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El CELTYV y la construcción de las “víctimas del terrorismo” (2006-2018)

Introducción

En el siguiente trabajo, voy a centrarme en estudiar un tipo de memoria presente en la sociedad argentina sobre lo sucedido en la década de 1970, una época muy conflictiva en términos políticos, sociales, culturales e historiográficos. Dicha memoria está vinculada con la derecha política¹, especialmente con la versión de los hechos que sostienen los militares que participaron de la última dictadura militar y sus círculos más cercanos.

En relación con esta temática, me interesa identificar cómo estos sectores construyen la victimización de aquellos que murieron en acciones realizadas por organizaciones político-militares².

En ese sentido, analizaré a la organización no gubernamental (ONG) llamada “Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas” (CELTYV). Fue fundado en el año 2006 por Victoria Villarruel, quien es actualmente su presidenta. Ella es una abogada, recibida de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según afirma Cristian Palmisciano (2017), la idea de la organización surgió en 2003, cuando Villarruel conoció a familiares de “víctimas del terrorismo”; pero el factor central que incidió en su formación (al igual que con otras organizaciones que pugnan por la “memoria completa”), fueron las políticas de memoria emprendidas por el gobierno de Néstor Kirchner.

El CELTYV tiene una estructura que busca asemejarse a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Esta organización española fue fundada en 1981 “por un grupo de mujeres cuyos familiares murieron por atentados de la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y en la actualidad aglutinan a víctimas de otras organizaciones terroristas” (Palmisciano, 2017:55), y buscan que dichas “víctimas” sean reconocidas por el Estado. La agrupación liderada por Villarruel constituye un elemento interesante, ya que intenta construir un perfil serio, apoyado en investigaciones y, al mismo tiempo, busca difundir estos resultados a través de la web y de libros.

A lo largo del trabajo, me centraré en analizar publicaciones que realizan en su página de Facebook. Es importante remarcar el importante papel que tiene este medio de comunicación masivo en la actualidad, como una de las formas más exitosas de transmitir una idea (Por ejemplo, la página de esta organización cuenta con más de 45.000 “me gusta”). Otra cuestión destacable es el contexto nacional bajo el gobierno de Mauricio Macri, que permitió un resurgir de estas memorias que consiguieron visibilidad pública en las redes, pero también en programas de televisión. Además de los posteos, analizaré una nota de opinión escrita por Villarruel en Infobae, con motivo de un nuevo aniversario del 24 de marzo, fecha en que comenzó la última dictadura militar de 1976 y que fue establecida como Día Nacional de la Memoria. Finalmente, tomaré una entrevista realizada a la misma Villarruel, por parte de un diario digital de corte religioso, para observar la interpretación general que tiene la organización acerca del período.

Identificando el objetivo antes mencionado y la organización en cuestión, me propongo: analizar las representaciones y las características que asumen las llamadas “víctimas del terrorismo”; observar en qué medida su memoria se acerca o se distancia de las memorias sostenidas por sectores militares en general y otras sobre el período; dar cuenta de las prácticas y recursos de recordación que utilizan para dar a conocer su memoria; y exponer el marco jurídico desde el cual esta organización fundamenta su memoria y su posición política en el presente.

El tema elegido ocupa un lugar muy importante en las discusiones acerca de lo ocurrido en el pasado reciente de la Argentina. Efectivamente, por lo menos desde principios de la restauración democrática (aunque, como señalan Daniel Lvovich y Jaquelina Bisquert -2008-, los organismos de DDHH disputaban con la versión sostenida por el gobierno militar durante la dictadura) se viene desarrollando en el país una extensa disputa de memorias, que pugnan por imponer su versión en el espacio público. Como ha señalado Ludmila Da Silva Catela (2010), diversos grupos han conformado una interpretación de lo ocurrido en la última dictadura militar y dentro de estos se ubican aquellos relacionados a la “familia militar”. Hay que entender este concepto como una metáfora, utilizada para lograr una mayor unidad corporativa en la acción por el reconocimiento de la “otra verdad”.

Estas constituyen las llamadas “memorias denegadas” que, según Da Silva Catela, son aquellas que buscan el reconocimiento del Estado, para poder ser integradas en la memoria oficial. Sin embargo, son rechazadas por este, justificándose en “la impureza de esas memorias, el origen nocivo de los relatos, principalmente porque provienen de comunidades identificadas o pertenecientes a la ‘familia militar’” (Da Silva Catela, 2010:120). No obstante, este tipo de memoria ha encontrado diversos canales de expresión, especialmente los relacionados con el internet y las redes sociales, que les permiten salir de la “clandestinidad” en la que dicen actuar (ejemplo de esto es que analizaré una página de Facebook). De todas formas, es necesario aclarar que el “cerco” al que este tipo de organizaciones dice estar sometidas, más bien constituye un relato para generar apoyo. Por caso, hasta por lo menos principios de los años 2000, seguían realizando homenajes públicos, situación que sí varió durante los gobiernos kirchneristas.

