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Relatos del litoral: La represión dictatorial en Pichilemu 1973-1977

Introducción

Con la llegada del régimen cívico-militar a Chile el año 1973, se pasó de una democracia constitucional a una dictadura que duró casi 17 años. Y con ella, llegaron atropellos a los derechos humanos con la justificación de mantener el orden en nuestro país, donde en el período 1973 a 1977 se dio el mayor número de desapariciones forzadas. Estas últimas, se pueden observar heterogéneamente a lo largo de nuestro país, aunque con mayor concentración en Santiago. Sin embargo, a pesar de ser Santiago la ciudad con más atropellos a los derechos humanos, el resto del país no queda exento de ello, y para intereses de este trabajo, tampoco Pichilemu.

En el Informe Rettig ¹ podemos observar que no se presenta ningún caso de detención, ejecución o desaparición específicamente en Pichilemu, lo que contrapuesto con el relato de la población de la zona, genera contradicciones, ya que se afirma hubo intervención y al menos detención. Otro factor que llama la atención es la aparición de ejecutados políticos en la sexta región y en zonas aledañas de Pichilemu. También sabemos que el carácter voluntario de entrega de información para el mismo informe hace metodológicamente imposible dar por cerrada la cantidad de víctimas.

Por otro lado, conocemos que la vivencia de la dictadura en la población no fue homogénea en su totalidad. Sin embargo, es posible trazar ciertos patrones comunes que alteraron a la población en su mayoría. Ejemplo de ellos es el toque de queda y, por otro lado, la relación de la población con la violencia, que en este período se vería reflejado por la relación (indirecta o directamente) con el terrorismo de Estado.

Es por esto el presente artículo giró en torno a la pregunta: ¿Qué pasó en Pichilemu durante los años 1973 y 1977? Además, nos guiamos por una pregunta secundaria que aporta para responder la primera: ¿Qué impacto tuvo la dictadura en la población? El artículo consistió en investigar qué pasó durante la dictadura en Pichilemu entre los años 1973 y 1977, específicamente en entender cómo afectó la dictadura en la localidad, si es que hubo casos de terrorismo de Estado y cuál es la percepción que la gente tenía del régimen en ese tiempo. Esto debido a que entendemos que la dictadura militar no afectó con la misma magnitud al país, viéndose mayoritariamente afectadas las regiones con más adherentes a la Unidad Popular.

Estudiar la dictadura en Chile va ligado al deseo de contribuir a la verdad y justicia para este país. Esta investigación sigue ese norte, así como también la necesidad de aportar en el estudio de lugares que la historiografía ha pasado por alto, ya que, debido a su su baja población y bajo “aporte” numérico en muertes han sido ignorados. Pichilemu, es uno de estos lugares. Ubicado en la sexta región, específicamente en la zona centro-sur del país, la memoria colectiva del pueblo señala existió lo que, en otras partes de Chile, y posteriormente, se lo conoció como Plan Z ². En Pichilemu este plan tomó la forma, en el imaginario colectivo, de que en el conocido Barco^3, se escondían armas de fuego ocultadas por los militantes de la Unidad Popular, y de ahí la aparición de los militares el día 11 se septiembre de 1973. Por ello, es imperante la necesidad de estudiar Pichilemu, ya que aporta desde su particularidad a entender cómo se vivió la dictadura en nuestro país y específicamente, en zonas menos pobladas.

Contexto Político

Hacia finales de la década de 1960, se podía apreciar en Chile una polarización política que se venía manifestando desde la elección de Eduardo Frei Montalva ⁴ (Pinto y Salazar, 1999). Esto debido a que el gobierno saliente, comandado por la Democracia Cristiana, veía cómo la continuidad en manos de su sector se veía truncada debido a que el gobierno se había desgastado por sus disputas internas, reflejado en la candidatura de Radomiro Tomic, quien no recibió apoyo convincente de su sector, ya que Tomic se encontraba más a la izquierda dentro de este, así como también por sus choques con el movimiento popular, siendo la masacre de Irigoin en Puerto Montt el conflicto más representativo. Por otro lado, el Partido Liberal y el Partido Conservador, se unirían en un nuevo partido unitario que representaría a la derecha, llamado Partido Nacional. La derecha, finalmente, presentaba al expresidente Jorge Alessandri, quien había gobernado entre 1958 y 1964. Esto mostraba, por un lado, la desesperación de la derecha por volver a entrar nuevamente a disputar la dirigencia del país, y por otro, la necesidad de hacerle frente, a la figura que más opciones tenía de ganar: Salvador Allende.

La izquierda, por su lado, uniría nuevamente fuerzas en el nuevo proyecto llamado Unidad Popular, cuyo núcleo estaría conformado por el Partido Socialista, el Partido Comunista y con apoyo de partidos minoritarios como el MAPU, llevando de candidato al Senador Salvador Allende (Peñaloza, 2011:70). Este proyecto, se conjugaba en torno a la reestructuración organizacional del Estado, tanto nacional como localmente. Además, proponía el socialismo para cambiar el modo de producción capitalista. Es en ese contexto en el cual se desarrollan las elecciones de 1970, dando por ganador a Salvador Allende y la Unidad Popular con un 36,2% de los votos, seguido de cerca por Alessandri con un 34,9% y en último lugar Tomic con un 27,8%.

Desde que el presidente Salvador Allende puso pie en La Moneda, conocemos los intentos de la oposición por desestabilizar su gobierno, debido a la abierta cercanía que tenía la Unidad Popular con los postulados marxistas. Esto queda demostrado cuando antes de asumir, a Salvador Allende se le hace firmar en el Congreso Nacional un acuerdo de garantías constitucionales, por medio del cual se comprometía a respetar la institucionalidad. En noviembre de 1970, el gobierno de la Unidad Popular asume, con la economía en recesión, lo que de alguna u otra manera reflejaría lo que fue el gobierno de Allende, un gobierno de logros y fracasos, pero sobre todo, un gobierno con permanentes trabas. El programa, por su lado, estaba enmarcado en avanzar hacia una nueva reestructuración estatal, con la inclusión efectiva de las clases populares en la política nacional y que, según Loveman y Lira (2000: 337), terminaría con el dominio imperialista, de los monopolios y la oligarquía, empezando a pavimentar el socialismo en Chile.

Eran dos los grandes partidos que comandaban la UP: por un lado, el Partido Comunista y por otro, el Partido Socialista que, desde el congreso de Chillán de 1967, estaba abocado a la revolución mediante la lucha armada, al contrario de su par comunista. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que a pesar de no formar parte oficial del gobierno, era otro grupo político que estaba por la lucha armada y simpatizaba con sectores de la UP. A pesar de existir corrientes que abogaban por apurar la llegada del socialismo a Chile mediante el uso de las armas, el gobierno de Allende apuntó a transformar el país mediante el marco constitucional y la vía de lo legal. Según Brian Loveman y Elizabeth Lira (2000), Allende no podía controlar a su partido, lo que en ocasiones solía acercarlo con el discurso armado del MIR. Sergio Salinas (2013: 154), por otro lado, señala que resaltar comparativamente la experiencia revolucionaria de lo que significó el triunfo de un proyecto socialista por la vía democrática, da cuenta de la importancia del triunfo de la Unidad Popular. Esta importancia reside en terminar con la tesis de que el socialismo, entendido como el “relevo en el poder de la oligarquía por el pueblo, el desplazamiento de la hegemonía de la burguesía por la clase trabajadora y la construcción de una nueva economía predominante socializada y planificada” (Salinas, 2013: 153), solo podría ser alcanzado por la vía armada. Es por eso que el gobierno de la Unidad Popular era, ante todo, un proyecto democrático, pero revolucionario.

Es a razón de ello que la derecha, encabezada por el Partido Nacional, haría todo lo posible por boicotear el gobierno de Allende no solo desde la oficialidad del sector político, sino que también, se sumarían actores privados como por ejemplo Agustín Edwards, dueño de El Mercurio, diario conservador más importante del país, que sería uno de los encargados, junto con otros medios de comunicación, de generar un clima de terror y de nerviosismo en la opinión pública. Hacían lo suyo también los comerciantes particulares. La periodista Patricia Verdugo señala que: “la acción del boicot del gremio de los comerciantes también fue devastadora. Se acaparaban alimentos y productos de primera necesidad para hacer copiosas ganancias en el mercado negro” (Verdugo, 2016: 113). Orlando Saénz, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril de la época, afirmaba que recibían financiamiento de distintas organizaciones para desestabilizar al país y además señalaba que no se preocupaba de quién recibía la plata, sino que afirmaba que: “solo sabíamos que había que tener mucha plata para crear las condiciones para un golpe militar” (Verdugo, 2016: 113).

