apoyó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Creía que la facción encabezada por Jorge Rafael Videla expresaba un sector moderado y democrático al que apoyó frente a los que consideraba un sector duro, violento, autoritario y antisemita. Su voluntad de apuntalar al régimen se aprecia en el ofrecimiento que le hizo al secretario general de la presidencia, general José Rogelio Villarreal, y a su subsecretario, Ricardo Yofre, de mejorar la imagen internacional del gobierno de Videla mediante una campaña de prensa en la que colaboraría (Mochkofsky, 2004). Sin embargo, a los trece días del golpe de Estado, La Opinión publicó el primer habeas corpus en procura del destino de personas desaparecidas y continuó haciéndolo pese a las presiones militares, aunque evitaba otras acciones que lo hicieran pasible de ser censurado; por ejemplo, evitó, en un incidente recordado, que se publicara un texto de Haroldo Conti en el suplemento cultural del periódico (Mochkofsky, 2004).

Timerman era sumamente crítico de la violencia guerrillera, a la que denunciaba con el mismo énfasis que dedicaba a la acción represiva. Por ello, solo aceptó mantener una reunión con Amnesty International cuando esa delegación fue recibida por el gobierno. En ese encuentro, Timerman le solicitó a la organización que denunciara también el “terrorismo de izquierda” y le aseguró que no había en Argentina campaña antisemita alguna. En septiembre de 1976 le había hecho al embajador norteamericano Robert Hill un comentario similar: no existía antisemitismo en el régimen; la preocupación sobre este era consecuencia de una reacción exagerada de las organizaciones judías de EE. UU. En un sentido similar, La Opinión rechazó la iniciativa del subcomité de la Cámara de Representantes estadounidense que analizaba la violación a los Derechos Humanos en Argentina a fines de 1976 (Mochkofsky, 2004).

Con la llegada a la presidencia de Estados Unidos de James Carter, la designada coordinadora de Derechos Humanos del Departamento de Estado, Patricia Derian, emprendió una visita a la Argentina en marzo de 1977. En las reuniones que mantuvo con distintas personalidades resultaba casi unánime la convicción de que Videla era un moderado. Jacobo Timerman sostenía, el 31 de marzo de 1977, en su conversación con Derian y otros funcionarios norteamericanos que “la mayor victoria subversiva había sido convencer a los militares que sus tácticas –el terror, la tortura– eran las correctas” (U.S. Department of State, 1977a, p. 2), y que los oficiales militares progresistas estaban logrando paulatinos avances en la protección de los derechos humanos. Timerman sostenía que, si el gobierno lograra derrotar a “los fascistasde izquierda y a los fanáticos de extrema derecha” (U.S. Department of State, 1977a, p. 2), Argentina sería un ejemplo para el mundo. Consideraba que Estados Unidos debía presionar para buscar una mejora de la situación de los Derechos Humanos, pero denunciando los crímenes de ambos bandos para conservar su credibilidad.

De modo que Timerman distaba de ser un opositor a la dictadura: mantenía buenos vínculos con funcionarios civiles y militares del régimen y se proponía colaborar para mejorar la imagen del gobierno militar. Nada de eso evitó que, la noche del 14 de abril de 1977, Timerman fuera secuestrado en su casa, llevado a la jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires en La Plata y trasladado luego a Puesto Vasco, cerca de Quilmes, donde comenzaron su tortura y los interrogatorios sobre su relación con la guerrilla y en torno a los atributos que la demonología antisemita le adjudicaba. Esa misma noche fueron secuestrados los periodistas de La Opinión Enrique Jara, luego liberado, y Enrique Raab, que permanece desaparecido. El 22 de abril, un decreto presidencial estableció que Timerman estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), acusado solamente de delitos económicos. La detención del periodista había sido blanqueada por iniciativa de Videla, temeroso, a su vez, de la presión norteamericana y de las repercusiones en la prensa internacional.

El delito que se imputaba a Timerman era su asociación con el banquero David Graiver, que administraba parte de los recursos de Montoneros. Una parte importante de las acciones del diario La Opinión pertenecía efectivamente al empresario, quien, anónimamente, había participado desde sus comienzos como uno de los socios capitalistas (Rotenberg, 2000). Tanto Jacobo Timerman como su socio, Abrasha Rotemberg, negaron entonces y a posteriori cualquier conocimiento de los negocios de Graiver con Montoneros, y es posible que efectivamente lo ignoraran, ya que la relación del banquero con la guerrilla fue posterior al nacimiento de La Opinión. Era evidente la cercanía de Graiver con Montoneros, pero también mantenía relaciones y hacía negocios con muchos otros grupos, desde el ex presidente Lanusse hasta personas de izquierda. Timerman era consciente de que los “duros” planteaban utilizar el vínculo entre Graiver y Montoneros contra sus enemigos internos y contra el “poder judío”, por lo que evaluaba que, si Graiver era apresado, él mismo iba a ser detenido, aunque suponía que se aclararía todo y que, por la presión internacional, no permanecería más de 48 horas detenido (Mochkofsky, 2004).