La “memoria militar” ha transcurrido por diversas etapas, dependiendo en gran medida del contexto político en el que se enmarcan; Valentina Salvi (2009) identifica al menos tres. La primera memoria (“negación y triunfalismo”) se constituye en una justificación del golpe militar y de las acciones represivas. En una segunda etapa (“autocrítica, arrepentimiento, sinceramiento”) ciertos sectores de las FF AA intentaron establecer una ruptura con la memoria anterior. Si bien no cuestionaron la llamada “lucha contra la subversión”, sí criticaron el terrorismo de Estado. En una tercera etapa, comenzada en los años 2000, los sectores de la “familia militar” conformaron una nueva versión: la “memoria completa”. Esta memoria critica a los organismos de DDHH porque sostiene que estos son parciales, sectarios y ocultan que existió un enfrentamiento armado en los años setenta, producto de una “lucha contra la subversión”, que se había transformado en una “guerra fratricida”.

De todas formas, el énfasis está puesto en las llamadas “víctimas de la subversión”, quienes ahora son catalogadas como “mártires” de la nación. Estos no deben ser entendidos sólo en términos de hechos fácticos. En efecto, como señalan Santiago Garaño y Esteban Pontoriero (2018), estas figuras tienen una construcción de larga data que las ha pulido, estandarizado “y puestos en escena en rituales con una poderosa carga emotiva y moralizante” (2018:21), en base a una acción psicológica que las convirtió en motivo de unidad para los militares y sus familiares.

El antecedente más importante para todas las organizaciones de la “familia militar” lo constituye Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS), fundada en 1984. Esta agrupación disputó el espacio público a los organismos de DDHH hasta su disolución en 1991, a raíz de los decretos de amnistía del gobierno de Carlos Menem. La importancia de la agrupación radica en que sentó las bases de una línea argumental que es retomada hasta la actualidad. Como sostienen Sandra Gayol y Gabriel Kessler (2012) esa línea estaría compuesta por “la memoria completa, la justicia para todos, la apropiación del lenguaje de los derechos humanos con un giro propio, la contabilización de las víctimas de la subversión, la inscripción de sus luchas con las víctimas del terrorismo en otros países” (2012:181). A lo largo del trabajo podremos observar cómo esos elementos hacen aparición en el discurso del CELTYV.

Todo este recorrido está relacionado con la formación y el mantenimiento de una identidad: memoria e identidad están estrechamente relacionadas, ya que ambas se constituyen mutuamente en la subjetividad, como señala Elizabeth Jelin (2002: 25), y para esto utilizan parámetros que implican una selección de hitos que sirven para ponerse en contraposición a un otro. De esta manera, a lo largo de la investigación podremos observar cómo los miembros de la “familia militar” erigen su identidad en antagonismo a las organizaciones de DDHH.

Lo señalado anteriormente permite introducir una última cuestión importante para el análisis: siguiendo el desarrollo de Emilio Crenzel (2016), los distintos actores sociales y políticos que intentaron e intentan disputar el espacio público para imponer sus memorias, han tenido dificultades para poder historizar la violencia de los 70’ y mantener la “politicidad” de las víctimas. Esto se debe, en gran medida, a la hegemonía del paradigma de los Derechos Humanos, que atraviesa a todas las memorias. En este sentido, me interesa destacar que también las memorias de la derecha cercana a los militares entran en este paradigma. Esto podría observarse a través de la victimización de quienes murieron en hechos perpetrados por organizaciones político-militares.

1. La victimización

Como hemos dado cuenta en la introducción, la memoria militar ha sufrido cambios a lo largo de los años, dependiendo del contexto político-social. Durante la última dictadura y las décadas siguientes, la representación sobre aquellos muertos por acciones guerrilleras pueden ser consideradas como “triunfalistas”. El personal militar o policial era retratado con el papel de héroe o a lo sumo, como un mártir de la nación, que había muerto en un acto de servicio, defendiendo a la patria. Los civiles eran poco nombrados o se los nombraba de forma general, remarcando que eran “víctimas inocentes” del “terrorismo”.

Sin embargo, desde los años 2000 se viene dando un proceso de reconstrucción de la memoria castrense, que responde a la hegemonía que supieron conseguir los organismos de DDHH al lograr que la memoria de los desaparecidos se estatalizara. Esta reconstrucción tomó la forma de la lucha por una “memoria completa”. Pero, ¿completa en qué sentido? Sus defensores consideran que la memoria de los desaparecidos es “sectaria” y oculta una “verdad que ha sido minimizada, silenciada (...) por sucesivos gobiernos democráticos” (Salvi, 2009: 105). A raíz de este cambio de paradigma, las organizaciones de la “familia militar” comenzaron a modificar el enfoque que tenían sobre los “caídos por la subversión”.

Lo primero que realiza este tipo de memoria es hacer hincapié en el sufrimiento que pasaron los miembros de las FF AA, en un mecanismo de redirección de la culpa. En efecto, al poner mayor énfasis en lo que pasaron los militares, se refuerza la idea de que fueron víctimas de la agresión del “enemigo subversivo”. Este “discurso dramático del sufrimiento”, en palabras de Salvi (2009: 107), puede ser fácilmente reconocido en las publicaciones que realiza el CELTYV. Una constante es la identificación de las víctimas como personas con altos valores morales, reconocidos por familiares cercanos y amigos. Por ejemplo, en una publicación fijada en su página de Facebook, la organización afirma que “ya no importan las fechas, importan los seres humanos que no están, a los que nadie conoce, a los que nadie escuchó hablar” (CELTYV, 5 de octubre de 2017). En otra publicación, donde se relata el caso de Luis Arrossagaray, se sostiene que “Toda su familia y amigos siempre lo recuerdan por su generosidad, buen carácter y altos valores morales” (CELTYV, 18 de octubre de 2018). Los ejemplos se multiplican con cada relato posteado.