Con la crisis económica y social instalada, la tensión social se empezaría a notar en las calles con enfrentamientos directos entre grupos de ambos sectores. Pero no solo eran los sectores civiles antagonistas lo que se enfrascaban en discusiones y peleas, sino que también la clase política. El gobierno de la Unidad Popular, lejos de tener claridad sobre cuál camino tomar, si el de la revolución armada o el de la vía democrática al socialismo como lo habían hecho hasta el momento. Debido a esto, el Gobierno de Allende se junta en dos instancias, la primera en el Arrayán y la segunda en Lo Curro. Winn (2013) sostiene que el debate en Lo Curro giró en torno a dos cuestiones: una económica y otra política. El debate político se centró en si el Gobierno de la UP debía establecer una relación de acuerdos con la Democracia Cristiana para llevar un gobierno más duradero y ortodoxo, y por otro lado, si debían prepararse para la revolución o contrarrevolución de carácter marxista-leninista y de carácter bélico. Al mismo tiempo, se mantenían las protestas fomentadas por la derecha en distintos sectores del país. En el sur, los camioneros de Aysén llamaron a paro para protestar contra los planes de la UP de crear una empresa estatal de camiones que competiría contra los privados. Esto provocó que se diera inicio al conocido Paro de Octubre.

El país estaba sumido en una polarización política total, la única parcialidad que se denominaba centro era la DC. En ese contexto se desarrollan las elecciones del Congreso en marzo de 1973, las cuales demostraban que la izquierda seguía siendo el sector con más apoyo nacional, pero que tenían en su contra a la DC y a la derecha, que juntos sumaban el 60% del congreso. Jaime Rosenblit y Ricardo Nazer (2000:221) describen a la elección de marzo del 73 como la última elección de la antigua democracia chilena.

El 29 de junio de 1973 se produce lo que se conoce como el tanquetazo, un fallido golpe de Estado comandado por el comandante del regimiento blindado N°2, el teniente coronel Roberto Souper, quien posteriormente sabríamos que tuvo contacto directo con Patria y Libertad, y que además se le había ordenado entregar el cargo el día anterior (Loveman y Lira, 2000: 382). Desde La Moneda, hubo una resistencia por los guardias de palacio, por civiles y gente del GAP ⁵. Más adelante se sabría que el tanquetazo representó un ensayo militar para comprobar y corroborar el tiempo de respuesta de las fuerzas armadas leales al Gobierno de la UP. Por otro lado, el presidente Allende llamó ese día a tomarse las industrias, empresas, y que el pueblo saliera a las calles.

Esta fue la última oportunidad que tuvo Allende para mantener -ilusoriamente- el control del gobierno. En cuanto el presidente puso un pie en el Palacio de la Moneda tenía fuerzas tanto internas como externas que, tarde o temprano, iban a acabar con él y con el sueño del pueblo que lo eligió. Finalmente, el 11 de septiembre de 1973 se da inicio a la dictadura, el período más violento de nuestra historia. Así lo resumen La Comisión Chilena de Derechos humanos: “aparece evidente que las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Pinochet han sido, lejos, las más graves y sistemáticas de nuestra historia patria.” (Comisión chilena de Derechos Humanos, 1999).

Datos fundamentales de Pichilemu

Pichilemu⁶ es una comuna que actualmente pertenece a la Provincia Cardenal Caro en la sexta región del Libertador Bernardo O’Higgins. Hacia 1960 (Entidades de Población: 10), la comuna de Pichilemu se dividía en 25 sectores, los cuales en su mayoría se mantienen hasta el día de hoy. De esos sectores, solo uno era considerado como pueblo; el resto como caseríos, concentrándose, por lo tanto, la mayoría de la población en la zona rural. Hacia 1970, la situación demográfica se mantendría de manera similar. Con un total de 8.054 personas y una población predominantemente rural, que llegaría a las 5.328. Por otro lado, la población urbana llegaba a las 2.726 personas, concentradas en el pueblo que tiene el mismo nombre de la comuna, Pichilemu. Actualmente, la tendencia se ha revertido y el pueblo de Pichilemu, hacia 2002, concentraba aproximadamente 9.459 personas, de un total de 12.392 (PAC Consultores, 2010: 86)

Durante el Gobierno de Salvador Allende, en 1972, se propone al Congreso la creación del Departamento de Peralillo para descentralizar Santa Cruz. Este estaría compuesto por las comunas de Marchigüe, La Estrella, Pumanque, Rosario y Pichilemu, postulando a Peralillo como capital. Sin embargo, se descartó a Peralillo tanto en su nombramiento como capital como en su inclusión en el departamento. Marchigüe fue la elegida como capital departamental y “se renombró su unidad administrativa como departamento Cardenal Caro, siendo así aprobado por el Congreso Nacional, y promulgado por el presidente Allende en agosto de 1973” (Grez-Cañete, 2016: 51). Ya en la dictadura y con el plan de la CONARA (Comisión Nacional de Reforma Administrativa), las provincias y departamentos fueron transformadas en regiones y provincias. La actual región fue dividida en las provincias de Cachapoal y Colchagua, todo ello en diciembre de 1973. Las autoridades fueron notando la necesidad de crear una nueva provincia para la región, esta vez, ubicada en la costa. Con la decisión de crear esta provincia faltaba elegir qué comuna sería la capital de ésta. Finalmente, la provincia de Cardenal Caro se crearía el 3 de octubre de 1979 integrada por: Pichilemu (capital), La Estrella, Marchigüe, Paredones y Litueche.

Se sucederían muchos alcaldes durante la historia municipal de Pichilemu, pero por motivos atingentes a esta investigación nos centraremos en dos momentos Municipales, la alcaldía de Washington Saldías⁷ (1971-1973) y la alcaldía designada por la dictadura.

Con la llegada de Pinochet al poder, el año 1973, se revocó a todos los funcionarios públicos existentes y se designó a funcionarios públicos afines la dictadura, sin tener necesariamente experiencia o competencias en el área. Pichilemu no fue la excepción, a pesar de que el alcalde Washington Saldías permaneció en el cargo durante días, “incluso luego que los militares tomaran posesión del edificio consistorial y destruyeran algunos documentos municipales” (Grez-Cañete, 2017: 89). El primer alcalde designado fue Carlos Echazarreta Iñiguez quien fuera regidor, y se mantuvo en el cargo entre el 25 de septiembre y el 10 de noviembre de 1973. Asumiría el 7 de diciembre del mismo año Víctor Urrutia Carrasco, empresario local. En el período de Urrutia destacan entre otras cosas la inauguración de la balsa que atravesaba la laguna Cáhuil, el inicio de los trámites para la pavimentación entre Alto Colorado y Pichilemu, y qué la Cooperativa de Agua de Agua potable de Cáhuil pasará a ser administrada por la Dirección de Obras Sanitarias del Ministerio de Obras Públicas.

Es así como se sucederían las alcaldías designadas durante el período 73-89 hasta el retorno a la democracia, donde el pueblo Pichilemino podría elegir sus representantes otra vez.

El régimen: Represión, víctimas a nivel nacional y regional

Desde el término de la dictadura hasta nuestros días, se han hecho incontables esfuerzos para acercarnos a una cifra real sobre cuánta gente sufrió terrorismo de Estado, y sobre quiénes se aplicó. Los informes de la Comisión sobre Prisión política y Tortura I y II ⁸, más conocido como Informe Valech y de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación I, II y III, conocido como Informe Rettig, apuntan en esa dirección. Gracias a estos informes, y de otros estudios que siguen la misma lógica, es posible acercarnos y describir de manera general a los grupos que padecieron terrorismo de Estado así como también las características de la represión de la dictadura en Chile.

Para Pablo Policzer un elemento central en la política es la coerción, es decir, “la amenaza de emplear fuerza física y el empleo real de esa fuerza” (Policzer, 2014: 19). Fruto de ello es la validez histórica de la fuerza militar en los Estados y su monopolio de la fuerza física. Sin embargo, cuando la violencia es usada para perseguir a los mismos habitantes de un país, en pos de un proyecto político central y único, en el cual las violaciones a los derechos humanos son una estrategia política real y validada por el aparato burocrático, nos encontramos ante un régimen autoritario de carácter dictatorial. El régimen de Pinochet se caracterizó por sus niveles extremos de violencia, la cual, según Huneeus (2016:82) no solo fue empleada en su fase inicial, sino que durante todo el desarrollo.

Esta extrema violencia está enmarcada -y validada desde su mismo sector- en la idea de una guerra interna, en la cual el enemigo final era el marxismo⁹. Verónica Valdivia (2010), da cuenta de que esta guerra no solo era en términos físicos, sino también en términos ideológicos, ya que según la autora “la guerra declarada al marxismo y la izquierda no buscaba solamente su derrota política, sino fundamentalmente ideológica, y, por tanto, requería de estrategias que fueran más allá de la represión, las que implicaban resocialización de los sectores populares” (Valdivia, 2010: 166). Siguiendo esta misma línea, Tomás Moulian (2002), caracteriza a la dictadura chilena como una de carácter terrorista y revolucionaria, ya que esta sustenta el orden sobre el terror, y para ello, utilizar el terror sobre los cuerpos era algo imperante, justificado y necesario. El autor además agrega que las dictaduras revolucionarias y a su vez terroristas, son aquellas donde su poder es el terror, con el objetivo de reprimir e inmovilizar.