Timerman, como sabemos, se equivocó en este pronóstico. El 25 de mayo, cuarenta días después de su secuestro, pudo comunicarse con su familia y fue trasladado al Departamento Central de la Policía Federal. El día anterior el gobierno intervino el diario y la planta impresora junto con otras empresas del grupo Graiver. El 7 de junio de 1977 fue trasladado al centro clandestino de detención Centro de Operaciones Tácticas N.º 1 (COT I) de Martínez, aparentemente en represalia por haber contado que había sido torturado. Allí permaneció detenido un mes; luego fue llevado a varias comisarías del Gran Buenos Aires y, finalmente, fue devuelto al Departamento Central de Policía. En septiembre de ese año, Timerman prestó testimonio ante el Consejo de Guerra Especial estable número 2 que intervenía en el caso Graiver, tribunal que en octubre dictaminó que no había razón para seguir el proceso en su contra y ordenó el cese de su detención. Sin embargo, permaneció encarcelado y, el 10 de noviembre, la Junta Militar aplicó a Timerman el Acta de Responsabilidad Institucional, acusado de haber favorecido el desarrollo de la “subversión” y la corrupción. El 17 de abril de 1978 le fue concedida la prisión domiciliaria.

En julio de 1979, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al habeas corpus presentado por su esposa Risha en abril de 1977 y revocó el decreto del Poder Ejecutivo por el que Timerman había sido detenido, pero mantuvo vigente la resolución que lo había puesto bajo el Acta de Responsabilidad Institucional. El 17 de septiembre, la misma Corte Suprema declaró inconstitucional la potestad de la Junta Militar para aplicar sanciones derivadas del Acta de Responsabilidad Institucional, lo que abrió las puertas, tras una grave crisis en la cúpula militar, para que, el 25 de septiembre, se le revocara la ciudadanía argentina a Timerman y se lo expulsara del país, con destino a Israel (Mochkofsky, 2004).

Culminaba así un largo período en el que el gobierno dictatorial había recibido presiones y, a la vez, negociado con el gobierno norteamericano e israelí, y el propio Videla había navegado entre sus voluntades: que el “Caso Timerman” no generara un rechazo internacional y mantener el equilibrio con los sectores de las Fuerzas Armadas que no estaban dispuestos a aceptar la liberación del periodista.

La gran prensa y los periodistas: complicidad, negocios, resentimiento

La biógrafa de Jacobo Timerman, Graciela Mochkofsky, ha trazado un cuadro de las primeras reacciones de personas cercanas al periodista y de algunos de sus colegas al momento de su detención. Relata que, al momento de la desaparición, José, el hermano de Jacobo, hizo una lista de cien personas influyentes a las que se proponía visitar: funcionarios militares, diplomáticos, todos los conocidos de su hermano potencialmente influyentes. Cada día elegía tres nombres e iba a buscarlos.

La mayoría se limitaba a escucharlo: muchos, especialmente periodistas, lo hacían con una sonrisa sarcástica. Varios le sugirieron, con mayor o menor claridad, que su hermano merecía estar preso. La reacción general era de sospecha: nadie quería quedar ligado a Timerman ahora que se lo vinculaba a la guerrilla. Los viejos amigos azules, los periodistas a los que había dado trabajo en el pasado, sus amigos del establishment. ¿Dónde estaban ahora? José no lograba la solidaridad de ninguno (Mochkosfsky, 2004, p. 309).¹

El general Juan Enrique Guglialmelli, el militar de la antigua facción azul más cercano a Timerman y a quien La Opinión le publicaba gratuitamente los avisos de su revista, le dejó claro que no haría nada para ayudarlo. Rogelio Frigerio, con quien había colaborado años antes, se negó a publicar una editorial en Clarín. El general Roberto Levingston declaró en La Nueva Provincia que Timerman pertenecía a un aparato de poder que financiaba la violencia y la muerte (Mochkofsky, 2004). Parece razonable pensar que estas reacciones se motivaron en el repudio al vínculo entre Timerman y Graiver –y, por extensión, a Montoneros– o en el temor a quedar asociado a la figura del periodista, incluso en personas que seguramente conocían la naturaleza del sistema represivo, pero se sentían al margen del peligro de convertirse en sus víctimas.

Para los grupos de extrema derecha y su prensa, el “caso Timerman” resultó un catalizador de orientaciones de más largo plazo. Poco tiempo antes de su secuestro, Timerman ya era destinatario de expresiones antisemitas tanto por parte de Cabildo como de la directora de La Nueva Provincia; los antecedentes podían rastrearse antes. Durante los primeros meses de la dictadura de Onganía, Azul y Blanco lo acusaba de ser un “agente marxista” y recordaba su condición de judío. A partir del 24 de marzo de 1976, tanto Cabildo como La Nueva Provincia afirmaron que había llegado el momento de combatir a los ideólogos y financistas de la subversión, concentrándose en la figura de Graiver, para abocarse, tras la detención de Timerman, a la demonización de su figura, apelando a las formas de la demonología antisemita a las que recurrían habitualmente. Durante los treinta meses que permaneció detenido, La Nueva Provincia no dejó de informar acerca de las vicisitudes del caso y Cabildo, en su radical estilo, actuó de modo similar (Cersósimo, 2022).