La construcción de la víctima también sigue otros pasos que se repiten casi siempre. En los relatos se nombra su ocupación y, si se habla de un miembro de la Policía o alguna Fuerza Armada, se remarca que era alguien que cumplía con su deber. Un dato muy interesante es que muchos de los casos presentados corresponden a civiles, a quienes no dudan en calificar de inocentes. El mismo Arrossagaray era ingeniero civil y gerente de Borgward Argentina. En el caso de Jordán Genta, se enfatiza que era un profesor y que estaba yendo a misa como todos los domingos (CELTYV, 30 de octubre de 2018). Cuando relatan el caso del asesinato de Alberto Salas, comentan que era coordinador general de personal de la división productos diversificados de Fiat Concord (CELTYV, 29 de octubre de 2018). En cuanto al caso de Reinaldo Dal Bosco y Raúl Sanguinetti se indica que el primero era ingeniero y el segundo policía (CELTYV, 16 de octubre de 2018). En alguna ocasión se nombra la edad y el lugar de origen de las víctimas, pero no son datos que adquieran gran relevancia en la trama narrativa.

Existe una visibilización especial de aquellos soldados conscriptos que murieron en el copamiento que intentó realizar Montoneros en Formosa, en 1975. Los casos de Ismael Sánchez, Hermindo Luna y Edmundo Sosa (CELTYV, todos el 5 de octubre de 2018), permiten ejemplificar a aquellos que murieron en cumplimiento de su deber, luchando contra la “agresión subversiva”. Vemos como nuevamente se coloca la responsabilidad de la violencia en el otro, el enemigo. Incluso, la organización llega a afirmar: “Esta era la oligarquía que asesinaron los Montoneros el 5 de octubre de 1975”, haciendo referencia al origen humilde del soldado conscripto Luna, muerto en ese ataque.

En estos ejemplos podemos observar cómo se construye la figura ideal del oficial-víctima, en el caso de miembros de FF AA y policiales, y cómo esa lógica incluye también a los civiles. Lo que se busca es crear una imagen limpia de ambigüedades, especialmente morales y políticas. Existe una cuestión interesante en las descripciones de las “víctimas”. En palabras de Salvi: “(...) la feminización que implica la figura de la víctima se contrarresta con la masculinización que identifica al militar valeroso con el padre y esposo, pilar fundamental de la familia” (Salvi, 2009: 108). Esto puede observarse en la mayoría de las publicaciones de la organización, y no solamente con el personal militar. Por ejemplo, en el ya mencionado caso de Arrossagaray se sostiene que era un “buen esposo”. Sobre Salas se dice que tenía tres hijos de 12, 11 y 3 años, y sobre Dal Bosco y Sanguinetti se afirma que cuando murieron dejaron atrás a “5 hijos en total”.

La presidenta de la organización, Villarruel, relata el caso que conjuga todos los elementos que venimos nombrando y que se convirtió en insignia de su lucha judicial: el secuestro y asesinato de Argentino Larrabure por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Sobre él se dice:

(...) era un militar que fue secuestrado por terroristas del ERP cuando fue atacada la fábrica militar de explosivos de Villa María, en Córdoba, en la cual estaba destinado este ingeniero militar y donde vivía con su esposa y sus dos hijos (Infobae, 24/03/2018).

Con esta descripción introduce la figura del “no-combatiente”.

La descripción de los hechos constituye un aporte a la construcción de la victimización. Esta acción se realiza en forma de crónica policial, relatándose detalladamente los pasos que siguieron los agresores para lograr su cometido. Lo más importante que se quiere transmitir es que todo estaba minuciosamente organizado por agrupaciones grandes, que ejercían el “terrorismo” a su antojo. Por ejemplo, cuando relatan el caso de Arrossagaray cuentan que: “(...) Montoneros (...) decidió esperarlo por la mañana, con una emboscada, en un operativo minuciosamente organizado y ejecutado por 5 de sus integrantes”. Sin embargo, aunque suele nombrarse la cantidad de disparos efectuados contra las “víctimas”, CELTYV no realiza un “show del horror”³ mostrando imágenes de cadáveres ni algo parecido. Las imágenes que acompañan los posteos del CELTYV suelen ser de las “víctimas” en compañía de sus hijos, esposas o familiares.