Lo anterior es solventado ideológicamente porque las Fuerzas Armadas chilenas estaban adscritas al pensamiento de Seguridad Nacional provenientes de la escuela norteamericana, la cual le otorgaba responsabilidad a las fuerzas armadas el deber de la existencia de la nación (Valdivia, 2010: 167). Además, el nuevo proyecto país, basado en la represión, creaba ciudadanos de primera y segunda clase. Los buenos y los malos. Los que querían una sociedad libre de marxismo, y los marxistas. Es en ello, que las FF.AA. justifican la represión, porque el marxismo es un cáncer, una enfermedad, una pandemia que no tiene cura, salvo la muerte. La Comisión Chilena de Derechos Humanos, en su obra señalan que: “la ejecución de los actos más viles y brutales de la represión se explica principalmente por una ideología de seguridad nacional que fundamentó una suerte de refundación del país sobre la base de un coherente modelo económico social y cultural neoliberal” (Comisión chilena de Derechos Humanos, 1999: 8-9).

Concluimos, entonces, que la represión emanada por parte de la dictadura chilena tenía un componente ideológico central, el cual fue utilizado para validar las más atroces violaciones a los derechos humanos en un contexto de guerra interna.

Las víctimas

Las víctimas del terrorismo de Estado son extensas¹⁰, y a su vez los grupos etarios a los cuales afectó. Sin embargo, para intereses este artículo, nos enfocaremos en tres partidos políticos: El Partido Socialista, Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria ¹¹. Es necesario también señalar que la represión en Chile, según acuerdo de la literatura, tiene tres etapas distintivas, cada una de ellas con características específicas y representadas con un órgano represor cada una. La primera etapa, que abarca 1973 está caracterizada por la represión “desorganizada” de las fuerzas militares. La segunda etapa, que abarca desde 1974-1977, es dominada por la Dirección Nacional de Inteligencia, más conocida como DINA. La tercera etapa, que abarca desde 1977-1990 y que es comandada por la Central Nacional de Informaciones, conocida como CNI. Nuevamente, para efectos de esta investigación se contemplará solo el período de 1973-1977.

El año 1973 fue el año en que más víctimas gravísimas hubo. Esto debido a que la represión no estaba organizada institucionalmente y solo respondía a tomar el control político lo más rápido posible. El gráfico N°1 da cuenta de lo anterior.

Gráfico N°1

Fuente: Síntesis corregida y Actualizada del Informe Rettig, (1999). Elaboración propia.

El gran motor de toda esta represión, de alguna manera no organizada, fue la existencia en el imaginario político de una resistencia lo suficientemente armada como para poder hacerle frente a las olas de represión. Esta resistencia armada estuvo principalmente asociada al MIR, grupo que defendía abiertamente la vía armada como método legítimo para conseguir el socialismo, el cual se puede apreciar en el punto siete de la declaración de principios:

El punto siete, que es uno de los más importantes, afirma que el MIR rechaza la teoría de la vía pacífica porque desarma políticamente al proletario y por resultar inaplicable, ya que la propia burguesía es la que resistirá, incluso con la dictadura totalitaria y la guerra civil, antes de entregar pacíficamente el poder (Salinas, 2013: 221)

Si bien el MIR oficialmente nunca estuvo dentro del gobierno de la Unidad Popular, es conocido que sí hubo contacto y participación entre ambos sectores. Esto se concreta, según Salinas, “con la entrada de cuadros miristas con preparación militar en Cuba al dispositivo de seguridad presidencial, Grupo de Amigos Personales (GAP), constituido asimismo por militantes del PS” (Salinas, 2013: 231-232). Sin embargo, la tesis de que desde la izquierda se gestó una resistencia armada está totalmente desacreditada, porque en primer lugar el MIR nunca tuvo la coordinación, las fuerzas humanas, ni los implementos materiales para poder desarrollar una resistencia armada real. Los socialistas por otro lado, a pesar de tener un sector -más conocido como los helenos- que apostaba por la lucha armada, estos nunca fueron mayoría y, por último, los comunistas, de larga tradición democrática, nunca consideraron esta opción como real. Valdivia lo relata así:

[El MIR] nunca constituyó una guerrilla propiamente tal. Hasta esa fecha era un partido pequeño, sin mucho impacto político, aunque sí muy visible. Por su parte el grupo más radicalizado dentro de los socialistas tampoco había logrado imprimir su sello al partido, como quedó en evidencia en el triunfo de la línea electoralista en 1969-1970 y el carácter minoritario de los helenos. Entre los comunistas, la vía armada no tenía cabida. En pocas palabras, la mayoría de la izquierda chilena de la época era partidaria de una vía pacífica, institucional, de tendencia antiimperialista y antioligárquica (2010: 168-169).

A nivel nacional, la Comisión de Verdad y Justicia señala que, durante el año 1973, “el grueso de las muertes y detenciones seguidas de desaparición fue fruto de actos que se dirigieron contra funcionarios destacados del régimen depuesto, sus más altas autoridades y mandos medios” (Comisión chilena de Derechos Humanos, 1999: 43), esto quiere decir que la represión afectó mayoritariamente a los militantes del PC, PS y MIR. El siguiente gráfico refleja que la inteligencia de las FF.AA. estuvo orientada mayoritariamente a estos partidos.

Gráfico N°2¹²

Fuente: Comisión chilena de Derechos Humanos (1999). Elaboración Propia.

El mismo informe, además, señala que el 60,2% de las víctimas corresponden a la Región Metropolitana, mientras que las víctimas de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins corresponden a un 0,8%.

Por último, como bien mencionamos supra, el organismo encargado de la represión era la DINA. Si bien la fecha de su inauguración oficial es el 14 de junio de 1974, diversas fuentes plantean que empezó a funcionar desde el año 1973 (Policzer, 2014; Huneeus, 2016). La institución era un organismo con amplios poderes, con el objetivo de realizar trabajos de inteligencia para la seguridad del país (Policzer, 2014). La organización es creada para aplicar la represión de manera “más consistente y precisa y con un nuevo modus operandi -las desapariciones- (…)” (Policzer, 2014: 115); estaba a cargo de Manuel Contreras y desde el primer momento contó con facultades extraordinarias para lograr el cometido de exterminar la articulación de la oposición, y con ella a los opositores. Esta represión estaba dirigida especialmente contra los grupos marxistas, pero se extendía a toda la población que participó activamente del Gobierno de la Unidad Popular, incluyendo la Iglesia Católica. La DINA ejecutó el terrorismo de Estado principalmente en Chile, pero no se limitó solamente al territorio nacional, ya que tuvo articulaciones con los organismos represivos de otros países del Cono Sur. Producto de ello es la Operación Cóndor, el asesinato al General Carlos Prats en Argentina y el asesinato a Orlando Letelier en Estados Unidos. Los resultados de la represión durante el período fueron evidentes, siendo afectados principalmente los Partidos Políticos de carácter marxista. A raíz de ello, Huneeus afirma que la DINA destruyó al MIR, y debilitó gravemente tanto al Partido Comunista como al Socialista (Huneeus, 2015: 129). Sin embargo, dada la indiscriminada violencia con la que actuaba la DINA, y sobre todo por el carácter internacional de sus crímenes, la dictadura de Pinochet empezó a ser cuestionada y mal vista internacionalmente, lo que produjo su fin en 1977, siendo reemplazada por la CNI.

Como ya bien abordamos, la represión durante los primeros años de dictadura estuvo enfocada en exterminar la articulación de la izquierda y específicamente a los grupos de corte marxista. Por otro lado, evidenciamos que la mayoría de los casos de terrorismo de Estado son dentro de las grandes ciudades, y específicamente, dentro de la Región Metropolitana. Si bien en la sexta Región no se encuentran numerosos casos de terrorismo de Estado, no dejan de ser relevantes el cómo y a quién se les aplicó.

En primer lugar, hay que esclarecer que en la región no hubo una resistencia armada de ningún sector de la población, incluyendo a los funcionarios de Gobierno. El informe de la Comisión chilena de Derechos Humanos señala que las víctimas de terrorismo de Estado en la región fueron en su mayoría militantes del Partido Comunista y Partido Socialista, y que cumplían cargos en la administración del gobierno de la Unidad Popular (Comisión chilena de Derechos Humanos, 1999). Por otra parte, el Informe Valech agrega que:

En esta región, la mayoría de las detenciones ocurrieron entre los años 1973 y 1974. Junto a los detenidos de las ciudades más grandes, Rancagua y San Fernando, destaca un gran número de personas que lo fueron en las localidades de Peumo, Marchigüe, Las Cabras, Pichidegua, Requínoa, Rengo y Santa Cruz, especialmente de sectores rurales (Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura: 330).

Además, el mismo informe señala que la represión en esta región estuvo encabezada principalmente por Carabineros y Policía de Investigaciones, sobre todo en los pueblos rurales y alejados de las grandes ciudades como San Fernando y Rancagua:

[en la] región, entre los años 1973 y 1975, Carabineros realizó la mayoría de [los] arrestos, especialmente en las zonas rurales, de modo que las comisarías en las ciudades y las tenencias y retenes en las pequeñas localidades y poblados fueron los primeros recintos en que se mantuvo detenidos a los prisioneros (Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura: 330).

En esta misma dirección, el Informe señala que la represión en su etapa inicial, esto es, durante el proceso de detención y posterior reclusión, estuvo también encargada por Carabineros como también por la Policía de Investigaciones:

Las declaraciones también indican que Carabineros maltrató y golpeó a los detenidos. Desde los lugares mencionados los presos políticos eran trasladados a otros centros de interrogatorio y reclusión. Asimismo, los cuarteles de Investigaciones fueron también centros de reclusión de prisioneros políticos, no sólo durante 1973, cuando se concentraron la mayoría de las detenciones, sino que también desde 1974 y hasta 1990, en que, si bien hubo menos personas detenidas, mantuvieron esa calidad de manera permanente y regular (Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura: 330).