Los grandes diarios cubrían el caso Timerman repitiendo lo que decían las fuentes militares. La Prensa y La Nueva Provincia, cercanos a Ramón Camps, lideraron la campaña. Ninguno de los medios de la gran prensa repudió el secuestro de Timerman, elemento que confirma la tantas veces señalada identidad de intereses, simpatía o directa complicidad de esos medios con la represión dictatorial. Pero, más allá del plano político, existen elementos explicativos de otra índole, como los que repone Graciela Mochkofsky:

En el caso de Timerman intervenían, además, motivos personales. Nunca había sido querido en el ámbito periodístico. Su temperamento y sus gestos de desprecio le habían ganado muchos enemigos, celos, envidias, resentimientos acumulados durante décadas (2004, p. 309)

Según la misma autora, Máximo Gainza, dueño de La Prensa, explicaba que los principales editores despreciaban a Timerman por parvenu y lo envidiaban porque tenía acceso a los funcionarios del poder. El establishment periodístico no le perdonaba que en Primera Plana se hubiera publicado una sección en la que se ventilaban historias de su competencia. Lo detestaban también quienes lo habían necesitado, como quienes le pidieron gestiones ante el gobierno de Onganía. De modo que la caída en desgracia de Timerman puede haber sido vista como una reparación para sus enemigos, una oportunidad que la dictadura daba a sus adversarios para saldar viejas deudas, más allá de la cercanía o distancia que se tuviera con el régimen. Así, la autora agrega a las explicaciones centradas en las creencias políticas el plano de las relaciones personales, de las emociones ligadas al resentimiento, el desprecio y el rencor, que explican el desinterés –si no la callada aprobación– de esos colegas respecto del destino de Timerman. Al respecto, James Nielson decía que Timerman fue admirado, pero no querido, sino envidiado, y que una mayoría entre los periodistas disfrutó verlo caer, mientras Robert Cox recordaba que en la propia redacción de La Opinión se manifestaba la ausencia de todo espíritu de resistencia y encontraba, en cambio, enojo con Timerman porque no había dicho a sus editores que Graiver era socio del diario (Mochkofsky, 2004).

El propio Cox fue casi la única excepción en este campo, ya que publicó en el Buenos Aires Herald una editorial a favor de Timerman el 30 de abril, a solo una semana de haber sido detenido él mismo por un comando de la Policía Federal por haber publicado información sobre una conferencia de prensa de Montoneros en Roma:

Si nadie entre la mucha gente a la que ayudó en el curso de los años, nadie entre los numerosos socios con los que contó, ni nadie de entre los miembros de su personal se siente movido a decir algo en su favor, me siento moralmente obligado a hacerlo yo (Mochkofsky, 2004, p. 311).

Defendió su figura como periodista, pese a señalar sus errores, afirmando que “la prensa debería dar el ejemplo en lugar de liderar a los que le arrojan barro” (Mochkofsky, 2004, p. 311). Algunos meses después, el 8 de diciembre, James Nielson publicó en el Buenos Aires Herald una columna titulada “El fantasma de Dreyfus”, en la que comparó a Timerman con el capitán francés y afirmó que la prensa gimió con placer cuando el periodista fue arrestado. No hubo otras publicaciones críticas sobre la detención de Timerman por esos años.²

Las reacciones de Cox y Nielson resultan excepcionales y, más allá de considerarlas heroicas, no debe olvidarse que gozaban de una relativa protección por tratarse de periodistas extranjeros con amplio reconocimiento. El grueso del periodismo argentino obró en un sentido contrario, lo que puede explicarse por la disposición a aceptar, por convicción, conveniencia o miedo, el discurso gubernamental acerca del carácter subversivo de Timerman derivado de su asociación con Graiver.

Al respecto –y aunque se convirtió con los años en un argumento reiterado– recordemos que ya en abril de 1977 el periodista Mario Diament había denunciado, en diálogo con la embajada norteamericana, conexiones entre los que consideraba golpistas de la línea dura que habían secuestrado a Timerman y la gran prensa. Señalaba entonces que La Prensa y La Nueva Provincia eran los voceros de estos grupos, mientras La Nación y Clarín se habían beneficiado ampliamente de la venta de la empresa Papel Prensa, del grupo Graiver, a precios extraordinariamente bajos.

Pero, a todo esto, el análisis de Mochkofsky (2004) agrega otro factor central, el propio del mundo de las emociones, que, en definitiva, contribuye a conformar la identidad social y la comprensión del mundo de sus portadores, en un nivel intermedio entre lo racional y lo irracional. Las emociones adoptan la forma de narraciones que conectan causas y efectos de una manera específica, asignando culpas y obteniendo soluciones a los dilemas. Las estructuras del sentir en las que se organizan pueden indicar una experiencia social compartida, que puede o no nombrarse explícitamente y puede o no formar parte del discurso público (Illouz, 2023; Dubet, 2021). Posiblemente por ello, mientras podía expresarse en el ámbito público la condena al Timerman “cómplice de la subversión”, resultaba muy difícil que saliera de la esfera privada la expresión de odio o desprecio al parvenu, al judío arrogante al que no consideraban merecedor de la posición que había alcanzado.

El mundo judío y el debate por los sentidos del antisemitismo. Política, conveniencia, acomodación

Entender las reacciones que provocó en las instituciones y dirigentes judíos de la Argentina el caso Timerman implica comprender el modo en que fue caracterizada su detención. Al respecto, podemos identificar dos polos ordenados en torno a la consideración del lugar del antisemitismo en el régimen militar argentino y, a partir de ello, de la discusión acerca de la existencia de motivaciones antisemitas entre las causas de la detención de Jacobo Timerman.

Como ha mostrado Kahan (2011), fueron muy pocas las voces judías argentinas que se hicieron sentir en torno a Timerman al conocerse su detención. Entre estas escasas voces se encontraron las de Nehemías Resnizky –más a título personal que como presidente de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas)–, el rabino Marshall Meyer y el semanario Nueva Presencia, que años más tarde confluiría en la formación del Movimiento Judío por los Derechos Humanos. Kahan (2011) ha propuesto que el motivo de este silencio, posiblemente, se encuentre en los móviles que ocasionaron su detención: las derivaciones del “caso Graiver”.