El paso final para completar el proceso de victimización, lo constituye la “demonización” del agresor, del “subversivo”. Además de reforzar la separación entre un agresor y un agredido, se apela a una concepción muy presente en el ideario cristiano en general. En efecto, “el mecanismo de demonización se arraiga en una concepción que explica el mal por la naturaleza pecadora de la condición humana” (Salvi, 2009: 110). Esta lógica queda de manifiesto en el relato que hace CELTYV sobre un caso en donde Montoneros asesinó a cinco policías en una emboscada: “En 5 minutos asesinaron a 5 policías. Con crueldad, con frialdad, con odio… con todas las características de un atentado terrorista” (CELTYV, 26 de octubre de 2018). En este sentido, los comentarios en las distintas publicaciones sostienen la idea de la demonización y se pueden encontrar oraciones, pedidos a Dios por el alma de las “víctimas” y el pedido de justicia contra los “diabólicos” asesinos.

Nuevamente, este último mecanismo abona a la idea de despolitización que realiza esta agrupación sobre las “víctimas del terrorismo”, lo cual se constituye en condición de posibilidad para que efectivamente se construya esa imagen de víctima. Este proceso, con todas las características que hemos señalado en este apartado, guarda similitud con la construcción de la victimización de los desaparecidos ocurrida bajo el paradigma de la “teoría de los dos demonios”. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y a partir del prólogo del Nunca Más, se construyó la idea de que dos demonios (los militares y los guerrilleros) habían utilizado la violencia para resolver sus diferencias. Sin embargo, los militares habían ejecutado un plan sistemático de desapariciones. A partir de entonces, durante los juicios se evitó mencionar la pertenencia política de los afectados, con el objetivo de construir la imagen de una víctima que no podía ser empañada con esas cuestiones. De esta forma: “(...) su denuncia de los derechos violados se asentó en la condición moral de las víctimas y no en el carácter universal de estos hechos” (Crenzel, 2016: 50-51). Sin embargo, cabe hacer una aclaración: el nivel de despolitización no es tan alto como el sucedido con los desaparecidos, por el hecho de que las víctimas militares no eran acusadas de terroristas.

La construcción de las “víctimas de la subversión” le permite a los sectores militares retomar las consignas de “verdad” y “justicia” defendidas por los organismos de DDHH, haciendo énfasis en la exposición de la “otra verdad” que estos ocultarían a través de la memoria que lograron instalar como oficial. Asimismo, les permite defender lo realizado durante la última dictadura militar desde otro ángulo: delegando la violencia en el “enemigo” (el cual es defendido por los organismos de DDHH, según su versión) y poniendo el énfasis en las propias “víctimas”.

Lo expuesto hasta ahora, reafirma la idea de que las memorias militares, y más estas memorias asociadas a la idea de “memoria completa”, se construyen en posición especular y reactiva con respecto a las organizaciones de DDHH.

2. El CELTYV y su relación con otras memorias

Como mencionamos en la introducción y a lo largo del apartado anterior, esta organización presenta una memoria compatible con la idea de “memoria completa”, sostenida por diversos sectores del ámbito castrense. Como señala Salvi: “Con esta consigna, el Ejército busca posicionarse públicamente frente al fortalecimiento de la memoria de los desaparecidos y disputarle a los organismos de Derechos Humanos la verdad sobre el pasado reciente” (Salvi, 2009: 105).

A través de este “volver a posicionarse”, los militares dejan de hacer referencias públicas a la “guerra sucia”, con las caracterizaciones triunfalistas que esta evoca para ellos, y se centran en sus propias víctimas, como mencioné anteriormente. Cabe aclarar que no todas las organizaciones que defienden la “memoria completa” abandonan sus referencias a esa “guerra”, ya que ella constituye una parte esencial del relato castrense. Me interesa remarcar esto, porque el enfoque discursivo que se le da a esta cuestión puede variar.

En el caso del CELTYV, la organización claramente señala que existió un conflicto armado durante fines de los 60’ y la década del 70’. Este conflicto tendría la característica de ser una “guerra asimétrica”, haciendo referencia a la marcada diferencia entre los distintos contendientes. Para apoyar esta idea, Villarruel retoma lo que decían las propias organizaciones armadas: “(...) tal como las mismas organizaciones armadas declamaban abiertamente en sus órganos de prensa” (Infobae, 24/03/2018).

La forma de sostener su posición la encuentra en una estadística que circula ampliamente entre estos sectores, pero que sin embargo no tiene un autor claro. Este informe señala que en los setenta “operaron 17 organizaciones armadas, con dos que alcanzaron presencia internacional como Montoneros y ERP, que causaron 1094 muertos, 2368 heridos, 756 secuestros, 4380 bombas (...)” (Infobae, 24/03/2018). Con estos datos, Villarruel concluye: “no podemos seguir negando la existencia de un conflicto armado interno que causó delitos de lesa humanidad aún impunes contra la población civil y no combatiente” (Infobae, 24/03/2018).

Como podemos inferir, estas posiciones se enfrentan directamente a las organizaciones de DDHH. Esta es una cuestión que se repite en la mayoría de los posteos que realiza CELTYV en Facebook. Por ejemplo, en la publicación fijada, anteriormente mencionada, se afirma que ellos luchan “para que la impunidad no sea para siempre” (CELTYV, 5 de octubre de 2017). Esto constituye una referencia velada a las políticas llevadas a cabo por los distintos gobiernos democráticos, en las que nunca se habría reconocido explícitamente a los afectados por acciones guerrilleras. Entonces, el “olvido” por parte de la sociedad y el Estado hacia las “víctimas del terrorismo” impulsa el imperativo de recuerdo y coloca a estas víctimas en el mismo lugar que estaban los desaparecidos cuando eran ignorados y olvidados.