Los lugares más comunes de detención dentro de la Región fueron: la cárcel de San Fernando, el Regimiento de Infantería N°19 Colchagua también en San Fernando, la cárcel de Rancagua, Comisaría de Rancagua, Cuartel de Investigaciones de Rancagua y finalmente el cuartel de Investigaciones de San Fernando.

La represión en Pichilemu entre 1973 y 1977 estuvo dirigida a los mismos grupos a los que se les persiguió por su connotación marxista, y también a los colaboradores del Gobierno de la Unidad Popular, es decir: Al PC, PS y el MIR.

La Comisión de Derechos humanos, señala en su versión resumida del Informe Rettig, que la mayoría de las víctimas de la región fueron parte del PS y del PC, los cuales tenían responsabilidad administrativa durante el Gobierno de la UP. En Pichilemu esto es aplicable hasta cierto punto, ya que efectivamente existió represión en contra de militantes del PC y del PS, incluyendo a funcionarios. Sin embargo, la represión en Pichilemu dista mucho de ser solo aplicada a los funcionarios del Gobierno, puesto que el grupo más afectado por el terrorismo de Estado en Pichilemu fue el Movimiento de Izquierda Revolucionario.

La creación del MIR en la comuna data del año 1971, cuando Joel Marambio, entonces diputado por la provincia de Colchagua intercede con el Gobierno para que se creara un programa paliativo para la provincia, pues esta era muy pobre. Es en ese entonces, cuando Omar Rubio, militante del MIR y funcionario de gobierno, es enviado dentro de un programa para combatir la cesantía. El mismo Omar relata que:

En estos pueblitos chicos de Colchagua, donde la cesantía ya alcanzaba niveles pero de catástrofe. Y yo me hice, me hicieron hacer cargo de este programa de absorción de cesantía en Pichilemu, la pobreza era muy grande en ese tiempo en Pichilemu. (…) Bueno, nos dimos la tarea de reclutar gente, teníamos presupuesto para reclutar 70 trabajadores y arrendamos el Barco fantasma, bueno la dirección de asistencia social arrendó eso. (…) Así que, se contrataron a 70 trabajadores y algunas mujeres que hacían la comida, el almuerzo para los trabajadores, y el alcalde Saldías nos dio la tarea de construir la plaza que hoy día se llama Bernardo O’Higgins. (Entrevista Omar Rubio, agosto 2018)

A la gente del MIR, se le conocería de aquí en adelante como la gente del “Barco”, lugar físico donde se reunían tanto militantes como simpatizantes, para planificar las actividades del programa de absorción de la cesantía en Pichilemu. Rubio, por otro lado, señala que él y el grupo del MIR, no solo se dedicaron a realizar labores de gobierno y de trabajo, sino que también, el grupo se dedicó a organizar y sindicalizar a los trabajadores de Pichilemu y alrededores, que se encontraban en condiciones de explotación y precariedad incuantificables. En las mismas palabras de Rubio:

pero lo que es distinguido de aquí también es que, también organizaba a los pobladores, pero no solo en un papel de activismo, sino que, más bien en una cooperativa de trabajo. Hicimos la cooperativa de pescadores y la dirección de asistencia social compró dos botes para poder generar la actividad de pescadores artesanales (…) Básicamente hay una concepción muy equivocada en relación al MIR y al gobierno de Salvador Allende, donde si bien nosotros del punto ideológicamente estábamos en desacuerdo con la táctica y estrategia de la Unidad Popular, de otro lado sí apoyábamos firmemente (…) (Entrevista Omar Rubio, agosto 2018)

Como bien sabemos, la represión en Chile empezó el mismo 11 de septiembre en las grandes ciudades, y al menos, en las ciudades más importantes de cada región. Sin embargo, en los pueblos rurales y pequeños no fue así. Si bien el día 11 de septiembre Carabineros toma el control del pueblo e instaura el toque de queda, es durante los días 12, en que llegan los militares a Pichilemu, y 17 de septiembre cuando empiezan las detenciones y posterior terrorismo de Estado. Bernabé Pavéz, dirigente sindical y militante Socialista de la época, relata su detención y la de sus familiares, el día 17:

Y bueno, ese día 17 de septiembre llegaron a mi casa y tomaron preso a mi hermano mayor y a mi papá… alrededor de las 7:30 de la mañana. Y… bueno, lo propio de un allanamiento, como se empezaron a dar en esos tiempos, te revolvían todo, no le importaba niños chicos, a mi hermano menor que murió, estaba durmiendo, lo tomaron del pelo, lo levantaron y… empezaron a botar el pan, a dar vuelta el pan, todo (…) Y ahí llegué a la casa y ahí me cuenta mi mamá que los habían tomado detenidos a mi papá y a mi hermano mayor, y que no saliera pal’ centro porque me iban a tomar preso. Pero yo de porfiao’ y sabiendo de que nada había hecho, que no tenía nada malo, salí po’ (…) Y nos juntamos con otros primos de mi señora, habíamos como 5 o 6 personas aquí. Y cuando llegué yo, nos juntamos acá y justamente llegó un Jeep Rumano (…) con 3 carabineros. Dentro de los cuales estaba el Sargento Rodríguez, y llega preguntando por Pedro Romero, que era uno de los que buscaba porque también ya habían llevado presa a la gente del MIR de los del barco (…) Y entran y me toman, y me toman detenido, me sacan de aquí para allá y me suben al Jeep atrás, y lo primero que me dice el que me está esperando, es que si bajaba las manos de la nuca me iba a pegar un balazo (Entrevista Bernabé Pavéz, 16 de junio de 2018).

Otro que fue detenido el día 17 fue Roberto Becerra, quien el día de su detención tenía 17 años de edad. En su relato da cuenta de cómo es detenido sin ser formalmente parte del MIR:

Y, yapo, pasó el golpe del 73 y como yo el 17 de septiembre, llegaron a mi casa a detenerme. Llegó un grupo de milicos, detectives y ahí me llevaron detenido a la, en ese tiempo donde estaba la municipalidad existía un retén ahí, retén de carabineros, porque no había comisaría en ese tiempo, había un retén nomas. Ahí ya fui vinculado al grupo del barco como mirista (Entrevista Roberto Becerra, julio 2018).

Rafael Moraga, quien inicialmente formó parte del MIR, pero al momento de ser elegido subdelegado de gobierno en el año 1973 pasa a las filas de Partido Socialista, relata como el día del golpe las fuerzas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria se preparaban para salir del pueblo por temor a las represalias esperadas por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, este al tener claro que no había hecho nada más que pensar un Chile mejor, pensar distinto o simplemente ser de izquierda, decide restarse y quedarse en Pichilemu. El mismo Rafael lo relata de esta manera:

Al poco rato llegó gente, compañeros del MIR a decirme que teníamos que arrancar, porque yo como representante del gobierno era aseguro que iban a venir por mi digamos. Cosa que la deseché en el momento pero después insistieron (…) Y las palabras de mi madre, y la de mi esposa: ¿Pero por qué arrancas si no hai’ hecho nada malo? ¿Por qué tienes que irte? Digamos. Y eso me hizo decidirme a enfrentar, quedarme para enfrentar, a enfrentar digamos la situación en mi casa. Llegaron carabineros a los dos días después, como el día 13 más o menos de septiembre llegó carabineros (Entrevista Rafael Moraga, mayo 2018).

Por último, Luis Castro, militante del PC, relata cómo fue su detención el día 12 de septiembre:

(…) Ahí me empezaron a perseguir pos, hasta que me tomaron detenido. Me tomaron detenido el 12 de septiembre, el día de mi suegra, el 12 de las marías. 12 de septiembre. 12 debe haber sido como a las 9 de la mañana serían, por ahí, antes de mediodía y me tomaron ahí en Agustín Ross número 60 parece antes (…) Y ahí me trajeron a la comisaría, aquí me tuvieron, aquí donde está la municipalidad estaba la comisaría en ese tiempo, ahí los tuvieron amarrados de las de aquí -apunta a las muñecas- con piolas plásticas, pero duras (Entrevista Luis Castro, 16 de junio 2018).

Las detenciones a los militantes de los distintos grupos políticos no solo fueron en Pichilemu, ya que muchos de los actores eran estudiantes, trabajadores y/o cumplían cargos de militancia que los hacían viajar constantemente. Los casos de Omar Rubio y Eugenio González, ambos militantes del MIR durante 1973 dan cuenta de ello en sus relatos. Por un lado, Omar Rubio quien cuenta que como cabecilla del MIR de Pichilemu y funcionario del gobierno de la Unidad Popular, tiene que escapar para coordinar la resistencia a nivel regional. Para ello se tiene que dirigir a San Fernando, ciudad que era el punto de reunión con las fuerzas superiores del MIR. Rubio lo relata así:

vemos que después de las 11 de la mañana bombardean la Moneda (…) entonces yo les ordeno a los compañeros de que se vayan a ese sector¹³, mientras yo voy a San Fernando a ponerme de acuerdo con los miembros de la dirección del partido que hay en la provincia, ponernos de acuerdo otra vez con Joel y con el Cholol (…) La verdad es que no teníamos un plan estructurado, no teníamos tiempo, además, nunca, no teníamos ni tiempo ni medios, ni recursos (…) (Entrevista Omar Rubio, agosto 2018).