El desarrollo del “caso Graiver” y la detención de Timerman coincidieron con un acercamiento de la DAIA al régimen, que incluyó el apoyo a la “lucha antisubversiva”. A un mes del secuestro de Timerman, en mayo de 1977, la entidad judía abandonó su tradicional postura de “prescindencia” y comenzó a adherirse a las proclamas militares que reivindicaban actuar para restaurar el orden. De hecho, distintos investigadores sostienen que la DAIA adoptó una actitud de sumisión al gobierno tras el secuestro de Marcos Resnizky, el hijo del presidente de la entidad judía, ocurrido en julio de 1977, incidente que culminó cuatro días más tarde con la liberación del joven. Klich (1989) sostiene que esa mayor sumisión frente al gobierno se evidenció con el alejamiento de la DAIA del organismo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en la que participaba a través del envío de un representante informal. Los reclamos de familiares de desaparecidos fueron, en general, tratados con desidia por la DAIA, muy probablemente porque las víctimas de la represión no formaban parte, de modo orgánico, de las instituciones judías, que, a su vez, mantenían una relación de desconfianza mutua con los grupos políticos, sindicales o estudiantiles donde esas personas habían militado.

Feitlowitz (1998) analizó una serie de testimonios de familiares de desaparecidos que percibieron un cambio de actitud de los funcionarios de la DAIA a partir de julio de 1977: tanto Reneé Epelbaum como Frida Rosenthal, con anterioridad a esa fecha, recuerdan haber sido recibidas y que se les propuso dejar los nombres de sus familiares secuestrados con la promesa de “preparar una lista para entregar al gobierno”; luego notaron que comenzó a repetirse un discurso acusatorio cada vez que se acercaban a la DAIA: “A ustedes les pasó esto porque no les dieron a sus hijos educación sionista”. Al respecto, la investigadora propone que esos testimonios evidencian que la DAIA, tras el secuestro del hijo de Resnizky, “estrechó su relación con el gobierno”, generando un reposicionamiento a favor de “la erradicación de los grupos ‘subversivos’” y como una afirmación de la sociedad occidental y cristiana, “que DAIA leía entre líneas como occidental judeo-cristiana” (Feitlowitz, 1998, pp. 101-107).

En 1978, la DAIA participó, junto a más de trescientas asociaciones civiles, en una campaña contra “aquellos que pretenden distorsionar la imagen del país en el exterior”, dando un apoyo explícito a la “campaña antisubversiva” (Armony, 2004, p. 16). El presidente de la DAIA, Nehemías Resnizky, destacó, en el marco de las acusaciones vertidas sobre la comunidad judía con el caso Graiver, en junio de 1977, en una reunión de la Comisión Directiva de esa organización, que “la subversión y la corrupción, en cuanto enemigos del país, son también de la comunidad judía” (Kahan y Schenquer, 2016, p. 152). En una reunión con el ministro del Interior Harguindeguy, dirigentes de la DAIA expresaron que: “Deseamos como el que más el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los culpables, sean o no judíos” (Kahan y Schenquer, 2016, p. 153).

Como proponen Kahan y Schenquer (2016), si el abandono de la neutralidad se vinculaba al clima social y político que atravesaba el país, la DAIA logró, a través de su posicionamiento, mantener el diálogo con los funcionarios del régimen que hacían lugar a los pedidos de la dirigencia judía. Este alineamiento no le impidió a Resnizky cuestionar la arbitrariedad de la detención de Timerman. En 1977 expresó, en respuesta a las preguntas de miembros del Congreso Judío Mundial, la preocupación de la comunidad judeo-argentina por el continuado y no explicado encarcelamiento de Timerman.

De hecho, en el primer comunicado de la DAIA sobre la detención de Timerman se explica con claridad que la asunción de su defensa se debe a que, a diferencia de la mayor parte de los detenidos y desaparecidos de origen judío, Timerman había sido un miembro activo de la comunidad judía que había defendido posiciones sionistas:

No sabemos qué se le imputa y nos sometemos, obviamente, como ciudadanos argentinos, a lo que establezcan los Tribunales del país. Pero no podemos asociar su nombre a los demás nombres de fonética judía que aparecen en los diarios, porque contrariamente a todos ellos, Timerman ha sido un hombre que ha pertenecido desde su juventud al movimiento sionista organizado y, desde las páginas de “La Opinión”, ha realizado una constante y valiente lucha contra el nazismo y el antisemitismo. (Comunicado de DAIA, 2 de mayo de 1977, como se citó en Kahan, 2011, p. 181)

Este parece ser un posicionamiento hacia adentro de la comunidad judía (reclamamos por alguien propio) y hacia el régimen militar (no pedimos por un subversivo). Un año más tarde, en una declaración en la que se señalaba que aún no se sabía qué cargos se le imputaban, se usaban argumentos similares:

En numerosas oportunidades hemos expresado nuestra preocupación por su suerte, circunstancia que reiteramos hoy. Lo hacemos no sólo porque el tribunal que lo juzgó lo exoneró del cargo de subversión, sino porque Jacobo Timerman ha mantenido una constante y valiente lucha contra el antisemitismo y el nazismo identificándose plena y abiertamente con Israel y el movimiento sionista. (Mundo Israelita, 1 de abril de 1978, como se citó en Kahan, 2011, p. 199).