Villarruel es explícita cuando se refiere a este tema. Ella afirma que en el texto de ley del Día Nacional de la Memoria, feriado creado por Néstor Kirchner, “(...) no había memoria ni recuerdo para los miles de ciudadanos que padecieron a las organizaciones que cometieron terrorismo, antes y después del golpe” (Infobae, 24/03/2018). Más adelante realiza una afirmación interesante, que vale citar in extenso:

En estos 35 años de democracia, en los que presidentes de distinto signo gobernaron, pese a las inmensas diferencias que tuvieron entre sí, primó casi con unanimidad la visión histórica según la cual se debe cercenar toda mención de las víctimas del terrorismo, el calvario que sufrieron a manos de los terroristas, la importancia y la logística de las organizaciones armadas, limitando la historia a un relato casi pueril donde todo comienza mágicamente desde la madrugada de ese 24 de marzo de 1976 (Infobae, 24/03/2018).

Podemos observar que Villarruel considera que los gobiernos democráticos han ignorado sistemáticamente a las “víctimas del terrorismo”, lo cual habría sucedido por la primacía de un “relato casi pueril”, alejado de lo que realmente habría sucedido. De forma similar, aunque no igual, Crenzel afirma que los distintos actores políticos y sociales no han podido dar una explicación de lo ocurrido en los setenta que tenga como componentes principales a la historia y a la política. Es decir, la violencia pre-dictatorial no ha sido historizada y el paradigma de los derechos humanos borró casi complemente la politicidad de las víctimas (especialmente de los desaparecidos, pero también de las “víctimas de la subversión”). Este proceso fue observado por las organizaciones de la “memoria completa” y les permitió construir su propio relato. De esta forma se presentan ante la sociedad como los portadores de “otra verdad”, que fue sistemáticamente ignorada por los distintos gobiernos, tal como afirma el CELTYV. Como señala Salvi: “El relato militar se presenta discursivamente como un acto revelador de las verdades ocultas y nunca dichas sobre la violencia terrorista (...)” (Salvi, 2009: 109). Esto explica el marcado tono de “revelación” que acompaña cada publicación de la organización, en las cuales se remarca el accionar guerrillero.

Sin embargo, a pesar de sostener que existió una guerra, el CELTYV tiene un discurso que lo aparta un poco de otras organizaciones de “memoria completa”: en sus declaraciones no cuestiona que la dictadura haya cometido crímenes de lesa humanidad. En efecto, Villarruel dice que “en ningún momento convalidamos las violaciones a los derechos humanos provengan de quien provengan(...)” (Religión en libertad, 06/10/2018). En este sentido, esta organización afirma que su objetivo específico solo se refiere al reconocimiento de los derechos humanos de aquellos que murieron en acciones realizadas por las organizaciones armadas. En otra parte de sus declaraciones, ella afirma que: “Duele y cuesta pensar que hay derechos humanos para todos cuando aquí se le niegan los derechos humanos a estos ciudadanos exclusivamente por razones ideológicas” (Religión en libertad, 06/10/2018). La apropiación del lenguaje de los derechos humanos es alta, pero no total. El lema de la organización es “Verdad, Justicia y Reparación”, una clara reescritura del “Memoria, Verdad y Justicia” utilizado por los organismos de DDHH.

Cuando analizó a una organización llamada “Hijos y Nietos de Presos Políticos” (HNPP), Analía Goldentul (2018) descubrió que su discurso evitaba estratégicamente contradecir las verdades socialmente aceptadas sobre el pasado reciente, es decir, que existió un plan sistemático de desaparición de personas. Esa organización data del 2008, fue fundada por jóvenes que buscaban la liberación de padres y abuelos juzgados por crímenes de lesa humanidad. En el caso del CELTYV, ocurre exactamente lo mismo. Este giro discursivo con respecto a las primeras memorias militares mencionadas en la introducción, le permite obtener visibilidad en la sociedad en general, a través de las redes sociales y los medios masivos de comunicación.

3. La difusión

Tal como mencioné al final del apartado anterior, el discurso “políticamente correcto” de la organización le permite poder difundir su pensamiento, apelando a la libre expresión que debe primar en una sociedad democrática.

El CELTYV tiene una página oficial en Facebook, pero además cuenta con una página web, una cuenta en Twitter y un canal en YouTube. En la sociedad actual, poseer redes sociales facilita la comunicación de ideas de todo tipo, ya que existen millones de usuarios en todo el mundo y permiten lograr una comunicación interactiva y dinámica (Herrera, 2012). El mundo del internet fue incursionado por casi todas las organizaciones de la “memoria completa”, ya que encontraron en él un lugar para expresarse, ante el rechazo del Estado y la sociedad en general. Teniendo en cuenta esto, me puedo permitir matizar el concepto de “memoria denegada” propuesto por Da Silva Catela: si bien el mismo hace referencia a su posición con respecto a la memoria dominante (la postulada por los organismos de DDHH), el actual contexto nacional y la existencia de redes sociales con millones de usuarios que pueden leer los postulados de la “memoria completa”, permitieron un resurgimiento y fortalecimiento de las “memorias militares” en general.