Con respecto al escape y a la llegada de las Fuerzas Armadas, Rubio agrega:

Esa noche del 11 al 12 me fui a un bosque, por si es que llegaban al barco encantado, y antes de eso me pongo en contacto con el chofer de la ambulancia del hospital, porque veíamos que el único auto que estaba entrando y saliendo era la ambulancia, entonces me dice que al día siguiente como a mediodía del 12 él va a salir a dejar la ropa sucia a Peralillo (…) ya ese mismo día llegan los milicos y copan la ciudad (…) (Entrevista Omar Rubio, agosto 2018).

Las instrucciones de la reunión eran seguir en comunicación con los distintos sectores de la izquierda, tales como el PC, el PS y sobre todo el MIR; es por eso que Omar se dirige a Marchigüe, donde según señala Rubio había una importante industria organizada por militantes del PC y el PS. El militante del MIR relata que:

Cuando llego ahí, yo conocía a algunos de los compañeros de esa industria, cuando veo que hay una tremenda actividad en la oficina, quemando papeles que se yo, y uno de ellos que era gerente (…) le dice a la secretaria que llame a los carabineros inmediatamente, que aquí hay un militante del MIR, y de ahí a partir de ese momento se empiezan a dar las frustraciones, porque estos eran socialistas todos ellos, comunistas y todo, todos estaban pero sin ninguna predisposición de nada. Así que desde el mismo 11 de septiembre nosotros, el MIR, los miristas, quedamos solos (Entrevista Omar Rubio, agosto 2018).

Luego de eso, la táctica del MIR, como lo señala Rubio, fue volver y reunir más información para recibir órdenes y seguir alguna especie de plan, por lo que se dirigía a Pichilemu a encontrarse con el núcleo. Sin embargo, y como era previsible, tanto los caminos, como las carreteras estaban controladas ya por las Fuerzas Armadas. Omar, lo relata así:

Y llegamos a población¹⁴, cuando voy viendo que hay barreras, nunca me acordé que habían barreras de los pacos, del retén de población, así que bajo la ventana y que sé yo le digo oiga qué sé yo… y boté mi pistola que tenía 6 balas, dije que por si aca, porque si me ven armado (…) Me bajo, -abra la maleta y en la maleta llevo mi maletín, igual que el que teníamos los compañeros allá, con ropa interior- y el paco empieza a llamar a gritar: ¡Mi Sargento, venga mi sargento!, sale tremendo guatón de Sargento. Mire quién tenemos aquí. Me detienen. Cuando entramos al retén, en el mesón del retén tenían diversas fotografías y ahí estaba yo, fotografiado. (Entrevista Omar Rubio, agosto 2018)

Por último, podemos evidenciar la previa organización de la represión con respecto a los militantes de Pichilemu, especialmente del MIR, ya que no solo fueron perseguidos en el pueblo, sino que también en Santiago. Eugenio González, ex militante del MIR, relata cómo fue el proceso de su detención:

Y… bueno después que pasó esto del golpe, yo caí preso el 20 de septiembre. Me vendieron en Pichilemu. Yo me presenté en San Fernando, porque me vinieron a buscar a Santiago, me dijeron que me presentara en San Fernando. No había hecho nada más aparte de militar. No he hecho nada aparte de ser militante (…) Me presenté ahí. Estuve como un día hueando, hasta que me atendieron ahí, cualquier gente presa habían llevado ya y me dijeron ándate, no aquí no tenís un… ándate me dijeron. Y en Pichilemu, un padrino mío, muerto está el viejo, el hijo era piloto de avioneta (…) Y mi padrino de bautizo, no, de confirmación era a cargo del club aéreo allá (…) Y dijo, este que va ahí dijo, este es del MIR, muy amigo de Andrés Rubio (Entrevista Eugenio González, junio 2018).

La represión en su forma física: la tortura

Los distintos tipos de violencia que se usaron durante la dictadura son de un amplio orden. Sin embargo, en Pichilemu los tipos de violencia que resaltan son dos: la violencia física y la violencia psicológica¹⁵. Posteriormente entenderemos estas violencias como tortura. El Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura¹⁶, reconoce la misma como:

todo acto por el cual se haya infligido intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, intimidar o coaccionar a esa persona u otras, anular su personalidad o disminuir su capacidad física o mental, o por razones basadas en cualquier tipo de discriminación” (Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura: 225).

En Pichilemu esta represión iba dirigida mayoritariamente hacia las personas del MIR, con un pretexto de porte de armas y posible resistencia armada, no solo en el pueblo, sino que en todo el país. Sobre los militantes del PC y PS, el mismo Informe Valech, señala que:

Las personas de sectores rurales, pueblos o ciudades pequeñas, refieren detenciones por períodos breves. Muchos de ellos quedaron sometidos a controles de su libertad ambulatoria por períodos que a veces duraron años, teniendo que firmar diariamente en comisarías o cuarteles militares, incluso, en algunos casos, varias veces al día.” (Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura: 263).

Pero no por ser dejados en libertad quiere decir que la tortura no los haya afectado de alguna manera. Como bien señala el Informe, muchos de ellos tenían vigilancia policial e incluso vecinal, particularidades que serán analizadas en el capítulo siguiente. El encargado de planificar la represión en Pichilemu fue el Capitán Manríquez Pearson¹⁷, del regimiento Colchagua, quien llegó a Pichilemu en avioneta el día 17 de septiembre de 1973 para desbaratar a la izquierda del pueblo. Bernabé Pavéz lo relata así:

Me pasan a su oficina, siempre manos en la nuca no podiai’ bajar las manos, y ahí está nuevamente eh… a todo esto, cuando yo estaba aquí, eh, llegó una avioneta, ese día en la mañana como a las 10 de la mañana, y ahí venía el capitán Manríquez, jefe del SIM, del Servicio de Inteligencia Militar de la sexta región. Era el que venía a averiguar todas las situaciones y tomarnos detenidos ese día 17 de septiembre” (Entrevista Bernabé Pavéz, 16 de junio de 2018)

El mismo Bernabé, relata su primera experiencia de tortura a manos de Manríquez:

Y ahí me empieza a interrogar, me pregunta por lo primero, por ese carnet de la Universidad de Concepción, y me dice: “y vo’ no, vo’ deci que no soy extremista, que no tenís armas ninguna cosa”. Bueno y ahí empiezan una serie de golpes en el estómago hasta… bueno eso debe haber durado una media hora (Entrevista Bernabé Pavéz, 16 de junio de 2018)

Asimismo, Pavéz cuenta cómo Manríquez aplicaría tortura psicológica a los detenidos en el retén de Pichilemu:

Hasta que empiezo a perder el conocimiento. Y ahí, dentro de lo que me decía, dentro de todo lo que me decía este capitán, era que le dijera dónde estaban las armas, me recordaba que tenía a mi papá y a mi hermano preso, y que si yo no le decía iba a mandar a fusilar a mi papá y a mi hermano. Más que nada me empezó a hacer una presión psicológica, ¿Me entendí? (Entrevista Eugenio González, junio de 2018)

Manríquez, sin embargo, aplicaría visiblemente las torturas solamente en Pichilemu, en contra de los militantes del PC y del PS. La historia del MIR, nuevamente, sería distinta. A los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria los llevaron hacia San Fernando, pasando por el Cuartel de Policía de Investigaciones, el Regimiento N°19 de Colchagua y la Cárcel de San Fernando. En todos estos lugares es posible certificar que hubo algún grado de tortura, tanto psicológica como física. Eugenio González, describe cómo eran los procedimientos de tortura hacia la gente del MIR en el Regimiento N°19 de Colchagua:

Y ahí la tortura era común, entre psicológica y golpes. Tu llegabai ahí, ya, (simulando un llamado) ¡Eugenio González!, media noche, ¡Fiscalía! Ah chucha decía yo. Te iban a buscar, uno iba bien abrigadito, te tenían una hora, parao’, pegado al muro eh… te llevaban pa dentro (Simulando una conversación entre militar y él) Oye, te venimos a preguntar por… tu conocís a … pongámosle a Gianca, ¿Conocís a ese cabro Gianca? (…) ¿Cómo qué no? ¡PA! Y ahí te ponían el… (simulando un sonido de golpe) (…) ¿Dónde están las armas hueón? Pero si nosotros no teníamos armas… ¿Cómo qué no? (Entrevista Eugenio González, junio de 2018)

Por su parte Omar Rubio luego de ser detenido, cuenta cómo la tortura psicológica que vivió los primeros días a raíz de fusilamientos falsos en distintos lugares de la región:

Bueno, ahí por radio el sargento comienza a llamar a la Comisaría de Santa Cruz, de que tenían a Andrés Olivares y que enviaran una patrulla para llevarme. Inmediatamente me tienen en el suelo, tres pacos me agarran, además del sargento y me amarran por la espalda esperando que llegaran a buscarme de Santa Cruz, y llegaron milicos en un Jeep y me llevan a la Comisaría de Santa Cruz. Ahí yo tengo mi primer fusilamiento falso (Entrevista Omar Rubio, agosto de 2018).