Como vemos, los reclamos de la DAIA fueron de muy bajo perfil y se formularon siempre bajo el resguardo de estar preocupados por un miembro activo de la colectividad judía y no por un “subversivo”. Por su parte, los rabinos de tendencia reformista Roberto Graetz y Marshall Meyer denunciaron la situación de Timerman y acompañaron durante su cautiverio cada pedido de liberación. Marshall Meyer, de nacionalidad estadounidense, visitó regularmente a Timerman y reclamó por él ante el gobierno militar y las autoridades norteamericanas. Ambos religiosos solían denunciar actos de antisemitismo puntuales. No obstante, al ser consultados sobre las dictaduras latinoamericanas y sus rasgos antisemitas, aconsejaban evitar apreciaciones falsas que la prensa internacional “sobreactuaba”, difundiendo en “un tono morboso y amarillo” (Schenquer, 2023; Kahan y Schenquer, 2016).

Lejos de estas posturas, en los años inmediatamente posteriores a la liberación de Timerman se levantaron otras voces en el seno de la colectividad judía que asumieron parcialmente el discurso de los militares que habían encarcelado a Timerman. Como respuesta al premio “Hubert Humphrey” concedido in absentia por la “Anti-Defamation League de la B’nai B’rith” a Timerman, Nissiem Elnecave, director del periódico conservador La Luz, publicó una serie de editoriales, algunas de las cuales serían reproducidas por La Prensa entre agosto y octubre de 1979. En estos textos combatía la imagen de Timerman como una víctima injustamente detenida:

Esto es en suma lo que las autoridades argentinas han logrado con el caso Timerman. Sin merecerlo de ningún modo, han hecho de Timerman el mártir número uno del país en la historia moderna argentina. Las docenas de periodistas desaparecidos han bajado a las sombras del olvido a pesar de que ellos son los verdaderos mártires […] Los que persisten en mantener a Timerman en su situación actual” han concedido un respaldo moral injustificable al incriminado (La Prensa, 1979, como se citó en Kahan, 2016, p. 330).

Elnecave sostendría que en La Opinión trabajaron destacados miembros de las organizaciones político-militares Montoneros, ERP y FAR y, en relación con el reclamo de Timerman de resultar una víctima del antisemitismo: “Lo cierto es que Timerman se salvó porque es judío. Si en este caso hubo antisemitismo, este obró exactamente al revés, es decir, benefició al inculpado” (Elnecave, 1979, como se citó en Kahan, 2016, p. 331). De este modo, desde una clara posición conservadora, no solo se ponía en duda la inocencia de Timerman respecto a las acusaciones que habían motivado su detención, sino que se denunciaba un uso instrumental de la denuncia de antisemitismo que el propio exdirector de La Opinión formulaba.

En general, puede sostenerse que el posicionamiento del liderazgo del colectivo judío surgía, en principio, de su postura general de acercamiento al gobierno dictatorial, que –surgido de la convicción o de la creencia estratégica de que se trataba de la postura que mejor lograría proteger la vida de las instituciones israelitas– provocaba que hasta la defensa de Timerman se hiciera en el lenguaje promovido por el régimen cívico-militar. En este sentido, la noción de acomodación, entendida como adaptación estratégica a unas condiciones no elegidas, parece apropiada como vía de intelección. La atribución o no de intenciones antisemitas al régimen, y la diferente disposición a atender los reclamos de personas encuadradas o no en instituciones judías, hicieron el resto, como una derivación de un modo de conocer arraigado en prácticas previas y articuladas con estructuras del sentir que permitían definir quién era digno de protección y qué significados abarcaban las nociones de judaísmo y de antisemitismo.

El nivel macropolítico internacional: EE. UU., la guerra fría y su impacto sobre el modo de definir el “Caso Timerman”

Desde el punto de vista internacional, como ha propuesto Kahan (2016), la representación de los judíos como víctimas especiales de la última dictadura militar se gestó tempranamente. El 28 de septiembre de 1976, Burt Levinson, representante de la Anti-Defamation League (ADL) de la B’nai B’rith para América Latina, presentó su testimonio sobre los derechos humanos en Argentina ante una comisión de la Cámara de Diputados de Estados Unidos. En él alertaba sobre el crecimiento del antisemitismo en el país y destacaba que varios de los muertos en atentados terroristas y de las personas desaparecidas eran de ascendencia judía. Como hemos señalado, uno de los principales objetores de esta caracterización era, por entonces, Jacobo Timerman, quien, en los años posteriores, sin embargo, se presentaría básicamente como una víctima de un régimen radicalmente antisemita y de unos captores creyentes en las teorías del complot judío mundial. Tal es el corazón de su libro Preso sin nombre, celda sin número (1981), en el que daría cuenta de su experiencia como víctima de la dictadura argentina.

De hecho, cuando Mario Diament llamó a la embajada de Estados Unidos en nombre de la dirección de La Opinión y pidió que el presidente Carter emitiera una declaración de preocupación por la desaparición de Timerman, alertó que podía haber una corriente antisemita subyacente, aun cuando también admitió que el periódico había recibido préstamos de Graiver en el pasado (Mochkofsky, 2004). Unos días más tarde, el embajador norteamericano informaba sobre su encuentro con Héctor Timerman y Mario Diament, en el que el primero dijo que la Policía de Buenos Aires que inició la investigación tenía inspiración antisemita y comparó el clima de Argentina “con el de la Alemania justo antes del golpe de Hitler” (U.S. Department of State, 1977b, p. 2), mientras el segundo explicó que el grupo de los militares “duros” buscaba crear un apoyo popular denunciando a las empresas judías (U.S. Department of State, 1977b, p. 3).