Además de las cuentas de la organización, Villarruel participó como su vocera en programas de televisión como “Intratables” (América TV), “A fuego lento” (Canal 26), “Haciendo foco” (CN23) y en el noticiero de A24; durante los años 2017 y 2018. También, tiene un perfil en Facebook y escribió notas de opinión en Infobae, como la que utilizo como fuente para el presente trabajo.

En el mismo sentido, la organización suele armar charlas y reuniones en distintos lugares del país, en donde difunden sus investigaciones y su pensamiento. Por ejemplo, el CELTYV junto con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA) realizó una conferencia en la que debatieron acerca del fallo de la Cámara Federal de Rosario sobre el caso Larrabure, anteriormente mencionado (CELTYV, 7 de noviembre de 2018).

Otro punto importante del trabajo de la organización es la producción de libros y contenidos audiovisuales. De esta forma se trata de darle un perfil serio a sus investigaciones y presentar un relato verosímil, que pueda llegar a disputar la “verdad” a las organizaciones de DDHH. Bajo su sello han editado cinco libros: “Los llaman… ‘jóvenes idealistas’”, escrito por Victoria Villarruel; “Los otros muertos”, escrito por Victoria Villarruel y Carlos Manfroni; “El terrorismo como crimen de lesa humanidad”, compilado por Emilio Cárdenas, Carlos Manfroni y Javier Leguizamón; “Amar al enemigo”, escrito por Javier Leguizamón; y “Un canto a la patria”, escrito por Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure.

Además de estas producciones, el CELTYV ha presentado en 2011 un DVD titulado “Proyecto Víctimas”. En este documental se compilaron información y entrevistas a familiares de “víctimas del terrorismo”, con el objetivo de darle visibilidad a sus historias y la consideración que ellos tienen acerca de las organizaciones armadas. Sumado a esto, editaron un CD del cantautor de folklore Carlos Longoni, titulado “Ecos del olvido”. En el podemos encontrar canciones como: “Acá no se rinde nadie” (dedicado a los soldados del regimiento de Formosa), “Las plegarias de Larrabure”, “Las lágrimas del General” (dedicado a José Ignacio Rucci) y “Cátedra de estrellas” (dedicado al profesor Jordán Genta).

Esta profusa actividad, también está acompañada por un acto simbólico que adquirió gran importancia para la organización: la realización de misas mensuales ofrecidas a las “víctimas del terrorismo”. Esta idea no es nueva entre este tipo de organizaciones: FAMUS, durante la década de los 80’ organizaba misas mensuales “que contaban con la presencia de oficiales y suboficiales, en retiro y actividad -muchos de ellos acusados de violaciones a los Derechos Humanos- y de civiles” (Salvi, 2009: 106). Esto guarda relación con la religión que profesaban la mayoría de los muertos por acciones guerrilleras (es decir, la católica), y por la estrecha vinculación de la última dictadura con las jerarquías eclesiásticas. Esto se suma a la consideración de los militares, quienes sostenían que los valores cristianos eran parte constitutiva del “ser argentino”, lo cual era atacado por la “subversión”.

La iniciativa de las misas mensuales adquirió carácter oficial para el CELTYV recién a partir del 2018, cuando el obispado castrense argentino decidió responder a un pedido realizado por Villarruel. La primera misa se realizó el 26 de agosto, la segunda el 30 de septiembre, la tercera el 28 de octubre y la cuarta el 25 de noviembre. Estos eventos tienen lugar en la capilla San Lucas, perteneciente al obispado castrense, ubicada en Combate de los Pozos 2073, CABA. En referencia a la importancia de estas misas, Villarruel afirma:

Para las víctimas del terrorismo es sumamente importante que alguien de la jerarquía eclesial las escuche y pida por ellas en la Santa Misa. Son muchos años, décadas de olvido, y esta Misa, por humilde que pueda parecerle a varios, es un gran paso, que esperamos siga creciendo y siga ahondando en el conocimiento de esta deuda del pueblo argentino para con estos inocentes (Religión en libertad, 06/10/2018).

Además de representar una primera respuesta por parte de una organización muy importante en la sociedad argentina, como es la Iglesia Católica, estas celebraciones religiosas buscan reforzar la idea general de que durante los setenta se desarrolló una guerra en la cual las organizaciones armadas cometieron delitos de lesa humanidad. Pero también sirven para reforzar la idea de que las FF AA respondieron a una agresión que no buscaron, evocando la figura despolitizada de las “víctimas del terrorismo”, construida por el mismo CELTYV.

4. La fundamentación jurídica

Como podemos ver, la idea central que recorre la memoria del CELTYV (y de las “memorias militares” en general), es que existió un conflicto armado durante la década de los setenta. Este conflicto, en general recibió distintos nombres, dependiendo de la etapa en donde nos ubiquemos: “guerra sucia”, “guerra antisubversiva”, “guerra no convencional” o “guerra fratricida”. Pero esta organización intenta revertir el peso de la culpa, y colocar a las guerrillas como causantes de crímenes de lesa humanidad. Esta posición les permite construir una imagen propia de verdaderos defensores de los derechos humanos, especialmente de aquellos que el Estado olvidó durante estos años de democracia.