Por último, Roberto Becerra, cuenta que con tan solo 17 años pasó por una serie de torturas sufridas en las oficinas de la Policía de Investigación

Claro en investigaciones ahí, estaban los días a interrogación. Y ahí venían los cachuchazos pa allá, cachuchazos pa’ acá porque preguntaron por las armas, las armas, las armas y qué pasa ahí, cachuchazos pa acá y cachuchazo pa acá (se ríe) (Entrevista Robero Becerra, julio de 2018).

Agrega, además lo que vivió en el Regimiento Colchagua, anterior al encarcelamiento:

Lo que sí me acuerdo yo, es que nos metían a unas piscinas ahí dentro, nos tenían ahí con las manos atrás, parados ahí todo el día casi (…) Pero me acuerdo que nos metían ahí, nos tenían toda la mañana parado ahí con las manos atrás en la nuca. Y ahí estuve como 2 o 3 días y después a la cárcel” (Entrevista Roberto Becerra, julio de 2018).

Se puede concluir, que Pichilemu siempre estuvo contemplado por la inteligencia militar, ya hubo pleno conocimiento de todas las personas involucradas de una manera u otra con el gobierno de la Unidad Popular. Las detenciones ocurrieron entre los días 12 y 17 de septiembre de 1973, y las fuerzas estuvieron dirigidas por el Capitán Manríquez. Las víctimas, en concordancia con lo sucedido en el país, fueron especialmente las del PC, PS y el MIR. La represión ejercida en contra de los militantes del PC y del PS, incluyendo las detenciones, usualmente no duró más de un par de días, ya que se trataba de funcionarios de la municipalidad y de distintas organizaciones. Sin embargo, el MIR no corrió la misma suerte. La gente del Barco fue perseguida con una violencia desmesurada y eso se evidenció desde el primer momento, ya que según los entrevistados, a la gente del MIR, la tenían separada del resto de los presos en el calabozo de Pichilemu. Esta represión se justificaba en la naturaleza revolucionaria del MIR, y por pensar que portaban algún tipo de armamento bélico para hacer una eventual resistencia armada. La realidad del MIR de Pichilemu era totalmente distinta. Si bien al momento de la represión contaban con un plan mínimo de contingencia, este no pudo ser llevado a cabo debido a que el grupo fue desarticulado inmediatamente, y sus integrantes, detenidos ¹⁸.

Las torturas por otro lado fueron mayoritariamente físicas y psicológicas. En esto, las fuerzas militares no discriminaron, y con el objetivo de encontrar las supuestas armas, torturaron a todo aquel que podían. Incluyendo a menores de edad, como hemos podemos apreciar. Asimismo, como era común en la región, a los militantes que fueron detenidos y que cumplían labores de funcionarios en sus respectivas comunas, los dejaron en libertad a los días siguientes, no sin antes haber recibido terrorismo de Estado. El Movimiento de Izquierda Revolucionario tuvo una historia distinta, y en su conjunto fueron llevados detenidos a distintas partes de San Fernando, siendo los principales: la Cárcel de San Fernando y el Regimiento N°19 Colchagua.

La tortura y sus alcances

Tanto el Informe Valech como el Informe Rettig afirman que la tortura marcó un antes y un después en la vida de las víctimas. La experiencia “representó una fractura o un quiebre vital que atravesó todas las dimensiones de la existencia de las víctimas directas y de sus familiares; en muchos casos, las huellas de esa experiencia traumática les acompañan hasta el presente.” (Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura: 497). Fue una bisagra, entre lo que alguna vez fue el sueño de un Chile mejor y lo que realmente terminó siendo, una pesadilla. La tortura queda inscrita en la vida de las víctimas en forma de marca, de símbolo, que siempre está presente. Si no es en forma física, está en la cosmovisión de la vida. Si no es en el miedo, es en la fractura que quedó después de los reiterados golpes. Esta marca, imborrable por lo demás, acompañará a las víctimas por el resto de sus vidas expresándose de manera distinta en cada uno. Pero si hay algo que tienen en común estas marcas, es que de alguna u otra manera, resignificaron y reconfiguraron la vida de las víctimas.

En psicología, esta marca adopta el nombre de trauma. Castillo et al. (1998), nos acercan a entender que la violencia política es causante de trauma, sobre todo si se da en contextos terrorismo de Estado. Las autoras definen el trauma como: “[la] vivencia o experiencia que afecta de tal manera una o más persona que las deja marcadas, es decir deja en ella un residuo permanente.” (Castillo et al. 1998: 33). Este residuo permanente, tiene múltiples expresiones en la vida de las víctimas, dentro de las cuales podemos identificar: los problemas para encontrar trabajo, los problemas familiares causados a raíz de no poder reconfigurar la familia, los problemas de salud asociados a las torturas, los problemas psicológicos, problemas psicosociales, etc. (Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura: Comisión Chilena de Derechos Humanos, 1999)

Numerosos son los relatos que dan cuenta de las dificultades monetarias y relacionadas al trabajo que sufrieron las víctimas después de sufrir el trauma. Esto debido a que para ellos “fue muy difícil volver a encontrar trabajo, ya sea por los antecedentes políticos y penales, por el estigma de peligroso o de terrorista, o bien por las consecuencias invalidantes de la tortura” (Piper, 2005: 199). En Pichilemu, este aspecto fue determinante en la vida de las víctimas. Lo primero, porque al ser un pueblo pequeño, la comunidad es mucho más cercana, y por lo tanto, todas las víctimas pasan a ser los enemigos, los terroristas. En segundo lugar, porque al momento del golpe de Estado, la mayoría de las víctimas se encontraba contratado por el mismo Estado o bien, eran estudiantes de universidades públicas, por lo que, posterior a ser dejados en libertad, las limitantes del mundo profesional junto con la estigmatización sufrida por la misma comunidad, fue el primer gran impedimento para desarrollar su vida personal. El mismo Informe Valech lo señala así:

[a las víctimas] por añadidura, se les calificaba como violentos, peligrosos, enemigos de la patria y elementos antisociales. Esta estigmatización limitó las posibilidades de desarrollar una vida considerada normal: conseguir trabajo, permanecer y progresar en el mismo, establecer relaciones fluidas con los demás... Cabe precisar que la estigmatización y sus consecuencias en las interacciones cotidianas adquirieron una dinámica especial en las ciudades pequeñas y en los pueblos, donde torturados y torturadores se cruzaban en la calle, donde la identidad de los delatores era conocida, aunque se evitase hablar del tema, y donde se mantenía rígidamente el silencio sobre lo sucedido, al mismo tiempo que perduraba el miedo y la marginación de las víctimas (Informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura: 510).

La comunidad Pichilemina como marca

Los entrevistados en Pichilemu señalan una categoría que engloba las categorías anteriores y dan cuenta de la reconfiguración forzada de su vida después de ser víctima del terrorismo de Estado, esta es: ciudadanos de tercera categoría. Con este término se refieren a que, por el hecho de ser de izquierda, de ser víctimas, de haber tenido sus libertades coartadas por el mismo Estado, eran los culpables de que el país estuviese así, los responsables de que en Pichilemu no haya habido comida los días previos al golpe de Estado. Eran el estrato más bajo de la sociedad, eran de izquierda. Por ello, desde la misma comunidad se formó un desprecio hacia las víctimas, de tal manera que los van aislando, no solo en el ámbito laboral, sino que socialmente, hasta el punto de desligarlos de su ser anterior, “el estigma es tan fuerte que las familias al sentir el rechazo del mundo externo se van sumiendo en un aislamiento muy grande.” (Comisión chilena de Derechos Humanos, 1999: 116). Bernabé Pavéz relata cómo fue sentirse despreciado por la misma comunidad y las dificultades económicas que significó aquello:

Bueno, lo que empezó ahí, es como, éramos como los ciudadanos de 3ra o 4ta clase (…) ¿Me entendí? Como erai’ un ciudadano de tercera clase, como estábamos estigmatizados eh… muchas veces discriminados no había, y no había po’. Teníamos mi hijo mayor, y la verdad es que fue duro, muy duro. Ganaba 150 pesos y así sucesivamente, pero bueno, había que sobrevivir en esos tiempos. Y bueno, puedo decir de que aquí en Pichilemu no hubieron desaparecidos, pero teníamos muy poca información también, el tema del que la miseria que uno vivió, bueno, no se lo doy a nadie, los golpes no me interesan, sino que fue lo que viviste después. Si hoy día miran mal a los haitianos, a nosotros nos miraban más mal, porque éramos la lacra de los trabajadores, los políticos que éramos en ese tiempo. (Entrevista Bernabé Pavéz, 16 de junio de 2018)

Nuevamente, el factor político entra en juego. Esta vez en forma de acicate para la propia comunidad con el fin de poder encontrar un culpable e identificar un enemigo. Este enemigo era la izquierda, las gentes de izquierda, los ciudadanos de tercera categoría. Queda de manifiesto que, no solo el sujeto como víctima sufre una transformación después de la tortura, sino que la comunidad por su lado también la sufre. Pues como bien sabemos, la tortura se ejercía en tanto forma de control político y social, y por medio de los cuerpos y las mentes se lograba someter, no solo a la víctima, sino que se usaba a esta como ejemplo para la propia comunidad ¹⁹.