De modo que la interpretación de la detención de Timerman como resultado de una política antisemita de una parte del régimen estuvo presente desde el comienzo en la voz de los propios actores, aun cuando en todos los casos se separara la imagen de Videla de la de los militares “duros”. En efecto, en este caso particular, Videla abogaba por la liberación de Timerman, consciente de los efectos internacionales de su detención, posición compartida por Martínez de Hoz, temeroso por el impacto del caso Timerman en los Estados Unidos. De hecho, cuando en agosto de 1977 Jacobo Timerman se reunió con el representante norteamericano republicano Benjamin Gilman, insistió en que Videla era un moderado y señaló que el gobierno debió tomar medidas extraordinarias para combatir el terrorismo, a la par que insistió sobre el carácter antisemita de sus interrogadores (Mochkofsky, 2004).

El tema del antisemitismo era vital para EE. UU., en parte por las presiones de la comunidad judía, que en varias ocasiones manifestó su preocupación a través de las instituciones representativas o de iniciativas individuales, en múltiples reclamos de ciudadanos a sus representantes legislativos. Las instituciones judías más representativas tomaron caminos divergentes en cuanto a su actuación. La Liga Antidifamación había testimoniado en el Congreso sobre el aumento de la actividad antisemita en Argentina desde el gobierno de María Estela Martínez de Perón y no dejó de hacerlo tras el golpe de Estado. En 1977 comenzó una campaña pública por la liberación de Timerman que sostendría en los siguientes años. En cambio, el American Jewish Committee (AJC) adoptó una actitud menos frontal. Su representante en América del Sur, Jacobo Kovadloff, viejo conocido de Timerman, tenía fuertes vínculos con la Marina y lazos con Emilio Massera. Llevó el reclamo por Timerman al AJC y a la embajada norteamericana en abril de 1977, tras lo cual comenzó a recibir amenazas que motivaron que abandonara la Argentina, para radicarse primero en Brasil y luego en Estados Unidos. También él veía en el secuestro de Timerman un intento de perjudicar a Videla y a los “moderados”. A partir de entonces, el AJC optó por mantener sus reclamos en un bajo perfil, sin desarrollar campañas públicas que temían pudieran perjudicar a los judíos argentinos (Mochkofsky, 2004).

Como ha afirmado Sheinin (2013), aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presionó en varias ocasiones al gobierno argentino en torno al caso Timerman, no está claro cuánto influyó esta comisión en la decisión de liberar al periodista. La visita de la CIDH coincidió con la decisión de la Corte Suprema que abrió el camino a la resolución de la Junta Militar de revocar su ciudadanía y expulsarlo a Israel. Está claro que las presiones de las organizaciones judías norteamericanas en favor de Timerman se superpusieron con las preocupaciones del gobierno sobre las influencias extranjeras. Mientras la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) culpaba a la comunidad judía alrededor del mundo por la campaña a favor de Timerman, sabían que la excedía, ya que los reclamos se extendían por Europa Occidental y los Estados Unidos (Sheinin, 2013).

La crisis generada por las múltiples denuncias a la dictadura, que incluían acusaciones por antisemitismo, disminuyó en 1980 con la elección de Ronald Reagan, cuyo gobierno puso como prioridad la lucha anticomunista y dejó de presionar a los regímenes militares sudamericanos por la situación de los DD. HH. Con la llegada a la presidencia del republicano, a comienzos de 1981, se levantaron las limitaciones a la asistencia militar y crediticia a las dictaduras latinoamericanas y, en el caso argentino, se estableció una fuerte alianza centrada en la represión de los movimientos insurgentes en Centroamérica.

En este contexto, un Timerman que se encontraba en la cúspide de su fama llegaba a Estados Unidos y presentaba su libro Preso sin nombre, celda sin número (1981). En ese libro, escrito en Tel Aviv en 1980, Timerman relata su secuestro ilegal, encarcelamiento y las torturas a las que fue sometido, enfatizando la denuncia del antisemitismo de un régimen al que no duda en comparar con el nazismo. Además de sus denuncias del antisemitismo de la dictadura, fue un agudo crítico del recién instaurado gobierno de Reagan y del gobierno israelí, lo que abrió cauces para los contactos entre miembros del gobierno argentino, el norteamericano y círculos de la derecha norteamericana.

Mientras en Argentina se desplegaba una campaña de acción psicológica, en 1981 el Departamento de Estado comenzó a combatir la idea de que el gobierno argentino tenía motivaciones y prácticas antisemitas. Aprovechando estas circunstancias, el gobierno argentino hizo circular información entre legisladores norteamericanos acerca de los vínculos entre Timerman y Graiver (Rama, 2024; Feld y Kahan, 2024). En 1981, los periodistas Irving Kristol y Seth Lipsky repetían en The Wall Street Journal lo que afirmaba la dictadura acerca del vínculo entre Timerman y Graiver. Kristol llamó a Timerman “Solzhenitsyn de la izquierda” y atacó a sus defensores progresistas en Estados Unidos por criticar a un gobierno amigo como el argentino en vez de denunciar a la URSS, y afirmaba, retomando la voz del gobierno, que Timerman no había sido detenido por judío o sionista, sino por sus vínculos con Graiver. El influyente intelectual conservador y periodista William C. Buckley, que también repetía los argumentos de la dictadura argentina, afirmaba, para diferenciar al régimen argentino del nazismo, que Timerman había tratado de impedir el trabajo de Simon Wiesenthal, aunque este lo desmintió.