Es alrededor del caso Larrabure donde la organización comienza a entretejer la teoría jurídica mediante la que discute con los organismos de DDHH, la justicia y el propio Estado argentino. Villarruel es clara cuando señala que: “(...) el Estado estaba más preocupado en garantizar la impunidad de los asesinos que en otorgarle justicia a su reclamo” (Infobae, 24/03/2018). Este caso emblemático le permite exponer lo central de su consideración: el “terrorismo” es, según la autora, un crimen de lesa humanidad. Es por esto que denomina a las organizaciones armadas como “organizaciones terroristas”. No es una mera cuestión retórica, sino que le permite expresar su posición política-jurídica.

A continuación voy a retomar los argumentos que utiliza Villarruel para sostener su teoría. En primer lugar, ella afirma que el Estado ha sentado jurisprudencia sobre delitos de lesa humanidad que solo aplican si el victimario es el propio Estado. Sin embargo, siempre según lo puntualizado por Villarruel, las organizaciones terroristas también son susceptibles de ser acusadas de cometer este tipo de crímenes. Por lo tanto, el Estado argentino habría realizado una interpretación forzada de la ley internacional, con el objetivo de dejar intencionalmente “fuera de peligro” a las organizaciones armadas.

En segundo lugar, y teniendo en cuenta lo ocurrido en el mencionado caso Larrabure, la autora sostiene que para la década del 70’ deben aplicarse las convenciones de Ginebra, porque son estas las que “consagran el derecho internacional humanitario” (Infobae, 24/03/2018). Las convenciones de Ginebra son los tratados que regulan la protección de las víctimas de los conflictos armados, y son ampliamente aceptados por la mayoría de los países del mundo. El Derecho Internacional Humanitario deriva de ellas y establece dos categorías que deben ser respetadas en caso de desarrollarse una guerra: los civiles y los no combatientes. Los civiles son aquellos que no participan directamente en las hostilidades, e incluye al personal médico⁴ y a los capellanes militares. Los no combatiente son aquellos que, siendo miembros de alguna fuerza armada, están “fuera de combate”, ya sea por estar heridos, enfermos o prisioneros (Convención de Ginebra, consultada en página web del Comité Internacional de la Cruz Roja). La apelación insistente a la vigencia ininterrumpida de estos derechos, le sirve a Villarruel para argumentar que aquellos afectados por las acciones guerrilleras entraban en las categorías de “civiles y no combatientes”. Esto es esencial, porque da el pie para sostener su acusación de que estas organizaciones armadas cometieron crímenes de lesa humanidad al incumplir con estas convenciones. De esta forma, la victimización construida a través de los relatos y las caracterizaciones explicitadas en el primer apartado, encuentran un nuevo fundamento que permite completar el ciclo de la despolitización.

El Derecho Internacional Humanitario se convierte así en el “as” de la argumentación del CELTYV. Su presidenta se encarga de señalar que estas convenciones fueron “intencionadamente ocultadas a la opinión pública” (Infobae, 24/03/2018), dando cuenta del carácter de “revelación” que toma en general el discurso de la “memoria completa”.

En tercer y último lugar, Villarruel se encarga de desprestigiar los argumentos de sus opositores, afirmando que son más políticos que jurídicos y no tienen una fundamentación adecuada. Ella afirma que según la Cruz Roja un conflicto armado se define por la intensidad de los combates y la organización de los contendientes. Estos dos requisitos se cumplirían para el caso argentino y, por lo tanto, cabría decir que esos ataques tuvieron como resultado crímenes de lesa humanidad.

En contraposición, los argumentos jurídicos que rechazan estas concepciones pueden encontrarse en el fallo de la Cámara Federal de Rosario acerca del ya mencionado caso Larrabure. La declaración sostiene que:

No se ha acreditado que el hecho tratado fuera cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil en el marco de una política de Estado o de una organización con apoyo estatal, extremos que es crucial probar, por tratarse de elementos de contexto descriptos en el encabezado o preámbulo del art. 7 del Estatuto de Roma, que establecen las condiciones que debe reunir la comisión de alguno de los delitos que se enumeran en el artículo para constituir un crimen lesa humanidad (Página 12, 01/09/2018).

Además, sostuvieron que “en el plano internacional no parece que exista consenso para considerar a un objetivo militar comprendido en el elemento ‘población civil’” (Página 12, 01/09/2018). Asimismo, afirman que la causa en cuestión fue sobreseída “provisionalmente” en 1977, y que por lo tanto, ya prescribió.

A pesar de esto, Villarruel afirma que:

En Argentina, por razones políticas están en pugna dos sistemas, el derecho internacional de los derechos humanos, que se refieren solamente a los Estados y sus agentes, y el derecho internacional humanitario, cuyas normas obligan a todas las partes en un conflicto armado, sea internacional o interno (Infobae, 24/03/2018).

En resumen, esta consideración acerca de que el derecho internacional debe aplicarse al caso argentino, responde a una consideración que comparten todas las organizaciones de la “memoria militar”: durante la década de los setenta existió un conflicto armado que enfrentó a las Fuerzas Armadas con las organizaciones político-militares. El CELTYV termina haciendo de este punto el eje de su argumentación, lo que, sumado al sustento jurídico, le permite victimizar a aquellos que murieron en acciones realizadas por las organizaciones armadas y presentarse de esta manera como una verdadera organización defensora de los derechos humanos.

En relación con esto, cabe señalar que el discurso de la organización, tiene como objetivo final lograr una reconciliación basada en la igualdad de tratamiento para ambos bandos. Como señala Salvi: “A través de un uso corporativo de los padecimientos, el ejército institucionaliza un discurso de la victimización en el que todos los argentinos resultan hermanados en la evocación de los dolores comunes” (2009: 112). Es decir, se intenta construir la imagen de que todos los argentinos fueron víctimas de la violencia de los setenta. Es por esto que Villarruel afirma que:

Esperemos que Argentina, después de 35 años de democracia, decida finalmente que ha llegado a la madurez política para juzgar a los terroristas, terminar con la impunidad de la cual goza un sector y reconocer a los inocentes que ha ocultado en beneficio de un sector que ha mentido, lucrado e impedido que nuestra nación mire al futuro con igualdad para todos (Infobae, 24/03/2018).

Conclusión

A lo largo del presente trabajo, hemos observado cómo el CELTYV construyó una memoria propia acerca de lo sucedido durante los años setenta, y también de lo ocurrido en estos años de gobiernos democráticos, pero que se enmarca en concepciones que provienen de la “familia militar”. El eje principal de su discurso público lo constituye la defensa de los derechos humanos de aquellos que murieron por acciones guerrilleras, antes y durante la última dictadura militar. En este sentido, la organización pugna por “completar” la memoria de los organismos de DDHH, ya que ésta desconoce a esas víctimas.

Para cumplir con este objetivo, generar apoyo de la sociedad en general y llevar sus reclamos a la justicia, la organización ha optado por la victimización de los “muertos por la subversión”. En una operación que replica lo ocurrido con los desaparecidos durante la década de los ochenta, estas denominadas “víctimas del terrorismo” adquirieron ciertas características: se vieron recalcados sus valores morales, sus ocupaciones, su papel de buenos padres y esposos, en resumen, su calidad de “inocentes”. Además, se les otorgó la denominación jurídica de “civil” y “no combatiente”, basándose en lo establecido por las convenciones de Ginebra. Sumado a esto, la organización procedió a demonizar a las organizaciones armadas a través del relato pormenorizado de sus acciones, las cuales eran llevadas a cabo con “frialdad y maldad”. En suma, este relato concluyó con la despolitización de las “víctimas del terrorismo”. Este elemento, es decir la mencionada despolitización, es indispensable y se convierte en condición de posibilidad para que se los pueda denominar “víctimas”. En resumen, esta construcción les permite formular un relato factible, en el cual retoman las consignas de “verdad y justicia”, con el objetivo de delegar en las organizaciones armadas (y también en la militancia no armada, tan exaltada por la memoria del kirchnerismo) el uso indiscriminado de la violencia, al cual las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a responder.

A su vez, esta operación de construcción de las “víctimas del terrorismo” se ve acompañada y sustentada por la consideración que tiene el CELTYV sobre los años setenta. En esta línea, el punto central de la argumentación es que existió un conflicto armado en la Argentina de ese momento. De esta afirmación parte la idea de que en los juicios deben aplicarse las convenciones de Ginebra, las cuales consideran que el terrorismo es un crimen de lesa humanidad. De esta forma intentan revertir los argumentos de los organismos de DDHH, utilizando las mismas “armas” que estas utilizaron para lograr catalogar a los crímenes de la dictadura como terrorismo de Estado. Podemos ver como los pilares de la posición del CELTYV son la jurisprudencia internacional y la consideración de que existió una guerra en los setenta.

Esta última consideración es algo que atraviesa a la memoria de esta organización y al resto de las memorias castrenses. En este sentido, se sigue concibiendo la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna como algo necesario, ya que estaban en peligros los valores nacionales. También consideran que esta participación fue en realidad una respuesta a la agresión del “enemigo subversivo”, como mencioné anteriormente. Sin embargo, el CELTYV ciertamente rompe con las posiciones más fuertemente defensoras de los militares, ya que reconoce que la última dictadura cometió crímenes de lesa humanidad. Este es un aspecto muy interesante, ya que incluso puede ser asociado al discurso sostenido por Martín Balza en la primera parte de los 90’. Este militar, jefe del ejército durante los gobiernos menemistas, fue el primer miembro de la institución castrense que reconoció públicamente que se habían cometido crímenes durante el periodo dictatorial.

Finalmente, es importante resaltar que el discurso de la organización tiene como objetivo lograr una reconciliación basada en la igualdad de tratamiento en materia judicial para los bandos enfrentados. En efecto, al considerar que existió una guerra durante los setenta, el CELTYV busca que los mismos juicios que se realizaron a los mandos militares, se realicen sobre los militantes de las organizaciones político-militares. En última instancia, la idea que subyace a sus planteos es que todos los argentinos fueron víctimas de la violencia de la época, por lo tanto es mejor “reparar las heridas” y mirar hacia el futuro, olvidando el pasado.

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Notas