De esta manera, el control asociado a la tortura es ejercido a través de la misma comunidad. De ser vecinos, se transformaron en jueces, que apuntaban con el dedo, e incluso a vigilaban a los mismos vecinos, ejerciendo un papel fundamental en la vigilancia y el control de las víctimas. De alguna manera, en Pichilemu fue la misma comunidad fue la que ayudó a ejercer el control político dentro del pueblo, ya que si bien no contaban con las herramientas legales para ello, se preocuparon de señalar, de apartar y de simultáneamente invisibilizar a las víctimas de terrorismo de Estado.

Eugenio González en su relato da cuenta del rol que ejercía parte de la comunidad al momento de dar información a Carabineros y en última instancia a la CNI:

Ya, esta gente tenía, todos estos hueones se hacen los hueones. Por ejemplo tenían un grupo… un grupo de… casi todos nosotros pedíamos fiado (…) Entonces a él le preguntaron por mí, por todos, por toda la gente de izquierda de Pichilemu porque éramos pocos. Dónde tenía familiares, dónde vivían los familiares. Todo eso era normalizado por la CNI porque ellos les pasaban los datos y a mi mamá le preguntaron mucho, sabe usted… (Entrevista Eugenio González, junio de 2018).

Más adelante agrega lo que hacía la policía con esa información:

Y a usted lo perseguían allá, efectivamente yo salía pa’ la playa me topaba con pacos que andaban pescando, haciéndose los hueones así ponte tú, y le preguntaban a uno. ¿A qué te dedicai? ¿Siempre te hay dedicado a la huea ésta? (Entrevista Eugenio González, junio de 2018)

Por otro lado, encontramos en los vestigios de la tortura los problemas para relacionarse con la comunidad misma, desde un punto de vista afectivo y de confianza. El ser delatado por la comunidad y ser juzgado trae repercusiones en la personalidad y en la forma de relacionarse. Piper señala que “la experiencia de ser voluntaria y conscientemente dañado por otro ser humano afecta profundamente la confianza que se tienen los otros y en las relaciones que se pueden establecer con ellos” (Piper, 2005: 218). Es por eso, que el trauma tiene su expresión en el diario vivir, en lo material y lo simbólico. Los problemas psicosociales para las víctimas, son otro de los tantos con los que tienen que lidiar después de la tortura. Estar reviviendo la experiencia y reconfigurándose a partir de esta en la cotidianidad. Rafael Moraga describe de alguna manera los traumas que lo han aquejado hasta el día de hoy, y que grafican lo establecido anteriormente:

Pero fue una tortura tremenda porque yo sentía un ruido y pensaba que iban a venir por mí. Y lo otro era las miradas de los vecinos de la gente de oposición que había en ese tiempo. Los upelientos, los qué sé yo, los miristas. Fue terrible. O sea, yo te digo esa es una cosa que me ha costado mucho poder salir adelante (…) Pero hay una cosa psicológica que es tremenda y que, yo creo que lo va a tener uno por siempre (Entrevista Rafael Moraga, mayo de 2018).

No hay que explorar muy lejos en este quiebre local con la comunidad. En Paine (Maureira, 2009) podemos evidenciar exactamente el mismo tipo de control social: a través de la comunidad. A través del miedo y de individualizar culpables. De generar buenos y malos ciudadanos; ciudadanos de primera y tercera categoría.

Las dificultades posteriores

Un aspecto que fue fundamental y característico en la vida de las víctimas fue la falta de oportunidades laborales, pérdida de estudios y de trabajo. En definitiva, de su vida profesional. En el caso de Pichilemu, las entrevistas dan cuenta de estas dos variantes. Por un lado, hay quienes pierden la vida laboral que llevaban hasta el momento, y por otro, hay víctimas que ven truncados sus estudios tanto universitarios como secundarios. Según los mismos entrevistados, la mayoría de los trabajos en Pichilemu eran de dos tipos: en primer lugar, de carácter municipal, esto es, funcionarios a cargo del gobierno y/o la municipalidad, y en segundo lugar, trabajos para privados, y dentro de ellos, destaca el trabajo en fundos aledaños. Bernabé Pavéz, era en ese entonces estudiante de Filosofía en la Universidad de Concepción y recuerda que su vida estudiantil se vio terminada, por lo que se vio obligado a pasar directamente al mundo laboral, bajo el estigma de ser ciudadano de tercera clase. En su relato él cuenta las dificultades que tuvo para reinsertarse en el mundo del trabajo:

Ahí tuve que poner a trabajar, de obrero, en la CONAF en el año 74, entré a la CONAF, una pega temporal así, como obrero que es control de dunas, controlar las dunas de Punta de Lobos a Cáhuil. Y bueno… nunca tuve la chance de… Trabajé por el PEM y el POJH ²⁰ todos esos planes, no tenía derecho a trabajar en reparticiones públicas, nadie de la familia. Hasta que en el año 90 me contrataron recién como funcionario de planta de la CONAF (…) lo que fue ese trayecto fue una, fuimos mirados como, como te dijera yo, como personas de tercera clase, éramos lo peor que había aquí, así que así transcurrió todo eso… (Entrevista Bernabé Pavéz, junio de 2018).

Siguiendo esta misma línea, Eugenio González, quien para 1973 estudiaba Licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de Chile y que en su relato da cuenta de cómo tuvo que reconfigurar su vida, para finalmente convertirse en artesano por las condiciones en las que se encontraba:

Yo vivía fíjese, me cocinaba yo mismo y… comía lo que había, por ejemplo si no hay pan, no como, qué hueá. (…) Comía jaibas, cochayuyo, mariscos de la playa y me hacía la ropa. Me hacía la ropa, era como hippie, me alcancé a hacer zapatos y vivía digamos muy, y en el verano me componía por la cuestión de las conchitas y después ya comencé a trabajar, me hice una casa de pura piedra. Acarreaba al hombro las piedras, y ahí vivía y pintaba también, cuadros. (…) a veces pasaba días en que no comía, después comencé a trabajar con esos cabros en las plantaciones de pino, trabajaba todos los inviernos ahí, los veranos me iba a la playa, trabajaba en las conchitas. (Entrevista Eugenio González, junio de 2018)

Roberto Becerra, quien en 1973 estudiaba en la enseñanza media y con 17 años de edad, después de estar dos años preso en la Cárcel de San Fernando, vio coartadas las posiblidades de raíz:

Bueno mi vida cambió en un 100%, un vuelco radical, porque después de haber estado preso dos años, la mayoría de la gente aquí lo conocía a uno. Por lo menos era problema para encontrar trabajo. Y la mayoría como ejemplo, toda la gente la mayoría lo conocía a uno ah… poco menos le hacían así porque había sido poco menos extremista. (Entrevista Roberto Becerra, julio de 2018)

Los tres relatos dan cuenta de la dureza a la que se vieron sometidas las víctimas en su retorno a Pichilemu luego de su liberación entre 1973-1975. No solo tuvieron que cargar con el trauma psicológico, físico y el de la comunidad, sino que, al mismo tiempo, sus condiciones materiales y sus proyectos de vida fueron coartados en su totalidad, teniendo que dedicarse a tareas del sector primario, por muchos años de manera informal y esporádica, hasta que en la década de los 90’ su situación empezó a cambiar. Sin embargo, las víctimas como sujetos no fueron las únicas.

La familia, por otro lado, cargó también con el estigma de las víctimas, asumiendo el peso que les fue impuesto por la comunidad. En definitiva, “el sentimiento de los familiares de haber sido vulnerados en su condición más íntima de personas, abarcando proyectos futuros, sentimientos, actitudes, identidad, capacidad de adaptación, bienestar físico y mental.” (Comisión chilena de Derechos Humanos, 1999: 112). Becerra, nuevamente con su relato, da cuenta de lo difícil que fue para la familia, especialmente para la madre, ver las condiciones en las que se encontraba encarcelado:

Bueno pa’ uno no tanto, pero pa’ la familia, mi familia, mi mamá que viajaba todas las semanas a verne a San Fernando. Invierno, verano, con lluvia, sin lluvia, mi mamá iba a verme igual. Así que yo creo que más el problema fue pa’ la familia que pa’ uno. Igual uno sufrió los castigos físicos, pero la familia yo creo que sufrió más que los castigos físicos (Entrevista Roberto Becerra, julio de 2018)

Finalmente señala que:

Así que yo creo que también fue un vuelco pa’ mí y la familia. Porque imagine, estar ahí dos años, mi mamá viajando a verme dos años, había que tener plata pa’ ir a verme. Y por último llevar aunque sea un paquetito de galletas, así que el sufrimiento no fue solo pa’ mí, también pa’ mi familia (llora) (Roberto Becerra)

Siguiendo esta línea, Eugenio González, relata lo delicado que fue para la madre lidiar con la condición de sus hijos:

A mi casi me mataron, pero yo aguantaba porque era joven, con 25 años… usted aguanta, aguanta los golpes. Y mis hermanos apretaron cuea, dos, y otro estaba en el regimiento haciendo el servicio militar. Así que la hueá era penca pa’ mi mamá. Imagínese usted. (Eugenio González)

Queda en evidencia que la marca del trauma no era solo llevada por la víctima en su condición de individuo, sino que también traspasaba esta individualidad y era compartida por la misma familia, quien tenía que lidiar con su propia marca. La figura de la madre, en este caso, simboliza aquello. Simboliza el sufrimiento, la vigilia, la angustia y sobre todo la esperanza de volver a ver al familiar, al hijo, al esposo. También queda de manifiesto que toda violencia extrema deja una marca, y que esa marca se materializa en trauma que puede ser expresado de múltiples formas. Este trauma tiene que ser entendido en su contexto histórico y desde la perspectiva de la víctima ²¹, es decir, entender lo que significó para ella en todas sus dimensiones: duración, marcas, etc.

De esta manera se desprende que los victimarios en el caso de Pichilemu no fueron solo los militares, sino que la comunidad también jugó un rol fiscalizador y represor. Esta continua marca materializada en la comunidad, en los vecinos, se representó de varias maneras. En primer lugar, tomaron el papel de vigilantes. En segundo lugar, actuaban aislando socialmente a las víctimas, transformándolas en culpables. Por último, la sociedad en su conjunto transformó los dos roles anteriores de la comunidad y lo plasmó materialmente al excluir laboralmente a las víctimas. Sin embargo, como señalamos anteriormente, las víctimas no cargaron en soledad con esta marca, la familia también se vio involucrada al ser inserta en esta recaracterización de víctima a culpable. Todo lo anterior se da gracias al carácter de pueblo de Pichilemu. Al ser una comunidad pequeña e íntima, las relaciones eran públicas, por lo que era difícil no saber por un lado lo que pasaba, y por otro más evidente, la exclusión era directa y manifiesta.

Conclusiones

A partir de lo revisado, este artículo puede dar cuenta de que en Pichilemu efectivamente hubo casos de terrorismo de Estado y represión a partir del año 1973. Esto se enmarca en un contexto nacional convulsionado, en que la clase política de izquierda, y por ende, la izquierda en su conjunto, perdieron una batalla que nunca tuvo la posibilidad de pelearse. Los intereses antidemocráticos jugaron un rol fundamental en el quiebre de la historia republicana en Chile, terminando en un golpe de Estado llevado a cabo y liderado por el dictador Augusto Pinochet, el Partido Nacional y parte de la Democracia Cristiana. Esto a raíz de que el pueblo tenía por fin representación presidencial a través de Salvador Allende y la Unidad Popular. Pero el proyecto popular chocaba con las bases e intereses de la clase que, hasta el momento, dominaban la historia, por lo que nunca vería la luz en su totalidad.

Las violaciones a los derechos humanos dentro del período estudiado, se enmarcan una guerra declarada hacia el marxismo por parte de las autoridades represivas que estaban al mando del gobierno. Esta guerra al marxismo era llevada a cabo con el discurso de salvar a la patria del enemigo interno, que era la izquierda marxista. Y es en ese contexto de supuesta guerra, en el que se desarrollan las más terribles violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, pasando a llevar los principios básicos de convivencia en un país.

Siguiendo esta línea, analizamos las características de la represión en Chile, con su fuerte carácter represivo desde el primer momento y siendo expresión de la política de Estado que buscaba exterminar política y físicamente a la oposición, la izquierda. A nivel nacional, se puede observar que desde 1973 a 1990 las principales víctimas de esta política de exterminio fueron militantes del PS, PC y MIR, siendo este último el más afectado en el año 1973.

En Pichilemu la represión comienza entre los días 12 y 17 de septiembre de 1973, se destaca la importancia del MIR en la zona, con un trabajo de base financiado por el mismo gobierno, así como también funcionarios de la Municipalidad que eran parte del Gobierno de la UP. Es por esto que la represión en Pichilemu estuvo altamente estudiada y planificada antes de ser llevada a cabo, ya que desde el primer momento el Capitán Manríquez, encargado de la represión en el pueblo, tenía como meta desarticular la militancia de la zona, y sobre todo, desarticular y extinguir al MIR del pueblo de Pichilemu. A razón de ello, podemos afirmar que el grupo que siempre fue el foco de represión en Pichilemu fue el MIR. Los relatos señalan que, desde el momento de la detención hasta la posterior encarcelación de los militantes, el trato fue distinto. Desde la liberación de los militantes del PS y del PC en el tiempo de una semana, hasta las penas de 2 a 35 años que sufrieron los militantes del MIR. Este núcleo del MIR pichilemino, como mencionamos anteriormente, formaba parte de un plan de trabajo para palear la cesantía en Pichilemu. Por ello, hay que entender al MIR de Pichilemu como una extensión del gobierno de la UP en la zona, ya que a pesar de que la naturaleza del MIR, tanto en su discurso como en su praxis avalaban la lucha de clases por cualquier vía, incluyendo la lucha armada, en la práctica la base mirista en Pichilemu no podía ser más distinta. Los propios militantes dan cuenta de ello en sus relatos, quienes señalan que nunca tuvieron las armas por las que fueron acusados, y que además, no había una unificación en la línea política del MIR pichilemino, estando muchos en contra de la misma lucha armada, no así del trabajo realizado en la zona.

Por otro lado, hay que resaltar la importancia y el carácter de pueblo de Pichilemu al momento de hacer un análisis de la represión en la localidad. Como señalan las fuentes revisadas, en los pueblos la represión se dio de manera distinta. En las ciudades la represión era más personal y muchas veces no se percibía en la comunidad. En cambio, específicamente en Pichilemu, la comunidad jugó un papel importante en la represión posterior. Este papel de la comunidad se manifestó de varias maneras, siendo las principales el aislamiento social y la exclusión de las víctimas en el ámbito laboral. El aislamiento social se vio muchas veces impulsado por el miedo, ya que como revisamos, la tortura y la represión no solo buscaban dominar la mente y los cuerpos de las víctimas, sino que usaba a las víctimas como símbolos para dominar a la comunidad que les rodeaba. Es por ello que la comunidad caía en la exclusión social de las víctimas, y en Pichilemu, era imposible no darse cuenta de ello. Además, las fuentes señalan que hubo sectores de la misma comunidad que voluntariamente, desde el momento en que se dejaron en libertad a las víctimas, entre los años 1973 y 1975, se dedicaron a vigilar y entregar información a las autoridades de carácter represivo, para hacer un seguimiento desde lo local. Sin embargo, las víctimas como individuos no fueron las únicas en sufrir los traumas de la represión. La familia está inserta y es parte constante de este sufrimiento. La desesperanza de no estar con los seres queridos, el tener que reconfigurar el núcleo familiar por la ausencia de las víctimas es una tarea que de la familia en su conjunto.

Para finalizar, es importante recalcar la importancia de los trabajos de memoria y de historia local en los cuales está adscrita esta investigación. La memoria y los estudios de esta son una herramienta valiosa para reconstruir vivencias que se experimentan desde lo personal pero que impactan en lo colectivo, como es el caso mismo de la tortura y la represión durante la dictadura en Chile. El individuo, desde la experiencia personal, da cuenta de elementos reconstitutivos de una memoria histórica que habita en las víctimas que aún buscan esa esquiva justicia, que tanto les debemos como país. Estas memorias son espacios de resistencia, espacios políticos que buscan ser escuchados y a su vez tomados en cuenta. Son fuentes fundamentales para poder estudiar, comprender y trabajar sobre los errores que se han cometido como país. En resumen, “dar cuenta de la experiencia de tortura y genocidios significa romper los silencios, los no dichos, las palabras ahogadas en la imposibilidad de ser enunciadas por la víctima” (Viñar, 2016: 76).

Asimismo, la historia local, como su nombre lo dice, aporta desde la localidad, desde lo micro, desde lo pequeño, desde lo íntimo. Resaltar la relevancia de estos estudios está en cambiar la perspectiva sobre un fenómeno que sin duda es colectivo, pero que desde la intimidad de las víctimas y de las experiencias, cambia el significado y la forma en cómo se perciben los resultados, en este caso del terror. La historia de los pueblos, en este caso de Pichilemu, está inserta en las sensibilidades que nos aporta la historia local, la relevancia de la comunidad por sobre lo individual, y cómo lo privado es de alguna manera público.

Por último, las motivaciones de este trabajo vienen desde el Chile actual post dictatorial, en el que aún muchos de los vestigios asociados a la dictadura viven en nuestra sociedad. La prevalencia de los proyectos privados por sobre lo colectivo, de la competencia por sobre la cooperación, de la injusticia por sobre la justicia. Y es en esta última desde donde nace la mayor motivación por tocar los temas tratados en este artículo, que son la falta de justicia, verdad y reparación. A 45 años de lo ocurrido, ha habido instancias de reparación, partiendo por la declaración de culpabilidad que mostró el Estado desde el retorno a la democracia. Sin embargo, vemos cómo todavía, en muchos casos, los casos de injusticia prevalecen. La libertad de violadores de derechos humanos militares, los civiles que contribuyeron a mantener el poder por 17 años hacen imposible siquiera empezar a hablar sobre el camino de la reparación. Es por eso que este trabajo aporta no solo en forma muy minúscula a la historiografía, sino que también, de alguna manera aportó a las víctimas al ser escuchadas, al ser interlocutores válidos dentro de este debate en el cual muchas veces olvidamos a las víctimas de lugares remotos. En definitiva, dotar de voz a lo que alguna vez no la tendrá; a mantener viva esa memoria que vive en resistencia y que clama por justicia.

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Notas