En un sentido similar, Federico Finchelstein (2014), que entiende que el antisemitismo era efectivamente un atributo central de la dictadura argentina como resultado del hondo enraizamiento de la tradición fascista en el país, sostiene que Timerman fue el primero en hacer explícita esta dimensión del antisemitismo dictatorial. Sus escritos, dando cuenta de esa experiencia, aparecieron primero en The New Yorker, y los intelectuales y la prensa liberal lo apoyaron ampliamente; pero para los intelectuales conservadores Timerman era visto como deshonesto e irresponsable. El exsecretario de Estado Henry Kissinger, aunque no negaba que existieran tendencias antisemitas en Argentina, las diferenciaba de las de tipo nazi, lo que minimizaba el punto de vista de Timerman. La opinión pública conservadora consideraba el libro de Timerman una exageración. Un argumento similar se profundizaría meses después en el seno de parte de los intelectuales judíos norteamericanos conservadores, en respuesta a la aparición en inglés del libro en que Timerman narraba su persecución y torturas.

Contrastando con la caracterización de Timerman, en un artículo publicado en Commentary, la revista fundada por el AJC y que expresaba por entonces a la intelectualidad judía en tránsito desde posiciones progresistas a conservadoras, el politólogo Mark Falcoff afirmaba en julio de 1981:

Jacobo Timerman no fue secuestrado por ser judío, o probablemente ni siquiera porque protestara contra la conducta de las fuerzas de seguridad argentinas, sino porque su socio comercial tenía conexiones íntimas con una de las organizaciones guerrilleras de izquierda más importantes del país. Aunque inocente, Timerman fue tratado con indecible crueldad durante unos seis meses, sometido a un proceso tanto más duro cuanto que sus captores eran abiertamente antisemitas (Falcoff, 1981, párr. 53).

Este intelectual proponía una lectura complaciente con la represión en Argentina, aun cuando criticaba algunos de sus rasgos, como respuesta al desafío lanzado por la izquierda revolucionaria. Esta interpretación se daba en el marco de una cosmovisión hostil a la política exterior de James Carter y centrada en la lucha contra el bloque socialista. En este marco, negaba el carácter sistémicamente antisemita y proponía, como Elnecave, que Timerman salvó su vida por ser judío. El énfasis en su conexión con Graiver, sin resultar por completo una acusación, aparece como sumamente comprensivo con la actuación de las fuerzas represivas argentinas. Semanas después, una columna de Michael Walzer (1981) en The New York Review of Books planteaba que:

…el libro de Timerman fue recibido con una campaña de descrédito conducida por los intelectuales conservadores (muchos de los cuales son judíos), y apoyada, según parece, por el gobierno de los Estados Unidos (aunque puede ser ésta la obra de una facción extremista dentro del gobierno, que no cuenta con el apoyo total de los moderados en Washington). Los argumentos contra Timerman son que exagera el antisemitismo argentino, que equivoca la descripción del régimen de los generales, que su penosa experiencia no fue más que un desgraciado incidente ocurrido dentro de una sangrienta guerra civil, y por último, y lo más importante, que él mismo era un auténtico sospechoso (y que la distinción entre terrorista y sospechoso -hablemos con claridad ajena- a menudo debe dejarse de lado si ha de ganarse la lucha contra el terrorismo (Walzer, 1981, p. 6)

Afirmaba Walzer (1982) que la conexión destacada por Falcoff y por otros intelectuales conservadores, como Irving Kristol y Benno Varon, entre Timerman y Graiver no es otra que la postulada por el gobierno argentino, o su vocero La Nueva Provincia, a la que otorgan credibilidad. Walzer afirma entonces que estos escritores neoconservadores no sostienen que los generales no hayan cometido crímenes, sino solo que han cometido crímenes por una causa justa: crímenes necesarios en los que se debe encuadrar el padecimiento de Timerman. La era de Ronald Reagan tornaba ahora respetable en Estados Unidos una interpretación que había nacido en Argentina de manos de la dictadura.

La transformación en la opinión de las organizaciones judías fue notable. Sea por el cambio de orientación que implicó la llegada de Reagan a la presidencia o debido a sus críticas al gobierno israelí, la movilización en torno al caso Timerman disminuyó. Un informe de la SIDE notaba que, hacia fines de 1981 y comienzos de 1982, la presencia pública del caso Timerman disminuyó a nivel internacional, ya que no lograba concitar el apoyo de las organizaciones judías del mundo, fuera de un grupo de instituciones hebreas de Estados Unidos (Sheinin, 2013).

En definitiva, nos encontramos con que el escenario macropolítico, que incluye las derivas de la Guerra Fría y los comienzos de la reconquista política y cultural del conservadurismo en los países centrales, no podía sino impactar en los posicionamientos de intelectuales y periodistas, lo que a su vez configuraba modos del saber que influían en las percepciones y definiciones de personas y organizaciones.

Resulta entonces claro que, para dar cuenta de un conjunto diferenciado de actitudes sociales referidas a diversos objetos, se debe estar atento a una complejidad que no solo involucra distintos niveles de la política y la cultura, sino también distintas escalas. En efecto, mientras la perspectiva micro permite dar cuenta del modo en que las interacciones posibilitan acceder a las subjetividades y afectividades, la macro puede aportar las coordenadas que expliquen los sentidos atribuidos por los actores a los conceptos, las palabras y las prácticas.

Referencias bibliográficas.

Allport, F. (1924). Social psychology. Houghton Mifflin.

Allport, G. W. (1935). Attitudes. En C. Murchison (Ed.), A handbook of socialpsychology (pp. 798-844). Clark University Press.

Armony, A. (2004). Mejor no hablar de ciertas cosas. Responsabilidad social y terrorismo de Estado en Argentina. Textos para pensar la realidad, 3(6), 14-23.

Cersósimo, F. (2022). “Videla fue un liberal”. Los tradicionalistas católicos en tiempos de dictadura (1976-1983). UNGS–UNLP. https://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/210

Crespo Suárez, E. (1992). Actitudes, evaluación y racionalidad. Estudios de psicología, (47), 37-46. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=66089

Dubet, F.(2021). La época de las pasiones tristes. De cómo este mundo desigual lleva a la frustración y el resentimiento, y desalienta la lucha por una sociedad mejor. Siglo XXI Editores.

Fabrigat, L. R., MacDonald, T. K., y Wegener, D. T. (2019). The origins and structure of attitudes. En D. Albarracín y B. T. Johnson (Eds.), The handbook of attitudes (pp. 109-157). Routledge/Taylor & Francis Group.

Falcoff, M. (1981, julio). The Timerman case. Commentary. https://www.commentary.org/articles/mark-falcoff/the-timerman-case/

Feitlowitz, M. (1998). A Lexicon of terror: Argentina and the legacy of torture. Oxford University.

Feld, C., y Kahan, E. (2024). La voz de un “interrogador”. Declaraciones públicas de Ramón Camps en torno al “caso Timerman” durante la dictadura (1981-1982). Quinto Sol, 29(1), 1-23. https://doi.org/10.19137/qs.v29i1.7750

Finchelstein, F. (2014). The ideological origins of dirty war. Fascism, populism and dictatorship in twentieth Century Argentina. Oxford University Press.

Illouz, E. (2023). La vida emocional del populismo. Katz Conocimiento.

Iturralde, M. (2023). Prensa y dictadura en perspectiva transnacional. Apuntes sobre el tratamiento periodístico de la última dictadura argentina en el semanario español Cambio 16. Pasado y Memoria, (27), 236–259. https://doi.org/10.14198/pasado.23811

Kahan E. y Schenquer, L. (2016). Los usos del pasado durante la última dictadura militar. El Holocausto como horizonte de los actores de la comunidad judía en tiempos de régimen militar. Temas de nuestra América, 32(60), 149-168. https://doi.org/10.15359/tdna.32-60.8

Kahan, E. (2011). Entre la aceptación y el distanciamiento: Actitudes sociales, posicionamientos y memoria de la experiencia judía durante la última dictadura militar (1976-1983) [Tesis de doctorado, Universidad Nacional de La Plata].

Kahan, E. (2016). Esto no es un Holocausto. El testimonio de Jacobo Timerman y la represión a los judíos durante la última dictadura militar. En G, Águila, S. Garaño y P. Scatizza (Coords.), Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina: Nuevos abordajes a 40 años del Golpe de Estado (pp. 319-483). Universidad Nacional de La Plata.

Klich, I. (1989). Política comunitaria durante las Juntas Militares: la DAIA durante el Proceso de Reorganización Militar. En L. Senkman (comp.), El antisemitismo en Argentina (pp. 274-309). Centro Editor de América Latina.

Mead, G. H. (1972). Espíritu, persona y sociedad. Desde el punto de vista del conductismo social. Paidós.

Mochkofsky, G. (2004). Timmerman. El periodista que quiso ser parte del poder (1923-1999). Debolsillo.

Rama, C. (2024). El general Camps y la dimensión productiva de la última dictadura. Actores, debates y sentidos en el “debate Timerman” (1981-1982). Quinto Sol, 28(3) 1-25. http://dx.doi.org/10.19137/qs.v28i3.8253

Rotenberg, A. (2000). La Opinión amordazada. Del Taller de Mario Muchnik.

Schenquer, L. (2023). “Todas las formas de violencia”: El antisemitismo en Argentina. Representaciones y memorias discursivas en los papeles del rabino Marshall T. Meyer (1960-1985). Revista del Museo de Antropología, 16(3), 257-268. https://doi.org/10.31048/1852.4826.v16.n2.40776

Sheinin, D. (2013). Consent of the damned. Ordinary Argentinians in the Dirty War. University Press of Florida.

Thomas, W. I. y Znaniecki, F. (1918). The Polish peasant in Europe and America. Badger.

Timerman, J. (1981). Preso sin nombre, celda sin número. Ateneo de Caracas.

U.S. Department of State. (1977a, 31 de marzo). Memorandum of conversation (Document No. 85D366 13769) [Memorandum]. FOIA Electronic Reading Room. https://foia.state.gov/FOIALIBRARY/SearchResults.aspx?searchText=85D366

U.S. Department of State. (1977b, 29 de octubre). USUN Daily Unclassified Summary No. 29 [Message Text]. Central Foreign Policy Files, 1973–1979, Record Group 59. National Archives and Records Administration. https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=96701&dt=2532&dl=1629

Walzer, M. (1982, febrero). Argentina en el callejón: Timerman y sus enemigos. Revista de la Universidad de México, 2-7. https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/13b06220-ad8b-4850-8391-5e758f757b58/argentina-en-el-callejon-timerman-y-sus-enemigos

Walzer, M. (1981, septiembre). Timerman and His Enemies. The New York Review of Books.

Notas

Recepción: 10 julio 2025

Aprobación: 17 noviembre 2025

Publicación: 01 junio 2026

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional